A 10 años de la muerte de Matias Catrileo, seguimos siendo testigos de como el pueblo mapuche es víctima de una política sistemática de aniquilación de parte del Estado de Chile; todo bajo el amparo de la Presidenta Michelle Bachelet y del ministro del interior Mario Fernández, quienes pasaran a la historia contemporanea como cómplices de la violación de tratados internacionales, de las normas constitucionales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) la palabra aniquilación es la destrucción completa y total de una cosa o persona, en este caso, la aniquilación no es contra una persona, es contra una cultura completa, que ha sido usurpada en su territorio, atropellada en su dignidad y secuestrada en su espiritualidad.

El encarclamiento injustificado de la machi Francisca Linconao, el acribillamiento a mansalva del joven Brandón Hernández Huentecol y el engrillamiento mientras daba a luz de Lorenza Cayuhan ocurridos el año 2016, tienen en común, que en su conjunto, reflejan un momento histórico que debe ser leído con atención: la existencia de una política implícita aniquilación del pueblo mapuche.

Lo triste, es que la clase política ha naturalizado estos hechos sin inmutarse, ante titulares como: “Joven mapuche muere baleado”, “Carabineros balearon a niños mapuche”, “Mujer mapuche fue baleada”, “Bebé hospitalizada intoxicada por el humo de lacrimojenas”, “Fotografo encarcelado por graficar conflicto mapuche”, “Mujer mapuche da a luz engrillada”,“Joven acribillado con cien perdigones”, “Carabineros golpean a joven mapuche hasta dejarlo con derrame cerebral”, solo por mencionar algunas notas, son pan de cada día.

Del mismo modo, hemos naturalizado cuando la realidad sale a la luz: “Otro montaje más que cae: Mapuche baleado con 130 perdigones por Carabineros fue absuelto”, “Mapuche es absuelto de cargos por ataque incendiario”, “Carabineros quema 2 vehículos de comuneros Mapuche en Arauco”, “Agente infiltrado de Carabineros confiesa autoría de atentados incendiarios en La Araucanía”, “Queda en libertad carabinero que disparó por la espalda a joven mapuche”.

Así como tambíen se han normalizado hechos que no son tan noticiosos, hablamos de múltiples montajes, detenciones ilegales, jóvenes mapuche que son cargados con cartuchos para ser encarcelados, presiones de carabineros hacia las familias de las víctimas, presiones del Gobierno hacia los fiscales; inclusive, un sistema judicial que ha legitimado figuras que no existen en el ordenamiento jurídico como los llamados testigos sin rostro y colaboradores ocasionales, creados por la Fislacalía para condenar a imputados ante la falta de pruebas.

La pregunta entonces es: ¿hasta cuando?, ¿hasta cuando permitimos que en la Araucanía no exista el Estado de Derecho para los mapuches?, ¿hasta cuando naturalizamos esta política de aniquilación, discriminación, vejación y humillación?

¿Hasta cuando aceptamos esta suerte de paramilitarismo, con civiles armados, pagados por las familias Matte y Angelini para cuidar sus predios forestales?, ¿hasta cuando aceptamos que el Estado pague miles de millones en carabineros para defender los intereses de las forestales?

En definitiva: ¿hasta cuando aceptamos el contubernio entre el Gobierno y las empresas forestales?, ¿hasta cuando el Estado va seguir reprimiendo al pueblo mapuche y no trabajando por establecer un proceso de diálogo en vías del reconocimiento y la restitución territorial?

Cuántos jóvenes como Brandón Hernández Huentecol deben ser baleados para terminar el contubernio Estado-Forestales. Recordemos que Brandon no es el primer joven mapuche que en “democracia” es baleado por la espalda, lo mismo le pasó a Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío y Alex Lemún.

Lorenza Cayuhan, quien dio a luz a la pequeña Sayén estando engrillada del pie, y que luego fue intentada separar de su hija estando prematura, tampoco es la primera joven mapuche que es torturada en “democracia”.

Basta señalar que a sólo dos días de que la Presidenta Bachelet promulgara la ley que tipifica el delito de tortura el 11 de noviembre de 2016, en la Araucanía se producía un nuevo hecho de tortura de parte de Carabineros en contra de cinco jóvenes mapuche -varios menores de edad- Máximo Queipul, Fabián Llanca, Antü Llanca, Boris Llanca y Danilo Nahuelpi, todos pertenecientes a la comunidad Autónoma Temucuicui, quienes fueron golpeados por carabineros durante toda la noche hasta dejarlos inconcientes (uno de ellos con derrame cerebral) al interior de los calabozos de la comisaria de Ercilla. Estos hechos, por cierto, no serán investigados en profundidad y no habrá ningún imputado, formalizado o condenado.

Esto se suma, a la crítica situación que sufre la machi Francisca Linconao, quien con 81 años y pesando solo 42 kilos, se encuentra desde el 23 de diciembre en huelga de hambre, luchando para que el Ministerio Público cambie la medida cautelar que le aplicaron de prisión preventiva a arresto domiciliario.

Cabe señalar que la machi Francisca Linconao no es la primera autoridad ancestral mapuche encarcelada en el marco del homicidio del matrimonio Luksinger Mackay, ya que en el mismo caso, el machi Celestino Córdova fue condenado a 18 años en calidad de autor, recordemos, en base a un testigo sin rostro.

La machi Francisca Linconao, máxima autoridad médica, religiosa, consejera y protectora del pueblo mapuche, está encarcelada sin prueba ni justificación alguna, ya que en ningún caso, representa un peligro para la sociedad, al contrario, su encarcelamiento es un atentado contra su autoridad como machi, contra su dignidad humana, dando cuenta de un sistema procesal insano, que encarcela para investigar y no investiga para encarcelar.
Esto además de atentar contra el derecho constitucional de igualdad ante la ley, evidencia un actuar racista y discriminatorio de parte del Poder Judicial que no actua de la misma forma si se trata de alguien de apellido Compagnon o si se trata de una mujer mapuche de apellido Linconao.

Pareciera que existe una especie de colusión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, una confabulación que tiene como estrategia bajar la moral de las comunidades por medio del encarcelamiento de sus autoridades ancestrales, no logro explicar la situación de otra forma.

Estos hechos son cada vez son más recurrentes en la zona mapuche, lo que ha desencadenado un estado de animo complejo entre los habitantes, desatando una tensión social entre el pueblo mapuche, el Estado y las empresas forestales.

Esto ha traído como respuesta el surgimiento de organizaciones populares de autodefensa, llamadas Organizaciones de Resistencia Territorial (ORT), a través de las cuales las comunidades han hecho uso de su derecho a rebelión contra la Tiranía, derecho reconcido desde la antigua Grecia.

Todo esto ocurre producto de un gobierno coludido con las empresas forestales, que permite que la policía actúe al margen de la ley, sembrando un manto político de impunidad, ya que las fuerzas de orden, no se mandan solas, así como las escopetas no se disparan de forma accidental como ocurrió en el acribillamiento a Brandon.
Los chilenos y chilenas debemos ser capaces de leer el momento histórico y reflexionar para cambiar el trato que está sufriendo el pueblo mapuche; porque de lo contrario, estaremos siendo cómplices de esta aniquilación encubierta.

Así como condenamos el asesinato de una pareja de ancianos que mueren consumidos por las llamas, con la misma fuerza lo debemos hacer con la violencia sistemática implementada desde el Estado hacia el pueblo mapuche.

Porque en 100 años, cuando muchos nombres de políticos cómplices de esta barbarie sean olvidados, nombres como el de Brandon Hernández Huentacol, Lorenza Cayuhan, Francisca Linconao, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío y Alex Lemún, serán recordados como parte de quienes de forma digna lucharon para reivindicar el histórico pueblo mapuche.

Ese pueblo mapuche que representa lo más odiado por este sistema: gente humilde, indígena y rebelde, convencida de que otro sistema es posible.