El próximo 7 de mayo se cumplirán tres meses de la muerte de Antonia Garros, la joven de 23 años que, en medio de una fuerte discusión con su pololo, se arrojó desde el décimotercer piso de un edificio en Pedro de Valdivia, Concepción.

Desde entonces han sido muchas las actividades organizadas por familiares, amigos, parientes y vecinos tanto para reclamar justicia como para que el caso de Antonia no quede en el olvido: desde marchas hasta ceremonias religiosas y velatones.

Sin embargo, la pelea que la familia Garros Hermosilla piensa librar hasta el final, removiendo cielo y tierra, es en el ámbito de la legalidad y la jurispruencia. La madre de Antonia, Consuelo Hermosilla, lo tiene claro: “Esto es por todas aquellas que no se atreven a denunciar y contra los que creen que pueden convertir en nada a una mujer. Como sociedad no podemos tolerar que siga pasando”, asevera a El Desconcierto.

La mamá de la joven, que es profundamente crítica con el rol que las instituciones estales desempeñaron en el caso de su hija, afirma: “Ya que no nos resultó la prevención, sí que ahora tiene que hacerse algo sobre lo ocurrido. Las instituciones del Estado no funcionaron con la Antonia, pero el Gobierno tiene que dar señales a las mujeres porque, hasta hoy, lo que se deduce es que no ocurre nada si uno agrede a una mujer”.

El trabajo que la familia de la muchacha ha llevado a cabo para concretar su objetivo empezará a tener frutos próximamente. De partida, el día 2 de mayo el diputado Felipe Kast (Evópoli) presentará una moción en el Congreso, con urgencia parlamentaria, para a través de una modificación de la ley 19.968 –que crea los Tribunales de Familia–, permitir que las denuncias de violencia intrafamiliar (VIF) realizadas por terceros prosperen sin necesidad de ratificación por parte de la víctima.

“Cuando hablamos con Felipe Kast vio que, en realidad, algo que pudo haber cambiado el destino de Antonia y de todas las personas que están sufriendo violencia fue la ratificación de la denuncia”, apunta Consuelo Hermosilla. Y especifica: “El hecho de que hoy le tengas que pedir a la persona agredida que ratifique su denuncia, sabiendo que esta persona está enferma, hace que no llegue casi nunca la ratificación”. La progenitora de la víctima considera que la propuesta del parlamentario es un “gran avance” porque “la ratificación aborda también la violencia informal, porque habla de cualquier relación, también la del pololeo”.

La moción recibió el apoyo de los legisladores Marisol Turres (UDI), René Saffirio (ind), Cristian Monckeberg (RN), Aldo Cornejo (DC), Guillermo Ceroni (PPD), Leonardo Soto (PS) y Andrea Molina (UDI), quien también es coautora del texto.

Entre los suscriptores del texto estuvo también Ricardo Rincón (DC) acusado por su ex pareja de haberla agredida, episodio que él negó a pesar de haber sido declarado culpable por el 6° Juzgado Civil de Santiago, aunque posteriormente el caso quedó sobreseído.

“Yo no voy a firmar eso si aparece el diputado Rincón”, espetó la madre de Antonia al ver el nombre del demócratacristiano en la lista de firmantes. “Que cosa más contradictoria que yo esté pidiendo algo por la violencia hacia las mujeres y que aparezca Rincón, que ni siquiera está formalizado, ya está sentenciado”, argumenta.

[caption id="attachment_131961" align="alignnone" width="773"] / Captura: Youtube[/caption]

Ante tal posicionamiento, el diputado no tuvo más remedio que sacar su firma: “Le cambió la cara, pero la sacaron”, apunta la madre.

Además de esta iniciativa, los diputados por la Región del Bio Bio Marcelo Chávez y Hosain Sabag (ambos DC) presentaron a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, un proyecto para que las relaciones pololeo se incluyan dentro de la VIF. Según Sabag, “consiste en incluir la violencia en el pololeo dentro de la ley 20.066, y que las lesiones menos graves, que son las que no se contemplan [en esa normativa], se consideren como una falta civil de maltrato castigadas con una multa. También para que si eso fuera habitual constituya un delito de maltrato habitual, que tiene una pena de cárcel desde 61 hasta 540 días”.

Sin embargo, a pesar de que elaboró ese texto porque el proyecto de ley de la ministra para eliminar toda forma de violencia hacia la mujer tendrá una tramitación compleja que relantizará su posible aprobación, el diputado asegura que “estamos en un punto cero y no ha habido avances porque la ministra está priorizando su proyecto”.

Una ley Antonia transversal

“En seguida me convencí de que lo que acababa de pasar con mi hija terminaría dando pie a una Ley Antonia, tal y como hubo una ley Emilia”, asegura Consuelo Hermosilla, en referencia a la normativa que se impulsó tras la muerte de la pequeña de 9 meses Emilia Silva, en un accidente de tráfico provocado por un conductor que manejaba en estado de ebriedad.

Y así fue. Desde la muerte de la penquista, la Ley Antonia ha sido una de las demandas más instaladas por aquellos y aquellas que pidan justicia y reparación por la muerte de la joven. Varios representantes políticos se han acercado a la familia para impulsar esa propuesta que, finalmente, fue elaborada por la base territorial de la VIII Región de Revolución Democrática. Su coordinadora, Alejandra Palacios, asegura que se trata de “una modificación a de la ley del homicidio por omisión”. Y precisa: “La ley busca penalizar, con las mismas penas que tiene el homicidio por omisión, la inducción al suicidio, y que esto sea transversal. Es decir, que vaya más allá de la violencia en el pololeo, y que sirva también en casos de bullying, de mobbing y de todo tipo de acoso o violencia emocional que llevan a que una persona tome la opción del suicidio como opción”.

Palacios señala que el proyecto, que fue trabajado a partir del derecho comparativo con países donde existe legislación al respecto, como España o Panamá, se presentará a través de la diputación con Giorgio Jackson, y que “los diputados Felipe Kast (Evópoli) y Andrea Molina (UDI) ofrecieron su apoyo para sacar la ley adelante”.

Fundación en regiones

[caption id="attachment_138231" align="alignnone" width="600"] / Familia Garros Hermosilla[/caption]

“Pese a que está a luces de todos que a mí no me fue bien en el caso, muchas mujeres me escriben y se contactan porque se sienten reflejadas y ya perdieron el miedo a hablarlo”, relata Consuelo. Y añade: “Me toman como referente solo porque me atreví, y no me importó nada del que dirán”.

Ante la demanda, y consciente de que “la gente piden mucho grupos de autoayuda y no puedo llenar a mi casa de gente”, nació la idea de impulsar la institución dedicada a acoger a mujeres víctimas de la violencia en el pololeo y que hoy ya tiene su propio nombre y marca registrados.

El proyecto, que nacerá en la VIII Región, donde tendrá la primera casa de mujeres y su sede, busca –según Hermosilla– diferenciarse del Sernameg por completo en varios aspectos. De partida, abordará todos los casos que lleguen, no sólo los que involucran a personas establecidas en relaciones formales; la gente será atendida el mismo día que ingrese al establecimiento; y se atenderán a menores, aunque está por definir si será desde los 12 o desde los 14 años.

Este viernes la familia se reunirá para elegir los cinco miembros que compondrán el directorio, entre los que habrá tres mujeres y dos hombres, y sólo dos familiares y el resto personas ajenas “que crean en esto”.

La perseverancia y el esfuerzo de la mamá de la joven, quien reconoce que “todo esto tiene hoy en ella un efecto reparador”, la llevarán también a solicitar formalmente que el 7 de febrero sea el día nacional contra la violencia en el pololeo.

Consuelo se detiene a pensar en todo lo que se está levantando para mantener vivo el recuerdo de Antonia y que su caso sirva de bandera de lo que no puede volver a repetirse: “A veces pienso que ella tenía una función en este mundo, por eso vivió tan intensamente: tenía que morir joven para traer todo esto a otras mujeres que hoy pueden estar pasando lo mismo”, dice. “Ella me mueve a hacer lo que hago”, concluye.