La semana pasada, en el momento en que se dio acceso a la carpeta investigativa de la polémica Operación Huracán a las defensas de los comuneros mapuche detenidos en el operativo, por primera vez el Ministerio Público habló de ellos como "víctimas".

Los comuneros, compartiendo esa tesis, incluso desde antes de ser sobreseídos el pasado viernes -cerca de cinco meses después de su detención el 23 de septiembre de 2017-, evaluaban tomar acciones legales por los antecedentes de un eventual montaje en las pruebas de mensajería e intervención de celulares que Carabineros entregó con la Ley de Inteligencia.

Es por eso que la defensa de tres de los comuneros -Jaime y Rodrigo Huenchullán Cayul, además de Fidel Tranamil Nahue- presentó ayer por la mañana una querella por obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y presuntos delitos informáticos en el marco de la falsificación de pruebas en la Operación Huracán.

La querella está dirigida en contra de los funcionarios de Carabineros de Chile Patricio Alejandro Marín Lazo, Marvin Allan Marín Maluenda, Marcos Rodrigo Sanhueza Córdova, Héctor Raul Olave Venegas, Manuel Antonio Riquelme Mardones y Leonardo Marcelo Osses Sandoval. Además, se incluye en el recurso al ingeniero Alex Smith Leay, el creador de la aplicación "Antorcha" que habría permitido intervenir los celulares de los imputados y capturar sus mensajes.

(Acá puedes ver la querella).

Querella Por Obstruccion a La Investigacion by el desconciertocl on Scribd

"En visto de que existe una investigación al respecto de un tema de confrontación entre Carabineros y el Ministerio Público por este caso, es que nosotros como representantes de terceros y víctimas queremos estar presentes en esa investigación, conocer los antecedentes y poder en definitiva controlar lo que ahí suceda, para que no se genere una impunidad", asegura en conversación con El Desconcierto la abogada de los tres comuneros, Karina Riquelme.

Además agrega: "Más allá de la gran farándula que se ha generado con todo esto, nosotros queremos que esto no quede en un par de noticias, sino que se encuentren responsabilidades de quiénes manipularon o no las pruebas".

—Durante la audiencia del viernes usted señaló que, viendo los informes de inteligencia emitidos en la causa, no se identificaba a Rodrigo Huenchullán y además se tachaban algunos nombres.
—Eso fue bastante sorprendente, porque yo asumí la causa el día martes, tuve tres días para estudiar todos los antecedentes y rápidamente me di cuenta de que no existían antecedentes en contra de mi representado. De alguna manera él aparece en la investigación, pero sin ninguna corroboración ni del número de teléfono ni de por qué lo vinculan. Aparece en seis líneas de la primera parte de la carpeta y ese pequeño antecedente que sirvió al Ministerio Público para formalizar. Ahora, no es algo que suceda ahora no más. Esto ha pasado por muchos años, pero nunca se había producido este revuelo. Muchos mapuche han sufrido la manipulación de pruebas y la criminalización, pero por primera vez se está develando algo que demuestra la criminalización que ha existido respecto de la protesta social del pueblo mapuche.

—Si bien en este caso se pusieron en duda las pruebas de Carabineros, en otros casos como Luchsinger Mackay se cuestionaron las pruebas de la Fiscalía. ¿Cómo ha visto el rol de esa institución en este caso?
—Yo creo que la Fiscalía es absolutamente responsable de todo lo que está pasando. Si es que hubiera tenido un rol objetivo, cuando recibió la información de inteligencia habría dicho que se debía investigar efectivamente si los teléfonos eran de las personas que se involucraba, si los antecedentes eran corroborables, y no hacerlo recién cuando la ANI presenta un informe en contra de los fiscales. Ahí fue recién cuando decidieron investigar para comprobar que esos informes eran falsos. Los mapuche habían dicho eso mismo meses atrás y no se había hecho absolutamente nada.

—¿Por qué cree que se dio esa diferencia?
—Es que esto da cuenta de que existen para ellos personas de primera y segunda clase. Yo me pregunto: "¿Y qué pasa con los mensajes de WhatsApp en otras investigaciones donde están involucrados políticos y grandes empresarios? ¿En esos casos no existe inteligencia?". Nunca hemos escuchado esas intercepciones para otro tipo de imputados. Todo eso queda en impunidad. Los mismos fiscales piden sobreseimiento para las causas donde se investiga corrupción, ¿por qué no ponemos ahí los grupos de WhatsApp y se aplica solo a mapuche y personas pobres?

—Respecto a esta intervención de mensajes, ¿qué le han parecido las declaraciones del creador de "Antorcha", el ingeniero Álex Smith?
—Da lo mismo si sirve o no la aplicación "Antorcha" de Smith. Aquí no se está diciendo que este programa haya servido o no para descargar mensajes, lo que se dice es que esos mensajes son falsos, manipulables. Eso queremos descubrir. Lo que diga Álex Smith la verdad no nos interesa. Lo que nosotros decimos es que esos datos están adulterados. Aunque hubiese servido su programa, alguien se metió en él y cambió los mensajes, porque el contenido es falso.

—Aun así, llama la atención que la versión de Smith ha cambiado desde que declarara ante la Fiscalía.
—Por supuesto, en todas las declaraciones que ha dado se ha contradicho de una manera impresionante. Pero si la prensa le está dando ese respaldo, si Emilio Sutherland le hace una gran entrevista... me gustaría que él hubiese venido acá a preguntarle a los comuneros mapuche cuántas veces los han encarcelado o les han disparado por la espalda o haber hablado con sus familias. Ojalá la prensa se preocupara de ese tipo de cosas y no se centrara en una persona donde el que sirva o no sirva su programa no es la discusión. No sé por qué le dan tanta importancia a lo que pudiera decir.

—En términos políticos, ¿qué te parece la labor del Ministerio del Interior? Presentó un recurso de queja.
—Es impresentable la labor del Ministerio del Interior, da cuenta de una labor política y no jurídica. No es posible realizar un recurso de queja sobre una resolución apelable, eso es jurídicamente imposible. Ellos llevan semanas presentando cosas que no son jurídicamente posibles, solo para dar señales políticas y darle a entender a la comunidad que ellos están realizando su trabajo. Ellos se querellan cuando existen delitos que afectan a ciertos grupos, pero cuando un mapuche es víctima no se querellan, no les parece grave que se mueran mapuches o que le disparen a un niño como Brandon (Hernández). ¿No debería estar el Estado persiguiendo también ese tipo de delitos? No, está solamente cuando se queman camiones o se roba madera. La finalidad hoy día del gobierno y su administración es desmovilizar al pueblo mapuche.