"El hecho de haber participado en el gobierno militar no significa ningún pecado", dijo en el debate de la Asociación Nacional de Prensa el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera. Sin embargo, luego agregó que "el haber tenido poder y haber podido evitar atropellos a los derechos humanos, para mí, sin duda, constituye un reproche moral".

Después del anuncio de este martes del nuevo gabinete ministerial, empezaron a hacerse públicos y a recordarse una serie de características de las y los nuevos ministros, ya sea por sus vínculos con empresas, sus conflictos de interés y, también, por sus vínculos lejanos o cercanos con la dictadura.

Algunos nombres se repitieron del primer gobierno de Piñera. Uno fue el de Andrés Chadwick en Interior, quien fue uno de los 77 jóvenes del recordado acto del Cerro Chacarillas y de quien existen diversos testimonios de cómo golpeaba a opositores a la dictadura dentro de la UC cuando ejercía como presidente de la Federación de Estudiantes (Feuc) designado por el régimen.

Otro fue el de Juan Andrés Fontaine, que durante el primer gobierno de Piñera estuvo en el Ministerio de Economía y ahora llegó a Obras Públicas. El economista es hijo de Arturo Fontaine Aldunate, director de El Mercurio durante los años 1978 y 1982 y también embajador de Chile en Argentina durante la dictadura entre 1984 y 1988. Juan Andrés, por su parte, fue colaborador del ex ministro del Trabajo José Piñera en la revista Economía y Sociedad y colaboró con su posterior campaña presidencial de 1993. También trabajó por la campaña presidencial de otro ex ministro de la dictadura, Hernán Büchi, quien en 1989 fue la candidatura de continuidad de la derecha tras el triunfo del No.

Por primera vez en La Moneda, pero también en el sector con vínculos con la dictadura se encuentra Marcela Cubillos Sigall, quien desde marzo dirigirá la cartera de Medio Ambiente. Emblemática ex diputada de la UDI, la abogada es hija de Hernán Cubillos, el primer civil en asumir como ministro de Relaciones Exteriores durante el régimen de Pinochet entre los años 1978 y 1980. Oficial de marina, Cubillos integró el grupo de civiles que apoyó el Golpe junto con Agustín Edwards y Jaime Guzmán, y de hecho participó en la fundación de la "Cofradía Náutica del Pacífico Austral", un núcleo importante que inició los intentos golpistas y en el que también participaron José Toribio Merino, Patricio Carvajal y Roberto Kelly. 

Sin embargo, también hay nombres inéditos del nuevo gabinete de Piñera que llamaron la atención.

El más evidente es el del senador y ex presidente de la UDI Hernán Larraín, quien fue un férreo defensor de Pinochet y viajó constantemente a visitarlo cuando estuvo detenido en Londres. "Los pueblos, por lo general, son poco agradecidos con quienes colaboran en su desarrollo en vida de sus protagonistas. Más bien la crítica y la descalificación, cuando no la envidia, dan cuenta de nuestra pequeñez e incapacidad para tributar en forma oportuna un justo reconocimiento (…) Nuevamente usted, al liderar el proceso, mostró la calidad de estadista que pocos chilenos han podido exhibir a lo largo del siglo que expira", le escribió a través de una carta en 1995.

El nombramiento de Larraín en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también fue criticado por su vínculo con Colonia Dignidad, ya que fue uno de los fundadores del Grupo de Amigos del enclave alemán, existen testimonios de que incluso intervino en huelgas de los colonos a favor de Paul Schäfer y fue opositor a la intervención policial de ese lugar.

Larraín ha cambiado de opinión respecto a estos temas, admitiendo que el régimen de Pinochet fue una dictadura y valorando la detención de Schäfer. Sin embargo, en conversación con El Desconcierto, la presidenta de la Agrupación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Margarita Romero, aseguró: "Han sido juegos de palabras. Esa actitud no estuvo en los inicios. Hoy es la oportunidad de que lo haga. Si él realmente condena esos crímenes, tiene que hacer lo posible para seguir avanzando en conocer la verdad sobre ellos. Este es el momento justo de que no sean solo palabras, como fue hace algunos años".

Caravana de la Muerte

Uno de los nuevos ministros que tiene vínculos familiares con los abusos de la dictadura es el de Salud, Emilio Santelices Cuevas. El médico, que trabajó en el Hospital de la Fuerza Aérea entre 1983 y 2007, es hermano de Gonzalo Santelices Cuevas, quien está involucrado en uno de los casos de violaciones a los Derechos Humanos más emblemáticos de la dictadura: la Caravana de la Muerte.

Tal como relata un reportaje de La Nación -y como consta en el Libro de Novedades de la Guardia Armada de Gendarmería-, el 18 de octubre de 1973 Gonzalo Santelices Cuevas fue uno de los dos oficiales que ordenaron a sus subalternos a subir a 14 prisioneros políticos de la cárcel de Antofagasta a los camiones que los llevarían a su muerte. El destape de estos hechos lo obligó a renunciar al Ejército.

El mismo Gonzalo Santelices había declarado ante la justicia: "Los formamos en línea frente a los camiones, que tenían las luces encendidas. Vi que estaba Fernández Larios. Enseguida se sintieron miles de disparos". Tras recoger los cadáveres masacrados, los cargaron en los mismos camiones. "Los llevamos a la morgue, donde nos estaban esperando", agregó.

En el proceso hubo diversas declaraciones que hablaban a Santelices, como la del suboficial en retiro Rigoberto Figueroa, quien señaló al relatar el episodio: "Reconocí a los alférez de ese tiempo, entre los que sólo recuerdo a Gonzalo Santelices Cuevas porque era uno de los que más gritaba en contra de los comunistas".

"Yo sostengo que Santelices intervino en la muerte de las personas que fueron llevadas a la Quebrada del Way", agregó Figueroa.

La defensa de Santelices argumentó que su defendido no participó ni de la planificación ni de la muerte de las víctimas, sino que solo en su traslado bajo órdenes.

En primera instancia, se acogió esta solicitud. "No puede considerarse su actuación como cooperación dolosa para la ejecución del delito, ya que no hay elementos de convicción que permitan establecer que el acusado sabía cuáles eran los designios u objetivos injustos de los autores, dolo que también es exigible tratándose de la complicidad que consagra el Art. 16 del Código Penal", señala el fallo.

Luego, en 2015, esta determinación sería confirmada por la Corte Suprema.