Luego del triunfo electoral de Sebastián Piñera, se ha difundido la vuelta del Dakar en Chile como una medida para el desarrollo del deporte de nuestro país. Sin embargo, no solo esta medida está lejos de ser un aporte real al desarrollo deportivo en Chile, sino que además conlleva una serie de consecuencias colaterales que vale la pena considerar. Para entender esto, se vuelve fundamental traer a la memoria algunos datos concretos sobre el impacto social y económico del Dakar.

En primer lugar, esta competencia es organizada por la empresa privada AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO), con el patrocinio del Estado chileno, a través del Instituto Nacional de Deportes (IND). Durante sus siete años de funcionamiento (entre 2009 y 2015) el Estado chileno ha desembolsado 38,5 millones de dólares para la ejecución de la competencia, dinero que no ha tenido repercusiones positivas en la imagen de Chile ni en el desarrollo concreto del deporte nacional, sino que únicamente de los competidores y de la ASO. De haber invertido dichos recursos en infraestructura y preparación en deportistas, quizás hoy, tendríamos mejores resultados en políticas de salud pública asociadas al deporte o en el desarrollo de deportistas de alto rendimiento.

Por otro lado, durante los seis años en los que se realizó el Dakar se reportó la destrucción directa y sistemática de al menos 250 sitios arqueológicos, dentro de los cuales se encuentra geoglifos, talleres líticos, huellas troperas, restos de salitreras, entre otros. Antes de toda discusión moralista sobre el valor patrimonial de estas pérdidas, no es posible tolerar que el Estado de Chile financie y promueva actividades que violan nuestra legislación y normativas permitiendo impunemente que empresas privadas destruyan sitios arqueológicos, que por ley 17.288 el mismo Estado está obligado a proteger.

Adicionalmente, Chile deja de cumplir con los convenios internacionales sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (UNESCO, 1968) y el Convenio N°169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, ya que la competencia daña gravemente, y de forma irreversible, el medio ambiente natural y cultural de los pueblos Colla, Atacameño y Aymara. Frente a esto, el Estado no solo no ha perseguido la responsabilidad penal de los autores de estos hechos, sino que se ha hecho parte de ella. Aunque nuestro patrimonio cultural y del desierto no es el Coliseo, como comentó el año 2015 el motociclista italiano Matteo Casuccio, después de haber sido detenido por cometer daños al patrimonio arqueológico, es el reflejo de nuestra historia e identidad que no podemos permitir vuelva a ser destruida por el placer de unos pocos.

Estos hechos muestran que la oposición ante la vuelta al Dakar se vuelve social y económicamente importante a la hora de exigir al Estado medidas concretas y reales de incentivo al deporte nacional que sean congruentes con su rol de protección arqueológica y ambiental. Invitamos a las autoridades del futuro gobierno a no cometer los errores del pasado y que juntos construyamos un Chile sustentable.