El conflicto entre Cataluña y el Estado español se traspasó este jueves al ámbito económico. Los principales bancos catalanes tomaron medidas ante la situación de incertidumbre política que se precipitó en la región desde la celebración del referéndum del pasado 1 de octubre. Banco Sabadell y Caixabank, que esta semana lideraron las pérdidas del índice bursátil español, el Íbex 3, y que este miércoles sufrieron su mayor caída tras el Brexit.

El consejo de administración de Banco Sabadell aprobó este jueves en una reunión extraordinaria el traslado del domicilio social de la entidad a otra región española, la valenciana, concretamente a la ciudad de Alicante. El objetivo del cambio de sede social, según explicaron desde el banco, reside en proteger a la clientela y en garantizar la seguridad jurídica que proporciona el marco regulatorio del Banco Central Europeo (BCE).

Los servicios centrales de Banco Sabadell seguirán ubicados en Barcelona, por lo que el cambio de domicilio social constituye una acción prácticamente simbólica.

Banco Sabadell está presente en un total de 18 países a través de oficinas de representación, filiales y participadas, y dispone de más del 30 por ciento de su negocio fuera de España. Del total del negocio que tiene en España, en Cataluña acumula el 26 por ciento, mientras que del total de su negocio, sólo el 15 por ciento está en la región.

También el consejo de administración de Caixabank, la principal institución financiera de Cataluña y el segundo banco de España por volumen de activos, se reunirá este viernes para analizar la crisis política y la posibilidad de trasladar su domicilio social fuera de este territorio.

La entidad se acogería al decreto ley que el gobierno de España planteó aprobar este viernes para facilitar que las empresas que quieran trasladar su domicilio social puedan hacerlo sin necesidad de aprobarlo en la junta general de accionistas de la compañía.

El cambio de sede consiste en un simple trámite que se hace ante notario para modificar el domicilio oficial de la empresa, pero no implica un traslado de las oficinas centrales, no altera la permanencia en el BCE, ni tampoco implica una retirada de trabajadores u oficinas de Cataluña.

Ambas entidades catalanas sincronizaron esta decisión para minimizar el posible castigo de los clientes que podrían afectar sus depósitos.

"Evitar males mayores"

El presidente español, Mariano Rajoy, quien este viernes cerró las puertas a la negociación si a Generalitat no retira la unilateralidad, reclamó nuevamente este jueves al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que suprima "a la mayor brevedad posible" su proyecto de hacer una declaración unilateral de independencia, porque esa es "la mejor solución" y, además, "se evitarán males mayores".

“Haré lo que crea que deba de hacer, lo que crea que sea mejor para España y en el momento que me parezca más oportuno", aseveró con rotundidad. Y agregó: "Escucharé a todos, pero la decisión me corresponde a mí. Sé que no es fácil, pero también me correspondió en su día tomar otra que tampoco lo era".

El discurso de este viernes recordó al que el mandatario español también emitió el pasado 15 de septiembre cuando aseguró que se mantendría firme en la respuesta contra el referéndum de independencia del 1 de octubre: "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar", amenazó entonces.

Suspensión de un pleno parlamentario no convocado

En el ámbito judicial, el Tribunal Constitucional (TC) acordó este jueves suspender de forma cautelar el pleno del Parlamento catalán previsto para el próximo 9 de octubre, que preveía la comparecencia ante la Cámara del presidente independentista para abordar los resultados del referéndum del 1 de octubre.

En este pleno se contemplaba que Puigdemont explicara la votación del referéndum, pero existía la duda de si el mandatario catalán finalmente llevaría a cabo la declaración unilateral de independencia.

La medida del TC se produce en respuesta a la petición del Partido Socialista Catalán, que presentó un recurso de amparo en el que defiende que el acuerdo que tomó el Parlamento para fijar la comparecencia del presidente vulnera los derechos de los diputados de la Cámara catalana.