El pasado viernes, el ministro en visita Mario Carroza dictó una acusación en contra de 13 miembros del Ejército en retiro, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Rodrigo Andres Rojas de Negri y homicidio calificado en grado de frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia, ambos parte del "Caso Quemados", uno de los más emblemáticos de la dictadura.

En la resolución, Carroza sindicó en calidad de autores de los delitos cometidos el 2 de julio de 1986 a Nelson Medina, Gálvez, Luis Alberto Zúñiga González, Jorge Astorga Espinoza, Francisco Vásquez Vergara, Iván Figueroa Canobra, Julio Castañer González, Leonardo Riquelme Alarcón, Walter Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco, Pedro Fernández Dittus y Pedro Franco Rivas. Por otra parte, en calidad de cómplice acusó a Sergio Hernández Ávila y, como encubridor, a René Muñoz Bruce.

En la etapa de investigación, el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos estableció que los jóvenes "fueron reducidos por personal militar con golpes y amenazas con armas de fuego, luego fueron ubicados contra un muro de la acera sur de calle Hernán Yungue, el varón tendido en el suelo boca abajo y con las manos sobre la nuca y la mujer de pie con las manos en alto apoyadas contra la pared".

Luego, Quintana y De Negri fueron "rociados sus cuerpos con combustible y mediante el empleo de un elemento adicional, se les prende fuego, a consecuencia de esa acción se incendian sus ropas y resultan ambos con sus cuerpos quemados en una importante proporción".

Posteriormente, ambas víctimas fueron trasladadas por suboficiales y conscriptos -a orden de los tenientes Fernández Dittus, Figueroa Canobra y Castañer González- hasta un sitio eriazo de la comuna de Quilicura y allí, "en una zanja finalmente los abandonan heridos, a su suerte, de manera de favorecer la impunidad de sus actos y sin haberles prestado ninguna ayuda médica dada la gravedad de sus heridas", señala el documento.