Este 26 de octubre, organizaciones de derechos humanos de la Región de La Araucanía -entre ellos, el Observatorio Ciudadano, CID SUR y el Comité Ética contra la Tortura- dieron a conocer a la opinión pública el envío de una comunicación a la Relatoría de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante la cual se expuso la grave situación de hostigamiento y persecución a los abogados/as: Karina Riquelme Viveros, Manuela Royo y Sebastián Saavedra Cea, defensores penales de personas mapuche que actualmente se encuentran imputadas de delitos contemplados en la Ley Antiterrorista en el caso Luchsinger-Mackay.

Así, buscan que la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CIDH, en cumplimiento de las funciones enumeradas en el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, solicite información al Estado de Chile respecto a éstos graves hechos que vulneran los derechos humanos. Por su parte, la Corte Suprema expresó el miércoles pasado a través de una resolución que se debe respetar el libre ejercicio de la profesión de los abogados defensores mapuche Karina Riquelme y Sebastián Saavedra.

En el caso de la abogada Manuela Royo, está relacionada a su despido como abogada de la Defensoría Penal Pública por razones políticas, en virtud a comentarios realizados hacia el Fiscal Alberto Chifelle por prácticas y conductas racistas en el marco del denominado caso Luchsinger Mackay.