Este martes se inició la votación de las propuestas del gobierno para la reforma al Código de Aguas que, entre otras cosas, aumenta el plazo para quienes acaparan el agua sin usarla, los que podrán seguir especulando por cinco y diez años (derechos consuntivos y no consuntivos, respectivamente), sin que se extingan dichos otorgamientos.

Asimismo, la propuesta del Ejecutivo desliga a las empresas mineras de pedir autorización para el uso de las aguas que afloren en sus faenas y elimina la exigencia de mantener caudales ecológicos en áreas degradadas, amenazadas y sitios prioritarios para la biodiversidad cuyas fuentes estén siendo afectadas, entre otras materias.

La comisión del Senado está integrada por Adriana Muñoz (PPD), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS), Francisco Chahuan (RN) y Víctor Pérez (UDI).

“La reforma al Código de Aguas ha tenido graves problemas al ingresar al Senado, en la medida en que por presión del Ministerio de Hacienda, haciéndose eco de los distintos sectores productivos, la Presidenta Bachelet ha ingresado una indicación que elimina muchos de los avances que se lograron en la Cámara”, señaló luego de la votación la directora de Chile Sustentable Sara Larraín.

Durante la sesión, cada uno de los legisladores, con excepción de Pizarro, entregó sus argumentos, votando unánimemente a favor de eliminar el concepto de “derechos de aprovechamiento”, aunque por distintos motivos. En el caso del RN Francisco Chahuan apeló a la “coherencia normativa” ya en su opinión debe usarse la misma figura para todos los tipos de autorizaciones, luego de amenazar insistentemente con recurrir al Tribunal Constitucional de aprobarse la figura de concesiones.

Por la Nueva Mayoría, Adriana Muñoz (PPD y presidenta de la comisión), aunque votó a favor, dejó establecida su postura critica, en el sentido que “esto no es solo un cambio de nombre, sino lo que se busca es ir asimilando cada vez más, y es la propuesta que han hecho los colegas de la oposición, los nuevos derechos -que se otorgarán sobre el 10 % de las aguas superficiales de las cuencas y el 50 % de las subterráneas- a los ya otorgados, y ese es el tema central”.

Otra de las indicaciones discutidas fue la de Pizarro, quien proponía eliminar dentro de los usos prioritarios el “doméstico de subsistencia”, debido a los riesgos que una amplia interpretación podía conllevar (el mejor ejemplo, lavado del auto). Sin embargo, varios senadores insistieron en mantener la frase “actividades de subsistencia” dentro de los usos prioritarios del agua , además del agua potable, el saneamiento  y la preservación de los ecosistemas.

También se aprobó la posibilidad de que el gobierno pueda establecer reservas de agua, lo cual implica que habrá un decreto del Ejecutivo que establece reservas de agua para usos prioritarios, y esas permitirán denegar derechos para usos productivos, para que así el Estado las cautele para consumo humano y protección de los ecosistemas.

La próxima semana –martes 16 de mayo- continuará la votación en particular sobre reformas fundamentales: la temporalidad de 30 años máximo en el otorgamiento de los nuevos derechos; y las causales para denegar la prórroga de estos, entre ellas si los recursos hídricos son destinados a usos distintos a los que se establecieron en su otorgamiento. También se resolverá sobre la obligación de las empresas mineras a informar sobre las aguas halladas en el área de su concesión y pedir autorización para su uso, tal como se le exige a todos los sectores productivos. Actualmente las así llamadas “aguas del minero” no se informan ni se solicitan, lo cual ha generado una distorsión a favor de un sector productivo particular.