Las polémicas asesorías externas del Congreso suman hoy nuevos y llamativos antecedentes, después de revelarse hace unos días unos informes copy-paste obtenidos por el senador y hoy candidato presidencial Alejandro Guillier.

Pero no es solo el candidato el que es cuestionado en esta materia. Un reportaje de Ahora Noticias brindó una serie de otros casos que hacen de un ejemplo de porque los niveles de desconfianza hacia la política en Chile están tan elevados.

Cada senador tiene más de $3 millones de pesos mensuales para obtener asesorías externas. Tras analizar más de 3 mil documentos de estos servicios, que datan entre enero 2015 y diciembre de 2016, se llegó a reportes plagiados -incluso desde el sitio Icarito- y pagos a funcionarios públicos, de este y el anterior gobierno.

La UDI gastó $199 millones de pesos en asesorías externas, de los cuales $190 millones fueron a parar a la Fundación Jaime Guzmán. Algunos, fueron copiados hasta en 90% de otras fuentes de acceso público. La misma fundación, además, entregaba el mismo informe de asesoría a dos parlamentarios distintos y con contratos distintos. Es decir, recibiendo también un segundo pago por el trabajo ya realizado. En conjunto, le han pagado más de $236 millones  la FJG.

Algo similar pasa con el ICAL, relacionado al Partido Comunista. Entrega el mismo informe mensual a cada uno de los seis diputados de la bancada, pero con contratos distintos. En total, ha recibido $241 millones.

En la DC, con gastos de $143 millones, se encontraron documentos copiados hasta un 50%.

Renovación Nacional, por su parte, pagó $105 millones al Instituto Libertad por informes que fueron sacados de datos públicos como el INE o el Banco Central.

El Partido Socialista también realizó algo similar, traspasando $119 millones al Instituto Igualdad por documentos que fueron sacados del mismo Congreso.

En casos personalizados, llamó la atención el caso de la diputada Claudia Nogueira (UDI), que pagó cinco millones de pesos para que se creara una base de datos de organizaciones sociales de su distritos y así enviar mensajes de texto por año nuevo, pascua, cumpleaños, etc. Aprovechando de promover su campaña para reelección.

Otros como Guillermo Ceroni (PPD) y Jaime Pilowski (DC), Maya Fernández y Daniela Cicardini (PS) pagaron para mantener actualizadas sus cuentas de redes sociales.

Otro llamativo es el de Ernesto Silva (UDI), quien por nueve meses pagó $8 millones de pesos a Producciones Monitor, la que le entregaba informes con párrafos que tenía nombres repetidos y solo cambiaba el nombre del mes.