Es vox populi que la institucionalidad ambiental chilena carece de transparencia y no tiene legitimidad social, al encontrarse bajo la tutela de los ministerios de Economía y de Hacienda, en representación de los intereses de inversionistas y del empresariado extractivista-exportador. Así lo demuestra la decisión del Consejo de Ministros de la Sustentabilidad (sic), presidida por el acomodaticio ministro del Medio Ambiente Marcelo Mena, el cual dentro del actual proceso de creación de la Red de Parques Nacionales de la Patagonia, excluyó de la protección ambiental a los espacios marinos adyacentes a la Reserva Nacional Alacalufe en la Región de Magallanes.

Este vasto y prístino territorio acuático hace 6.000 años es la base material de la identidad del pueblo nómade y canoero kawesqar, el cual tiene una cosmovisión, cultura, lengua, conocimientos y tradiciones únicas basada en una estrecha relación con el mar y su biodiversidad.

El 15 de marzo del 2017 se firmó el acta del protocolo de acuerdo entre la presidenta de la República Michelle Bachelet y las fundaciones de la familia de Douglas Tompkins, lo cual formalizó el traspaso al Estado chileno de 407.625 hectáreas y la entrega de 949.000 hectáreas de tierras fiscales para la creación de una red de ocho parques nacionales en las regiones patagónicas.

Sin embargo, el lobby de la mega industria salmonera logró que el denominado Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, liderado por los ex ministros de Economía, Felipe Céspedes, y de Hacienda, Rodrigo Valdés, se reuniera de manera extraordinaria el 10 de abril del 2017, con el sólo fin de excluir de la protección ambiental al mar circundante a la Reserva Nacional Alacalufe, la cual sería re-clasificada como parque nacional.

Esta decisión administrativa es ajena a las definiciones y estándares internacionales de conservación marina, ya que no posee fundamentos científicos y técnico alguno. Ello afectará la integridad de los esfuerzos de conservación al ignorar los complejos procesos y ciclos de la interfase marina-terrestre del futuro Parque Nacional Kawesqar. A su vez, viola convenios e instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos originarios, así como la legislación nacional relacionada con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad marina, el respeto del hábitat y el derecho de uso ancestral del mar de los pueblos originarios, y la prohibición de establecer cultivos industriales de salmónidos en las aguas circundantes a los parques nacionales.

Importante es destacar que esta Red de Parques Nacionales de propiedad fiscal, cuya creación aún está pendiente, protegerá una superficie de 4,5 millones de hectáreas terrestres -equivalente al territorio de Suiza-, con la mayor biodiversidad del país, abarcando una longitud de 2.000 kilómetros entre Puerto Montt, Región de Los Lagos, y el Cabo de Hornos, Región de Magallanes y Antártica chilena.

The Salmón Connection

La razón de esta autoritaria y centralista intervención gubernamental, la cual condicionó la consulta indígena realizada por el Estado chileno al pueblo kawesqar, realizada bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es dejar disponible el mar y los canales interiores de la Región de Magallanes para la expansión territorial y productiva de los monocultivos industriales de salmones y truchas, cuyas cosechas se destinan en un 98% a la exportación.

Dentro de los ocho parques nacionales que serán creados, esta medida de exclusión administrativa del mar sólo afecta al territorio del pueblo kawesqar, lo cual llama a poner especial atención sobre el accionar de las redes de corrupción política, burocrática y empresarial existentes al interior del sistema ambiental chileno.

La subsecretaría de Pesca, organismo dependiente del ministerio de Economía, se encuentra en la actualidad tramitando 251 nuevas solicitudes de concesiones salmoneras en las prístinas aguas de Magallanes. Con ello se busca triplicar las actuales producciones regionales, que para el 2022 alcanzarán las 140.000 toneladas anuales, y para el 2030 proyecta contribuir sustancialmente a la meta de 1.2000.000 toneladas anuales de salmónidos a nivel nacional.

¿Creando un Macondo Ambiental Patagónico?

De imponerse la poco estética medida del Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, se daría paso a una situación de “realismo mágico” en lo ambiental, ya que el nuevo Parque Nacional Kawasqar gozaría en su porción terrestre de la máxima categoría de protección ambiental, mientras que en sus aguas adyacentes marino-costeras, fluviales y estuarinas, tendría como vecinos a cientos de centros de cultivos industriales de salmónidos, los cuales basan sus producciones en especies carnívoras exóticas que cada cierto tiempo escapan al mar, y diariamente descargan al medio acuático toneladas de fecas de peces y de alimento no consumidos, junto a residuos químicos, tales como antibióticos, antiparasitarios, antifúngicos y pinturas antifouling.

Mar para el pueblo kawesqar

La decisión política tomada por los ministros de Medio Ambiente, Economía y Hacienda, entre otros, junto con evidenciar la opacidad y discrecionalidad del sistema ambiental chileno, oculta una vergonzosa realidad: el racismo ambiental e histórico genocidio y asimilación cultural del pueblo kawesqar continúa siendo una política de Estado en pleno siglo XXI, al amenazar esta vez los derechos de acceso y uso ancestral del maritorio kawesqar,- base material de su identidad cultural en lo relativo a saberes y prácticas consuetudinarias y espirituales, junto a las actividades de subsistencia de pesca, caza y recolección, para dejarlos a merced de la expansión salvaje de la industria salmonera, tal como en el siglo 19 ocurriera con la violenta expansión territorial de cazadores, mineros y estancieros ganaderos.

Esto será una nueva ironía del sistema ambiental chileno, ya que un mutilado parque nacional austral llevará como una lápida el nombre del último pueblo canoeros del sur del mundo, sobreviviente de un continuo proceso de exterminio y asimilación cultural.  De no detenerse la medida de los ex -ministros Céspedes y Valdés, seremos testigos de la paradoja que este pueblo de navegantes milenarios, no dispondrá de territorio marino protegidos en el Parque Nacional que llevará su nombre .

Consulta kawesqar: Por la reparación histórica y contra la invisibilización y asimilación del Estado chileno

Entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre se efectúo la consulta entre el Estado chileno y 11 comunidades del pueblo kawesqar con el objetivo de discutir la reclasificación y ampliación de la Reserva Forestal Alacalufes, antes de ser declarado parque nacional. Las comunidades respaldaron la creación de la Red de Parques Nacionales de la Patagonia, bajo las perspectivas de conservación, uso sostenible y reparación histórica, señalando que no permitirían que el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad invisibilize, omita y silencie sus derechos ancestrales y demandas.

Esta posición quedó registrada en 12 puntos, donde se rechazó la exclusión de las aguas marinas de la protección ambiental, por lo cual exigieron que el Estado otorgue a las aguas fluviales, estuarinas, lacustres, y marinas interiores y exteriores la categoría de Areas Marinas Protegidas de Múltiples Usos (AMP-MU), lo que permitiría las actividades de pesca, caza y recolección de pequeña escala, así como actividades de educación, información y turismo de base comunitaria.

La solicitud de protección de las aguas adyacentes al futuro Parque Nacional Kawesqar, equivale a un pequeño porcentaje de la recién establecida AMP-MU de Rapa-Nui, la que posee una superficie de 720.000 kilómetros cuadrados, razón por la cual las comunidades exigen un trato justo, coherente e igualitario.

Además, se exigió el cambio de nombre de la propuesta gubernamental de “Parque Nacional Alacalufes”, por ser ésta una denominación peyorativa utilizada desde el siglo XVI por exploradores, cazadores, estancieros, y finalmente el Estado chileno, para referirse al pueblo nómade canoero.

Derechos territoriales y administración conjunta

De forma complementaria, el pueblo kawesqar demandó la co-administración del futuro Parque Nacional, proponiéndo la creación de un Consejo Indígena Kawesqar consultivo y resolutivo que funcione de manera permanente.

A su vez, se exigió el participar en el Plan de Manejo del Parque Nacional Kawesqar, donde en el AMP-MU se permitirían actividades de pesca, buceo, caza de subsistencia y recolección de pequeña escala, mientras que no serían aceptadas cultivos marinos industriales de gran escala basadas en especies carnívoras exóticas, la pesca con artes y aparejos no selectivos, el turismo masivo, minería y actividades de prospección de hidrocarburos y minería submarina.

La disyuntiva presidencial

Al finalizar la consulta al pueblo kawesqar, el Ministerio de Bienes Nacionales acordó elevar dichas peticiones a los distintos ministerios competentes y a la presidenta de la República Michelle Bachelet. Con ello se evidencia la disfuncionalidad del Consejo de Ministros de la Sustentabilidad frente a las nuevas realidades políticas, culturales y sociales, al tener que optar el Estado chileno por el modelo del emperador romano de “pulgar arriba, o pulgar abajo” con respecto a las decisiones del sistema ambiental. Esto es un “deja vu” con respecto al reciente rechazo (temporal) del proyecto minero Dominga.

La presidenta Bachelet tiene en sus manos el rectificar la abusiva, discriminatoria y destructiva medida anti-conservación marina adoptada por el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad.

Si los kawesqar que han navegado entre el Golfo de Penas y la Península de Brecknok desde hace 5.800 años antes que se creara el Estado chileno, su desaparición como cultura ancestral a manos de la burocracia centralista de Santiago, mediante la imposición de un sui generis parque nacional de características mediterráneas, inserto en los archipiélagos patagónicos, marcará la ruta de la extinción a la que irán uniendo ballenas, delfines y lobos marinos, junto a los  prístinos ecosistemas marinos patagónicos y antárticos.