Los tres principales desafíos en materia de vivienda, territorio y ciudad en Chile tienen que ver con la (re)definición básica de los mismos conceptos y sus alcances. Se trata aquí, como en el caso de la educación, de la salud y de las pensiones, de superar el modelo y paradigma actuales: neoliberales, basados en el lucro y la especulación; para pasar a un modelo basado: en derechos sociales universales, la solidaridad, los bienes comunes, el buen vivir, la propiedad social y colectiva, así como la autogestión. Basamos estas propuestas en las experiencias históricas y actuales del movimiento de pobladoras y pobladores en Chile, así como en experiencias concretas de políticas públicas aplicadas durante décadas en diferentes países del mundo, como Uruguay, Argentina, México, Colombia, Brasil, Francia, Alemania, Holanda, Suecia, Finlandia, entre muchos otros.

1.- Suelo y ciudad: Entendidos desde su función social y desde el derecho a la ciudad. Hay que sacar del mercado una buena cantidad de suelo urbano para entender el acceso a suelo bien localizado como un derecho y como un servicio de utilidad pública, controlando así la especulación. ¿Cómo? Creando bancos de suelos públicos (estatales, regionales y/o municipales con las carteras de suelos públicos ya existentes, así como con compras y expropiaciones de utilidad pública). También se deben crear bancos sociales de suelo (pertenecientes a cooperativas de habitantes, como el modelo de los “community land trust”) entendidos éstos como bienes comunes no estatales, no vendibles ni transables en el mercado.

2.- Vivienda social: Superar el añejo y contradictorio concepto de "vivienda social" subsidiaria basado en la demanda, y sobre todo en el caso chileno sostenido en la propiedad privada de ésta, para instalar 2 vertientes complementarias de viviendas de interés social sin propiedad privada, sino que en propiedad pública y propiedad social y común:

-Viviendas públicas de arriendo (de propiedad del estado, de las regiones y/o de los municipios). Construidas en suelos públicos bien localizados, no vendibles, aunque transferibles entre generaciones de habitantes de las mismas familias, con arriendos accesibles y abiertos a todas las clases sociales y grupos etarios.

-Viviendas cooperativas en propiedad colectiva. Con proyectos gestionados por los habitantes organizados, tanto en suelos de los bancos de suelos públicos como en los bancos de suelos sociales. Construidas con modalidades de ayuda mutua y con créditos accesibles sin intereses. La propiedad colectiva es el pilar clave de este modelo, siendo las cooperativas las propietarias de las viviendas, que pueden ser transferidas, pero fuera de la lógica de mercado. Un ejemplo es el modelo uruguayo.

Ambos modelos, asociados a las políticas de suelo del punto 1, sirven para controlar la especulación del suelo y la vivienda, tanto en la compra-venta como en los arriendos, creando territorios "liberados del mercado", que funcionan como diques de éste. Con estos modelos dejamos de regalar al mercado miles de millones de pesos públicos y aseguramos una verdadera inversión social, donde la propiedad queda resguarda entre un grupo mixto de viviendas de propiedad pública y otras de propiedad social y colectiva.

Los costos de los arriendos, en el caso de las primeras, o de créditos en el caso de las segundas, no pueden superar en 20% de total de ingresos familiares, siendo idealmente del 10%, y deben ser proporcionales al nivel de éstos, más allá de la localización o el tamaño de las viviendas, teniendo en cuenta que se trata de una política universal y no focalizada, es decir, todas y todos tendrán derecho a la vivienda adecuada.

3.- Planificación territorial: superar la lógica autoritaria y funcional al capital del urbanismo y la planificación tradicionales, para pasar a entender el territorio como un proceso, donde la producción social de éste y el protagonismo de las mayorías populares debe primar. La planificación se realizará en procesos radicalmente democráticos desde los territorios, con planes que velen por el bien común y en la lógica de la función social del suelo y la propiedad. La recuperación de las plusvalías es clave para controlar el desenfrenado usufructo de las inversiones públicas por los inversores privados, que podrán seguir operando, pero bajo reglas claras. Se fomentará la redensificación social de los centros urbanos a través de las políticas de viviendas citadas en el punto 2. Para combatir por ejemplo los “guettos verticales” creados por el mercado sin planificación.

Estas 3 líneas de la política se pueden comenzar a implementar con los millonarios recursos actuales, en el entendido que hoy el Estado invierte el 0,5% del PIB en vivienda (sin contar la inversión en infraestructuras), recursos que se podrían duplicar con una nueva política fiscal, así como con la recuperación de plusvalías urbanas. Podemos entonces reorientar los recursos que por años se han dedicado a subvencionar tanto el mercado de suelo, como el mercado de viviendas sociales en propiedad privada, además de la recuperación de la plusvalía creada por las inversiones públicas en infraestructura y servicios (nuevas líneas de metro, por ejemplo). Para avanzar en esta política se necesita deconstruir los modelos existentes, mucha creatividad, voluntad política y sobre todo la movilización y participación organizada de los habitantes y de los movimientos sociales en el proceso. Sólo así podremos avanzar en una política post neoliberal y del buen vivir de producción social del hábitat desde el Frente Amplio con el protagonismo de las y los pobladores y habitantes de Chile.