La Guardia Civil española activó a primera hora de la mañana de este miércoles un operativo contra la celebración del referéndum sobre la independencia previsto para el próximo 1 de octubre en Cataluña.

Los agentes se personaron, por orden del juez de instrucción de Barcelona, en diversos edificios oficiales de la Generalitat, el gobierno catalán, para registrar al menos las sedes de los departamentos de Economía, de Asuntos Exteriores, de Trabajo y Asuntos Sociales y de Gobernación. También se encuentran en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat y la Fundación puntCAT, que gestiona los dominios de internet con sufijo .cat, donde se alojó la web oficial del referéndum hasta que la justicia española ordenó cerrarla.

El objetivo es encontrar pruebas contra la inminente celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional español. Según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los agentes efectuaron un total de 41 registros y 14 detenciones, en un total de 20 investigaciones abiertas por supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

Además, los agentes requisaron casi 10 millones de papeletas en una nave a las afueras de Barcelona, así como actas de lista numerada de votantes, actas de Constitución de mesa y otros formularios.

Entre los detenidos hay altos cargos de la Generalitat vinculados a los departamentos de Economía, Presidencia, Exteriores y Gobernación de la Generalitat. Además de los cargos públicos, han sido detenidos otros tres ciudadanos cuyas empresas era proveedoras de la Generalitat para la organización del referéndum.

El vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, lamentó que los hechos "son algo que no hemos visto en ninguna democracia occidental desde hace décadas". Y agregó: "No es una cuestión ideológica, sino los derechos civiles y de amparo judicial".

Respuesta ciudadana

Pocos minutos después de darse a conocer las detenciones, empezó una convocatoria ciudadana y espontánea a través de las redes sociales. Desde las organizaciones y movimientos sociales independentistas se llamó a la ciudadanía, que respondió rápidamente e inundó las calles del centro de la capital, donde se encuentra la sede de la dirección del Departamento de Economía.

"Ha llegado el momento. Resistamos pacíficamente. Salgamos a defender desde la no violencia nuestras instituciones", escribió en su cuenta de Twitter el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.

En los últimos días, organizaciones sociales, partidos políticos y autoridades de Cataluña denunciaron que la ofensiva judicial iniciada la semana pasada por el gobierno español está vulnerando el derecho a la libertad de expresión ya que tanto desde los órganos judiciales como policiales han llevado a cabo acciones como presionar a los medios públicos y privados para no difundir avisos, imágenes o contenido sobre el referéndum; prohibir avisos sobre el referéndum, obligar a las empresas de telefonía a bloquear el acceso de los sitios informativos sobre el referéndum, retirar y confiscar afiches y carteles, identificar activistas y cargos políticos o prohibir actos de debates centrados en el "derecho a decidir".

[VIDEO] Ara mateix a Rambla Catalunya / Gran Via. pic.twitter.com/mu6htcxXeF

— RAC1 (@rac1) 20 de setembre de 2017