A través de un dictamen, la Contraloría desechó la idea del Gobierno que permitiría a las empresas telefónicas almacenar las comunicaciones de sus clientes durante dos años.

La norma, impulsada por el subsecretario Mahmud Aleuy, buscaba obligar a los prestadores a conservar los datos de llamadas, correos, mensajes de textos y Whatsapp para poner dicha información a disposición de las entidades que lo necesitaran, una propuesta que sumó críticos y cuestionamientos de diversas organizaciones.

La respuesta de la Contraloría al respecto fue contundente: "Diversas disposiciones del señalado reglamento regulan materias propias de la ley (...) excediendo las normas del Código Procesal Penal que se invocan como fundamento o resultan aplicables", sentencia el dictamen firmado por el contralor Jorge Bermúdez.

En sus 17 artículos, el decreto aumentaba en un año las facultades de las empresas para almacenar los datos de sus clientes, obligándolos a conservar sus direcciones IP y datos como SMS y MMS, además de los mensajes que éstos envíen a través de diversas aplicaciones de internet.

La información estaría disponible para cualquier institución facultada para requerirla, sin que fuera necesaria una autorización judicial. En agosto pasando, cuando el texto fue presentado, Aleuy lo defendió asegurando que "es plenamente coherente con la Política Nacional de Ciberseguridad y con la suscripción de Chile al convenio de Budapest".

Las organizaciones celebraron el rechazo del decreto: "Tal como lo dijimos los limites a los derechos fundamentales no pueden discutirse a puertas cerradas, ni menos usando términos vagos e indeterminados", consignaron en el Twitter de la ONG Datos Protegidos, mientras que Pablo Viollier, de Derechos Digitales, aseguró a La Segunda que "la idea misma de la retención de comunicaciones es una mala política pública".

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