Durante los últimos años distintas instituciones del país han atravesado importantes crisis de confianza. Desde que se abrió la caja de pandora con los casos Penta y Soquimich, hemos visto como la extensa trama de relaciones entre el dinero y la política tiene un recorrido transversal en todas las fuerzas, generando el debido y necesario repudio de la ciudadanía.

Por su parte la Iglesia, otrora fuerte en cuanto a su peso moral sobre la sociedad, también está en una crisis producto de los casos de pedofilia; la colusión de los grandes grupos económicos; los fraudes tributarios y comerciales de tantas otras empresas; a los que se suma la crisis de la Educación Superior que los estudiantes evidenciaron desde el año 2011, nos dan cuenta que el panorama institucional atraviesa una de sus peores crisis desde la vuelta a la democracia, y que requiere de una reestructuración mayor.  Y frente a esto la ciudadanía se ha manifestado de distintas formas -ya sea en la calle, los tribunales o en las urnas-, ha demostrado abiertamente su repudio constatando el hecho de la necesidad de un cambio en las estructuras institucionales.

Sin embargo, en este escenario, parecía que las Fuerzas Armadas y Carabineros no estaban afectas a esa crisis en las que se ve envuelta la República. Ni siquiera el hecho de que hoy se sepa y se acepte que estas instituciones violaron sistemáticamente los DD.HH. parecía afectar la opinión favorable que la ciudadanía tenía hacia ellas. En casi todas las encuestas, estas instituciones tenían las mayores valoraciones por parte de la ciudadanía.

Desde el inicio de la transición ya contaban con altos niveles de aprobación y confianza, como si el hecho de haber dejado de manera democrática el poder los hubiese cubierto de un manto de legitimidad que permitió borrar desde la conciencia ciudadana, y en forma rápida su negra historia en materia de Derechos Humanos durante los 17 años anteriores. No obstante, los casos recientes donde el Ejército y Carabineros se han visto envuelto en sendos desfalcos de dinero del Estado, es decir de todos nosotros, nos demuestran que no existe institución que no haya sido corrompida por el dinero.

Frente a esta situación es difícil realizar una condena que involucre a todo el conjunto de los funcionarios, más aún cuando quienes se ven involucrados forman parte del alto mando de  la oficialidad, incluyendo un ex Comandante en Jefe del Ejército. Sin embargo, hechos como estos también deben servir para que como en los otros casos de corrupción, se exija por parte de la ciudadanía un profundo cambio en las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Si el poder del dinero, construido a la luz de un modelo instalado por la dictadura, legalizado constitucionalmente y legitimado por el pacto de la transición, pudo corromper a la mayor cantidad de instituciones de nuestro país, que podría hacernos creer que esto no ocurriría con las Fuerzas Armadas y Carabineros, a fin de cuentas ellas mantenían el control total del país.

Estas gozan de privilegios que no tienen la mayoría de los chilenos. Un financiamiento especial para su mantención y renovación, por medio del usufructo de la principal riqueza de nuestro país, un sistema de pensiones distinto que les garantiza estabilidad y tranquilidad financiera a la hora de jubilar. Una carrera corta que permite a los veinte años de servicios el retiro con sendos beneficios y, además, ser recontratados por el Estado aumentando dichos privilegios.

Los nuevos altos mandos, junto a las autoridades políticas hacen un fuerte llamado a la ciudadanía a no desconfiar de sus valientes soldados, y que Carabineros seguirá siendo un amigo en su camino, que estos son casos aislados y que no representan una constante en sus instituciones, que no vaya a suceder que la ciudadanía pierda la confianza en lo único que le queda y que las próximas encuestas develen que la crisis es más profunda de lo que pensábamos.  A fin de cuentas, hasta hace un tiempo, al dictador no se le condenaba tanto como violador de Derechos Humanos sino como un mero delincuente que se hizo rico él y su familia con el dinero de todos los chilenos.

Hoy, en tiempos donde la ciudadanía ha tenido importantes cambios, donde se ha volcado nuevamente hacia el espacio público exigiendo derechos, en tiempos donde se exigen mayores niveles de transparencia en todas las instituciones, y donde además se reclama por un cambio profundo en las estructuras, es el momento que dichas exigencias también sean para las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y que de una vez por todas, dichas instituciones se desprendan del nefasto legado heredado de la dictadura, ya no solo en materia de Derechos Humanos, sino que también en aquellos aspectos que parecen ser mucho más sensibles para la ciudadanía, como lo es la transparencia financiera en los recursos de todos los chilenos.