El miércoles recién pasado, la Fiscalía de Puerto Montt inició una investigación por el caso de adopciones irregulares de diez niños y niñas de Haití, que habrían sido supuestamente adoptados por un carabinero en retiro y su pareja, quienes participaron en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en ese país. Pero junto con esta situación además se hizo público que esta pareja (compuesta por Fabiana Jiménez y Alex Errickson) habrían creado la Fundación “Yo te cuidaré”, abocada a la solidaridad con Haití, la que contó con una activa gestión en la recaudación de fondos a través de redes sociales.

Los casos de adopciones irregulares de niños y niñas en países que enfrentan crisis políticas y económicas, han sido recurrentes a lo largo de la historia reciente en América Latina y el Caribe. Esto trae a la memoria el rol de fundaciones y agentes particulares que (amparados en redes de “solidaridad”) han desarrollado actividades lucrativas en torno a la infancia pobre, vulnerando derechos humanos fundamentales de los niños y sus familias, en un marco de impunidad propiciado por las desigualdades sociales y condiciones asimétricas de acceso a la justicia.

En los últimos años se han publicado diversas investigaciones periodísticas acerca de casos de adopciones irregulares desarrollados durante la dictadura militar en Chile. La más reciente del periodista Alejandro Vega de Chilevisión da cuenta del rol del “Centro de Adopción Sueco” que operó en Chile durante más de dos décadas y que se sostenía en base a una poderosa red que permitía la salida de niños y niñas fuera del país, con el objetivo de ser adoptados en el extranjero. La proliferación de Fundaciones en torno a la infancia pobre y su instalación bajo la dictadura militar, fue posible debido principalmente al retroceso de las políticas sociales y la conformación de un Estado Subsidiario, que da inicio de este modo, al “lucrativo negocio” del cuidado de la infancia pobre en manos de privados.

Las adopciones internacionales se posibilitaron bajo la dictadura militar chilena por la vigencia de la normativa de “legitimación adoptiva” que permitía “borrar los orígenes” de las familias biológicas de los niños/as adoptados, generando con ello una “ruptura limpia” con los padres, constituyéndose en procesos irreversibles.

Entre 1973 y 1987 se registraron un total de 26.611 adopciones (datos aportados vía Ley de Transparencia por el Servicio de Registro Civil e Identificación). No existe información ni cifras oficiales de adopciones de niños/as chilenos enviados al extranjero. Ello producto de la falta de regulación en torno al tema y de los mecanismos y prácticas amparadas en el “secretismo” e impunidad del momento. Frente a la presión nacional e internacional en esta materia, es que desde 1988 se estableció una nueva normativa (la ley 18.703) que posibilita la salida de niños/as fuera del país, a partir de una autorización judicial, lo que ha implicado desde entonces diversas reformas a la ley que han buscado regularizar las adopciones, siendo la más reciente del año 2013.

La información sobre la investigación en curso en la Región de Los Lagos, nos trae a la memoria estas prácticas de abuso de poder sobre las familias pobres y el entramado cívico-militar (que al amparo de un “espíritu salvacionista”), les niega la posibilidad de crianza, a quienes, en particular en estos contextos de crisis, son los más desprovistos de justicia. Lo señalado, ha implicado en la mayoría de los casos conocidos públicamente, el ejercicio de violencia de género contra mujeres que son madres, pobres y adolescentes.

El gobierno anunció querella en el caso descrito y el Sename se ha hecho presente en el desarrollo de la investigación. Sería de igual modo importante que la institución del Estado se haga parte en investigar las diversas denuncias existentes en los hechos ocurridos bajo la dictadura militar, que involucran a la fecha un número no menor de niños (hoy adultos) que fueron violentamente desvinculados de su entorno familiar, a través de adopciones irregulares e internacionales. Existe en esto una deuda del Estado, como tantas otras pendientes, en materia de justicia y de reparación en torno a las violaciones a los derechos humanos.