En la Consulta Nacional realizada por el Colegio de Profesores más del 80% de los docentes del país rechazaron la propuesta de “desmunicipalización” presentada por el Gobierno. Esta decisión, expresada mayoritariamente por el magisterio, se explica por diversas razones, la primera de las cuales es la constatación de que una vez más el Ejecutivo legisla sin escuchar ni consultar la opinión de los profesores del país en un tema en el cual, por años, hemos levantado nuestra voz para exigir cambios de fondo al sistema de administración de la educación pública.

También es posible de explicar este rechazo pues la propuesta de gobierno mantiene intactos los pilares del actual sistema creado en dictadura como son su sistema de financiamiento, la condición de sostenedor, el no considerar a los docentes como funcionarios públicos, no garantizar el pago de todas las deudas que hoy los municipios tienen con sus docentes y trabajadores de la educación, etc.

Si bien todos los aspectos considerados por los profesores para expresar el rechazo a la propuesta del Gobierno son importantes, deseo profundizar lo grave que es la posibilidad de que se genere una ‘segunda deuda histórica’ con el magisterio nacional, esto debido a la cantidad de municipios que mantienen deudas con miles de maestros y que, de producirse el traspaso a los Servicios Locales de Educación, es muy posible que todo esto quede impago.

De hecho este primer semestre del 2017 ha sido uno de los más difíciles para el profesorado que trabaja en la educación municipal. Desde distintas comunas se levantan voces de profesores reclamando por el no pago oportuno e íntegro de sus remuneraciones, cotizaciones y asignaciones, práctica que ha significado incluso importantes movilizaciones comunales y regionales por parte de los afectados.

Entre los aspectos mayormente encontrados se observa el no pago de la previsión, descuentos realizados a profesores sin entregar estos recursos a acreedores ni entidades financieras, no pago íntegro de sueldos, no pago de bonos de retiro, incumplimiento de fallos judiciales, etc.

Muchas comunas son las afectadas en distintos lugares del país, entra las cuales se puede mencionar Santiago, Cerro Navia, Valparaíso, San Fernando, La Serena, Copiapó, Lampa, Ancud, Punta Arenas, Quilpué, Bulnes, Lolol, La Florida, Quinta Normal, Til Til, Buin.

La gran desconfianza existente hacia las autoridades de gobierno y del Ministerio se expresan por parte de los docentes en el temor de que dichas promesas no sean cumplidas y, por tanto, no se paguen las deudas que se tienen con el magisterio, situación ampliamente denunciada por nuestra organización gremial en el último tiempo.

Es importante destacar que hemos llegado a esta situación debido a una pésima gestión por parte de quienes han administrado la educación pública en todos estos años, así como por la existencia de una autoridad política ineficiente e incapaz de actuar para impedir todo esto. En realidad se ha advertido muy poca fiscalización y seguimiento de parte del Ministerio de Educación a los recursos que se entregan a los sostenedores.

Lo más lamentable es constatar que las desconfianzas de los maestros tenían fundamentos válidos. Hace pocos días sesionó la Comisión de Educación del Senado y allí un alto personero del Mineduc reconoció frente a los senadores y al Colegio de Profesores que, tal cual como está redactado el proyecto de ley de desmunicipalización, no está asegurado ni garantizado que se produzca el pago íntegro de estas deudas.

Esto es muy grave y esperamos que la contundente opinión expresada por los maestros en la consulta sea tomada en cuenta para incorporar los cambios que los maestros venimos planteando desde hace años.

Es nuestro deseo que, esta vez, el gobierno opte por dialogar con los profesores y no repita el actuar demostrado durante la lucha por la carrera docente, donde en vez de buscar acuerdos con el profesorado nacional, prefirió golpear la puerta de la UDI y RN para conseguir los votos que le posibilitaron llegar a concordar una ley con la derecha.

Reitero la gravedad que significa que los profesores y profesoras del país padezcan una “Deuda Histórica 2.0”, a sabiendas de que la primera de ellas, generada en dictadura, después de más de 30 años aún no ha sido cancelada y, por tanto, miles de maestros han partido sin recibir justicia ni reparación por el daño causado.