"El formalismo legal: La esencia de la impunidad en los casos de corrupción es la tradición del sistema judicial chileno, que sólo concibe el delito si éste está clara y precisamente definido en la ley. Por lo tanto, se dejan de lado los principios generales del derecho, la doctrina y la ética no tienen la menor cabida en esta maquinaria. Es una justicia sin ética.". 

A esto lo que se suma que senadores y diputados han dejado de lado existan leyes para castigar a los corruptos. La fiscal Ximena Chong ha dicho: "Hoy el funcionario público que recibe coimas de una empresa para favorecerla tiene la misma pena que el robo por sorpresa; es decir, la del sujeto que roba una cartera a un transeúnte; esto es, el típico 'lanzazo' en el centro de Santiago". Mientras que el fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público, ha denunciado que en Chile sobornar a un ministro tiene el mismo castigo que robar un chocolate de un supermercado.

La suma de estos dos hechos explicaría que la persecución del Ministerio Público en contra de los corruptos se encuentre del todo acotada y que la principal sanción no pase más allá del disgusto cuando los trascendidos de las investigaciones aparecen en la prensa, se transforman en un escándalo público y los obliga a presentar su renuncia, como ocurrió el fin de semana con el subsecretario Súnico. Ello explicaría por qué nuestras élites empresariales siguen alimentándose de la corrupción como la principal herramienta para sus negocios en especial cuando estos necesitan de la complicidad de funcionarios públicos a cargo de instituciones del Estado, como ocurre en la pesca,  acuicultura, minería, energía, fondos de pensiones y productos básicos de consumo: colusión de las farmacias, del papel confort, etc., etc.

Las élites habrían conseguido que los partidos políticos del duopolio a cambio de recibir financiamiento para reelegir a senadores y diputados y perpetuarlos como sus legisladores. Estos arreglarán todo para que la mano de la justicia no alcance a los primeros, un círculo vicioso que satisface a ambos grupos de poder desde hace décadas. Mientras las organizaciones patronales dictan cátedra y exigen que debemos dejar que las instituciones funcionen y que se respeten los dictámenes de la justicia a sabiendas que son los instigadores para que no existan leyes que los castiguen, lo que da cuenta que en Chile el Estado de Derecho que dicen defender está arreglado de tal forma que los delitos de corrupción de los que participan gocen de impunidad.

Los trascendidos de las investigaciones del Ministerio Público nos están haciendo tomar consciencia que la corrupción ha permeado nuestra instituciones hasta el grado de tenerlas cooptadas, como ocurre con la Subsecretaría de Pesca en el caso de Raúl Súnico, quien la dirigió los últimos tres años.

Según cita Ciper: "... entre 2010 y 2013 la esposa de Súnico, Marcela Alejandra Viveros Garay, cobró $33 millones a través de 34 boletas que le pagó Asipes".

El mismo reportaje agrega antecedentes sobre la relación entre Asipes y Súnico en los años que siguen: "Un correo electrónico escrito por Moncada y enviado al día siguiente - a cita que tuvieron con Sunico el 13 de octubre del 2014- a tres miembros del directorio de Asipes –bajo la advertencia “RESERVADO NO REENVIAR­” (con mayúsculas en el original)–, resumió su conversación con Súnico.

El correo estaba dirigido a Jan Stengel, Rodrigo Sarquis y Alberto Romero. En él, Moncada les informó que el subsecretario Súnico le confirmó que no se cumpliría uno de los puntos del programa de Bachelet más resistido por los industriales pesqueros: terminar con la pesca de arrastre, método extractivo duramente criticado por el ambientalismo. Para sepultar esa promesa programática, escribió Moncada, Súnico le señaló que se había autorizado por cinco años la pesca de arrastre del langostino en la Región de Coquimbo, lo que garantizaba que esa controversial fórmula de captura no sería desterrada por este gobierno y sobreviviría, al menos, hasta la próxima administración.

“Se ha tenido en cuenta el principio general que los puestos de empleo no hay que arriesgarlos”, fue el argumento que dio Súnico, según escribió Moncada." (2)

Pregunta: ¿Lo que está detrás del correo entre Súnico y Asipes sobre la pesca de arrastre es tráfico de influencias para conseguir impunidad para el desastre ambiental y social que ésta ocasiona?

1.- CASO LANGOSTINOS Y CAMARONES. Da la casualidad que la anterior medida a favor de la pesca de arrastre del langostino de la que da cuenta el mail favoreció a la empresa del actual presidente de Sonapesca, Osciel Velásquez,  a quien se le reconoce como un exitoso lobbista, militante de la Democracia Cristiana y con ello de la Nueva Mayoría,  que se alineó a igual propósito de Asipes, ya que éstos capturan merluza y jibia con pesca de arrastre. Seguro que los anteriores nexos de Osciel Velásquez fueron un antecedente decisorio para que a fines del año 2016 los grupos empresariales que controlan el sector pesquero decidieran elegirlo como su representante y quizás hoy se encuentre entre los consultados para nombrar al nuevo subsecretario de Pesca.

Según la Revista Aqua, Velásquez: "...tiene amplias redes en el mundo político, en las empresas y en el mundo artesanal. Es cercano al diputado DC Matías Walker, a la senadora PPD Adriana Muñoz y a Raúl Súnico, subsecretario de Pesca. Conoce hace dos décadas a Rodrigo Sarquis, presidente de Pesquera Itata...". Este último nombrado en mail de Asipes.

Osciel Velásquez en su antigua empresa familiar y que antecedió a la actual recurrió con éxito a la clase política para hacerse de las actuales cuotas pesqueras de langostino y camarones que posee en la actualidad. "Se hicieron convenios con el antiguo Intendente de la Cuarta Región, firmándose 'un papel' en que ellos se comprometían a mantener la fuente laboral a los trabajadores a cambio de que los ayudaran a pedir más cuotas de captura, con participación de diputados, senadores y el alcalde, para que se mantuviera la fuente laboral. Asevera que la empresa ha sido privilegiada respecto a las cuotas de captura, a nivel nacional, la que más cuota ha conseguido y que la mantiene en la actualidad.", según declara el presidente del Sindicato en la querella entablada por estos últimos en contra de la empresa familiar del actual timonel de Sonapesca por sentir que fueron los únicos perjudicados con el cierre de esa empresa, según se rescata en el análisis del anterior caso en la pág. 280, cuya autora es Verónica Rosenblut, abogada de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado, Fiscalía Nacional, en Revista Jurídica del Ministerio Público.

La cercanía del Subsecretario Súnico con Osciel Velásquez lo llevó a estar a su lado cuando la empresa de este último consiguió a mitad del 2016 una certificación de sustentabilidad que pasó por alto que la empresa del anterior se encontraba entre las responsables que el Langostino colorado se sumara el año 2015 a la lista de 18 pesquerías sobreexplotadas y agotadas. Velásquez antes había sido aplaudido por la Comisión Pesca de la Cámara de Diputados a solicitud de su presidente el diputado Fidel Espinoza, por la pesca de arrastre que utiliza su empresa en la captura de Langostinos y Camarones.

2.- CASO MERLUZA. Da la casualidad que Súnico a fines de diciembre del 2016 -contra todo pronóstico- anunció que la merluza ya no estaba agotada y que su nuevo estado era de sobreexplotación. Basándose en ello decidió aumentar la cuota de captura para el año 2017, lo que sorprendió a todos por lo incomprensible e incongruente de la medida, ya que tanto Súnico como Asipes hacía unos meses atrás habían acusado que la merluza estaba al borde de la extinción. Aunque no sorprende tanto ya que la cuota industrial que corresponde al 60% de la cuota global beneficia a Asipes.

3.- CASO JIBIA. Según consta en video del 3 de junio 2014, grabado en el Salón Eyzaguirre del Congreso Nacional, el subsecretario se comprometió a decretar –tras consulta a los Consejos Zonales de Pesca- la “línea de mano” como único arte de pesca para la captura de la jibia, lo que dejaría fuera a la gran industria, quien utiliza la “pesca de arrastre” para el mismo fin. En el video Raúl Súnico señala claramente que “tengo la convicción que los jibieros hicieron una historia que tiene que ser reconocida y, por lo mismos, es que estamos diciendo vamos a definir un arte de pesca que excluye a los industriales”. Por ello nadie entendió que más tarde se pusiera al lado de Asipes: "Raúl Súnico reafirmó su compromiso con la industria y desconoció la existencia de un acuerdo con los pescadores artesanales, argumentando que tenían un 'error de apreciación' sobre lo pactado", dice un artículo de la Revista Aqua. Luego se encargaría en los años que sigue de que se durmiera la ley que prohibía la pesca de arrastre de la jibia y que los industriales se quedaran con el 20% de la cuota que capturan con ese tipo de pesca.

La herencia de Súnico al frente de Subpesca es corrupción y un desastre ambiental catastrófico.

En el estudio “Informe País: Estado del medio ambiente en Chile”, se entregan datos catastróficos sobre el sector pesquero: de diez a doce años nuestras costas prácticamente ya no tendrán recursos marinos de consumo habitual. El documento de carácter científico, elaborado en conjunto por las Universidades de Chile y Valparaíso, compara datos desde 1999 hasta el año 2015. En él Ricardo Bravo, decano de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso, aseveró que existe un daño biológico gigantesco. Además "indicó que la mayoría de los peces adultos desaparecieron y se están explotando por parte de la industria y semi industria pesquera especies de mediano tamaño o más pequeños, lo que impide su reproducción. El problema principal, advierte, es que 'nadie fiscaliza o se destinan muy pocos recursos para ello'. Por eso, la extracción de millones de merluzas pequeñas, juveniles, bajo la talla de madurez sexual las condena a la desaparición, pues nunca se van a reproducir.".

Cuando Súnico cambió de opinión de acusar que la merluza estaba al borde del exterminio y luego afirmara que se había recuperado, lo que estaba haciendo era adulterar la verdad sobre el estado de la misma y respaldar la explotación de millones de merluzas pequeñas, juveniles, bajo la talla de madurez sexual y condenar a esta especie a la desaparición. Lo anterior es corrupción y por lo mismo estamos denunciándolo ante la Contraloría, ya que esta última no se puede volver cómplice de Súnico y la Subpesca.

Él más mentiroso que Longueira, lo que es mucho decir. En una denuncia de Heriberto Teuquil de fecha 6 de diciembre 2016 por una adulteración de la Subpesca similar a la de la merluza pero en esta ocasión referida a la sardina austral, Súnico saca a la luz la ley 20.560 de Longueira y miente del fin que tuvieron las pescas de investigación ideológicamente falsas.  "... pero nunca la desviación de poder que significaría la utilización de las pescas de investigación para fines comerciales", afirmación que resulta insólita ya que en la historia de la ley, el propio Longueira reconoció al respecto en la pág. 176: "Hoy la pesca de investigación, como la hemos mal usado durante muchos años, en algunas pesquerías alcanza el ciento por ciento del recurso".

Es el caso de la sardina austral, y en la pág. 173 ahondó sobre lo mismo: "Un fallo de la Contraloría General de la República prohibió entregar recursos pesqueros a través de ese subterfugio.". La respuesta de Súnico no cabe duda que pretende que el contralor eche tierra a la corrupción con que la Subpesca autorizó la captura de un recurso no inscrito en los registros pesqueros por la vía de resoluciones exentas para las que los subsecretarios de Pesca que las respaldaron no tenían atribución legal y dieron pie a un sinnúmero de ilícitos. El artículo7 de la Constitución indica que «Ninguna magistratura, ninguna persona,ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes». «Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale».

Súnico probó ser un experto en manipulación mediática según lo requerían sus mandantes. Es el caso que para impedir prosperara la anulación de la Ley Longueira no dudó en utilizar a la FAO hasta que ésta emitió un informe que no le sirvió para su propósito que era blanquearla y sólo corregirla en los detalles, pero sí le sirvió para que pasaran tres años y que la discusión sobre su anulación se empantanara en el Congreso, algo que le deben agradecer los que lo mandataban.

Algo parecido ocurrió con las movilizaciones masivas de la Isla de Chiloé en contra de la industria del salmón por el vertimiento de salmones muertos, donde arregló bonos con los dirigentes de pescadores y desmovilizó en forma exitosa a los chilotes. Otro tanto hizo con la creación de un Comité de "Expertos Científicos" para el lavado de imagen de la industria del salmón, la que en enero del 2017 acaba de tener un duro revés ya que, en medio del Congreso del Futuro inaugurado por la Sra. Bachelet, el destacado intelectual británico Jim O'Neill -ex Secretario Comercial del Tesoro Británico nombrado por David Cameron, y que se ha hecho un experto en el alto costo de enfermedades a causa de bacterias resistentes debido al uso y abuso de antibióticos-, señaló: "Si los productores de salmón en Chile los siguen usando (los antibióticos) pronto nadie les va a comprar, ya  que constituyen  una amenaza para la salud humana". En otras palabras, sentenció en medio del Congreso del Futuro que era una industria sin futuro, justo lo contrario de lo que han defendido el subsecretario Súnico y el ministro Céspedes, los que le han inyectado enormes cantidades de subsidios estatales durante el presente gobierno.

La Presidenta Bachelet y el gobierno de la Nueva Mayoría respaldaron durante tres años al subsecretario de Pesca Raúl Súnico, quien ostenta como máximo logro de su gestión haber conseguido aumentar el número de pesquerías AGOTADAS y sobreexplotadas. Este es responsable de que éstas pasaran desde el 48% fecha en que asumió al 72% el año 2015, lo que consiguió de la mano de la corrupción. Al subsecretario de Pesca, a pesar que sus resultados enlodaban al actual gobierno como uno de los peores en materia de protección de la biodiversidad marina y de cuidado de los ecosistemas marinos de nuestro país, nunca se le pidió la renuncia por el catastrófico desastre ambiental que impuso de la mano de la corrupción.