Todo comenzó cuando Juan Emilio Cheyre visitó las oficinas de la fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad junto con su abogado Jorge Bofill para pedir la revisión de los registros históricos del Archivo Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad para ver si había algún antecedente, queja o denuncia que relacionara al ex general de ejército en el periodo comprendido entre 1973 y 1990.

Este hecho es descrito en el reportaje de F. Velásquez y M. J. O’Shea y L. Ayala y cuenta cómo la petición de Cheyre generó un quiebre en el directorio de la fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.

El caso es inédito debido a que es la primera vez que un militar pide antecedentes sobre su participación en casos de derechos humanos. Esto tenía por intención construir la defensa jurídica del ex general para enfrentar las denuncias de varios testigos que lo acusan de ser cómplice de los homicidios ocurridos en 1973, mientras era teniente del Regimiento Arica, según consigna La Tercera.

Cabe recordar que el ministro Mario Carroza procesó a Cheyre por homicidio calificado reiterado. Mientras que la defensa del general en retiro argumenta que en ese momento él solo era un teniente en labores administrativas en los juicios marciales que se hicieron en el regimiento y que derivaron en los asesinatos.

El presidente del directorio, Javier Luis Egaña, proporcionó la autorización para el pedido del general (R), mientras que el resto del directorio de la fundación no fue consultado. Sin embargo, el hecho fue conocido con posterioridad y generó diversas reacciones.

De esta manera, los encargados de la documentación de la Vicaría de la Solidaridad buscaron el nombre del ex comandante en jefe en los archivos que contienen información sobre las víctimas de la dictadura militar.

El documento emitido por la Vicaría señala que “en nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ningún antecedente que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas”. Este documento era importante para la defensa de Cheyre puesto que es un certificado oficial de una organización emblemática de la defensa de los derechos humanos que señala que el general en retiro no está en los registros de la institución

No obstante, el nombre de Cheyre aparece en otros documentos que corresponden a fallos de los Consejos de Guerra en La Serena que ocurrieron en octubre de 1973. El error se pudo cometer porque los encargados del archivo buscaron en la base de datos ordinarios donde era poco probable que apareciera el nombre de Cheyre en los documentos. Mientras que en los archivos que resguardan las sentencias figura el nombre del ex comandante en jefe del Ejército.

El resto del directorio manifestó su molestia frente a este hecho y todo desembocó en la renuncia de la ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda.

La defensa de Cheyre señaló que el documento lo utilizarán en la defensa de la causa del general (R) ya que sería una “prueba de descargo” en favor del ex uniformado. En enero, el ministro Carroza dictará la sentencia en el caso donde Cheyre arriesga una pena efectiva de 10 años.