En medio de nuevas declaraciones de Barrick que intentan una vez más reflotar el paralizado ambientalmente proyecto Pascua Lama, dando palabras de buena crianza a través de su Director René Muga, y anunciando de que “responsablemente” están pensando realizar cambios estructurales a un proyecto que las comunidades ya han demostrado es inviable y que sea cual sea la forma que pretendan llevarlo a cabo lo rechazarán, han salido las mismas a denunciar una sórdida y criminal acción realizada de manera coordinada y conjunta entre Gobierno y Barrick para viabilizar dicho proyecto a toda costa: han elevado los límites autorizados de metales pesados y químicos en el agua, permitiéndose con ello ocultar los episodios de contaminación y decidiéndose con ello matar a  población silenciosamente.

Esto ha sido posible gracias a un proceso de modificación de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Pascua Lama que se llevo a cabo por la Comisión de Evaluación de Atacama, instancia que preside el Intendente de Atacama, la cual se resolvió el 2 de junio del presente por medio de la Resolución N° 094.

Lo grave es que dicho proceso fue mandatado por la Corte de Copiapó como parte de las medidas cautelares tras un recurso de protección que reviso la contaminación de agua por parte de la empresa y se termino haciendo algo totalmente en contra de las mismas comunidades a las que se las intento salvaguardar.

En dicho proceso, Barrick se defendió diciendo que la línea base de las aguas había cambiado y que en el fondo se estaban viviendo contaminaciones por causa natural y que por ello había emprendido una solicitud de cambio de metodología de los cálculos de alerta de los niveles de calidad de agua ante los servicios competentes. Ante ello y entendiendo que dicho cambio supone una amenaza para las comunidades, dicho Tribunal mandato el inicio de un proceso de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental en cuanto a la variable aguas para que los entes competentes determinaran si efectivamente lo que la empresa decía era real y de no ser así se le pediría a la Superintendencia que se hiciera cargo, lo que terminaría obviamente en una nueva sanción al proyecto.

Para las comunidades es obvio que los servicios presionados terminaron colaborando con la empresa “Si la modificación se rechazaba Barrick llegaría nuevamente a la SMA”. Finalmente, el proceso no hizo caso de lo mandatado por el tribunal y dispuso de manera arbitraria el cambio solicitado por la empresa haciendo una modificación a pedir de boca de la misma.

Las comunidades organizadas bajo la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, se enteraron de casualidad de dicho cambio a fines de junio, y rápidamente comenzaron a estudiar el asunto percatándose gravemente de que por medio de esta modificación la empresa había logrado los cambios que necesitaba para poder dejar de ser culpable de más incumplimientos y daños ambientales a aguas.

Entre los más graves están que se crean una serie de disposiciones que permiten relativizar el  impacto, la responsabilidad y la autoría de la empresa en la contaminación de las aguas, y, que se hacen más permisivos los límites que tenían obligados no superar, permitiéndoseles esconder la contaminación cuando la provocan.

Como si fuera poco, también se percataron de que en el proceso se cometieron una serie de ilegalidades formales, siendo una de las más graves que no se realizo la participación informada y la consulta a las comunidades indígenas e indígenas del Valle del Huasco tal como dispuso la propia la Resolución N° 266 del SEA que dio inicio al proceso.

Dichas comunidades tuvieron menos de 10 días para emprender la reclamación ante el Comité de Ministros que es el camino que brinda la ley, con mucho esfuerzo lo lograron; y no fueron los únicos, la Junta de Vigilancia del Río Huasco y sus Afluentes también reclamo coincidiendo con observaciones que tenían las comunidades.

A fines de octubre, mientras preparaban escritos para ingresar al proceso y abultar sus fundamentos, se enteraron por prensa que el Comité se había reunido a resolver y que habría decidido rechazar ambas reclamaciones, de esta manera se quedaron sin ingresar los nuevos documentos y al respecto comentaron “lamentamos la forma oculta en que el gobierno realiza todas las cosas, es obvio que acá hay poderes muy fuertes detrás de este proceso intentando que nada detenga el acto criminal que se ha cometido”.

A la fecha, no reciben resolución formal alguna, por ende se encuentran aún a la espera de dicho dictamen, esperando a pesar de todo, que el Comité de Ministros rechace e invalide esta Resolución que es ilegal y atentatoria de los derechos humanos y las garantías constitucionales. De no hacerlo, las comunidades acudirán a Tribunal Ambiental.

Mientras esto ocurría, la organización se encontraba realizando reuniones sectoriales dando cuenta con documentos oficiales, la gravedad de las contaminaciones cometidas por la empresa tras sus incumplimientos y los riesgos a la salud a las cuales están y han estado expuestos como comunidad. Una vez ocurrido estos hechos, los incorporaron a la entrega de información y comenzaron a dar a conocer a los vecinos esta nueva amenaza y las consecuencias que veían tendrían para la población. Y fue hace muy poco que lograron comprobar sus miedos: efectivamente el cambio es sórdido y permite que la empresa nunca más sea culpada de contaminación porque nunca va a llegar al nuevo límite y a la gente se la estará contaminando silenciosamente”

Esto quedo a la luz tras tener en sus manos análisis de agua brindados por la empresa a la autoridad para demostrar que supuestamente luego del riesgo vivido por la destrucción de la Planta de Tratamiento de Aguas contaminadas por responsabilidad de la empresa en junio de este año no habían generado contaminación. Por medio de ellos tuvieron acceso a los nuevos límites y además pudieron hacer el ejercicio de comparar que pasaba si se tomará en cuenta la línea base no modificada. Pudieron ver cómo es que el punto de control más cercano a la primera población rió abajo de la minera estuvo sobrepasado en todos los peligrosos elementos entre el 8 de junio y 8 julio de este año.

A la vez experimentaron cómo gracias a este cambio tanto empresa como autoridades esta vez negaron la contaminación cometida y mostrando estas evidencias decían que todo estaba bien, tal como pensaban sucedería. En el vídeo adjunto se muestran las imágenes, con la línea azul el nuevo límite y en rojo el comprometido en la RCA del año 2006 que ha sido modificado.

Comisión Investigadora de diputados

El reciente 14 y 21 de noviembre La Asamblea por el Agua del Guasco Alto fue invitada a participar de la Comisión Investigadora de la Comisión de Diputados de los Actos de los organismos públicos competentes en materia de Fiscalización y Protección de los Glaciares, cuencas hidrográficas y Salares de Chile. En la primera instancia denunciaron todo lo relativo a glaciares y en la segunda fecha lo hicieron acerca de la afectación de cuenca hídrica y vegas andinas. Para esta última instancia decidieron tomar este asunto como punto principal a denunciar (Ver video citado).

Tras exponer todas la ilegalidades y mostrar las pruebas que dan cuenta de lo grotesco del cambio. La Asamblea por el Agua del Guasco terminó la exposición diciendo “No entendemos como la Doctora Bachelet ha permitido este cambio criminal”. “Acá de nuevo no vemos más de que se quiere viabilizar a toda costa este proyecto en desmedro de la vida, en desmedro de la salud de las personas (…) “Esto es muy grave, nos tiene para adentro como comunidad y esperamos que esto no llegue a realizarse. Nosotros estamos reclamando ante el Comité de Ministros y estamos esperando esa resolución. Y vamos a seguir por todo el camino que quede pero también sabiendo como ustedes vieron el Fallo del Tribunal a Glaciares… Y así como esto es finalmente una decisión política ojala hubiese una decisión política que decida no seguir matando a las personas”.

Los diputados incómodos con lo que escuchaban se preguntaban unos a otros ¿Qué vamos a hacer? Una vez que se entrego la palabra, Daniella Cicardini reflexionó que la revisión podría haber sido beneficiosa para las comunidades y que se debería revisar una nueva resolución ya que está claro que esta beneficia a la empresa. Por su parte Camila Vallejo opino: “Yo creo que es grave lo que se plantea acá sobre la mesa y creo que no podemos quedar indiferentes”. (…) “A mí me parece que lo que se está exponiendo esta fuera del marco legal por lo que decía tanto en forma como en elementos de fondo (…) aquí al parecer se está incumpliendo la legalidad y ya sabemos para beneficio de quien. (…) “hay o a mi me queda la impresión de que hubo más bien una presión de organismos políticos que derivo en incumplimiento de funciones que están establecidas en la ley y sus responsabilidades (…) Por otro lado más allá del testimonio que nos puedan dar los involucrados, sería bueno que nosotros tengamos claro del procedimiento concretamente”.

Finalmente los diputados decidieron tomar cartas en el asunto. Por un lado, decidieron invitar al Superintendente de Medio Ambiente Cristián Franz para que dé respuestas a cada una de las acusaciones realizadas por las comunidades del Valle del Huasco las cuales son graves y tienen asideros en tribunales y documentos afirmo el diputado Vallespín. Y en segundo lugar, quedaron en revisar la legalidad de forma del proceso para así luego revisar el emprender una acción en contraloría.

Por su parte las comunidades, harán todo lo posible para que esta resolución quede sin efecto y seguirán exigiendo el cierre definitivo y la revocación del Permiso Ambiental del proyecto Pascua Lama.