Los rieles de la línea del tren atraviesan el pasto salvaje que ha crecido en la maestranza San Eugenio. Aparte de un vagabundo, el terreno de 44 hectáreas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) está completamente abandonado. La trabajadora social Doris González y el sociólogo Aland Castro miran una de las esquinas del terreno vacío y lo que ven es una comunidad. Acá unos departamentos, allá plazas, por aquí un centro cultural, allí un jardín infantil. Por el barrio que tienen en su cabeza ambos dirigentes llevan años luchando sin tregua como líderes del movimiento Ukamau.

Ukamau tiene sus raíces en 1987, con una organización de los vecinos de la población Santiago, en Estación Central, que buscaban una solución habitacional. El líder era Antonio González, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y tío de Doris González, que a sus 33 años es la actual vocera. Desde ese entonces la organización se ha fortalecido y se expandió a comunas como Pudahuel, Cerro Navia, Maipú, Quinta Normal, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda, donde se realizan asambleas para organizar los distintos comités de los sin casa.

En 2011 el camino de la organización se encontró con dos estudiantes de la universidad Arcis que buscaban un proyecto para desarrollar en el curso de arquitectura de viviendas sociales dictado por Fernando Castillo Velasco y su hijo Cristián Castillo.

- Esto es lo que quiero-, habría dicho el DC premio nacional de arquitectura y ex Intendente de Santiago cuando escuchó la propuesta que le llevaron sus alumnos -Pero no basta con el proyecto. Hay que realizarlo-, añadió.

Fue así como el legado de viviendas sociales de calidad en el que trabajó Castillo Velasco durante su vida se plasmó en un proyecto habitacional para 424 familias de allegados que viven en mediaguas repartidas por distintas poblaciones de Estación Central. Con eso, el barrio imaginario de Doris y Aland promete volverse realidad.

CULTURA SUBSIDIARIA 

En Chile, la política habitacional se basa en un sistema subsidiario que delega a una entidad patrocinante, en general una inmobiliaria, la responsabilidad de desarrollar proyectos de viviendas sociales. Así, la empresa busca un terreno, negocia su compra y construye un conjunto de casas sobre ese terreno con la venia del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) correspondiente.

Cuando el complejo está listo, cientos de personas llegan agitando sus papelitos de subsidio para cambiárselo a la inmobiliaria por una casa. Por ese papelito han esperado mucho tiempo, nerviosos frente a la posibilidad de que el puntaje de la ficha social no les alcance. “¡Me salió casa!”, celebran, cual niño con un regalo del viejo pascuero, como si las casas llegaran del cielo, cuando les entregan el subsidio. Pero la verdad es que el monto que les asignan suele no corresponderse con el precio real de la vivienda. Para el arquitecto Cristián Castillo la situación es un verdadero drama:

- La lucha por la vivienda es larga, es terrible. Antes del 73 había un desarrollo precioso en el que el Estado asumía la responsabilidad absoluta. Pero desde que se privatiza la vivienda social en dictadura, esto se transforma en un problema de oferta y no de demanda, entonces el Estado elude su responsabilidad de formar parte activa del proceso. Y los gobiernos de la Concertación han mantenido el sistema básicamente igual.

Pero Ukamau se resistió a utilizar esa vía formal para adquirir sus casas. Desconfiados del sistema asistencialista y caracterizados por una fuerte tradición política de izquierda, decidieron buscar ellos mismos su terreno para desarrollar un proyecto de vida propio. No querían solo tener una casa donde vivir. Querían que fuera de buena calidad, que quedara en la misma comuna y que les permitiera seguir viviendo en comunidad con sus vecinos de toda la vida. Un estándar que está lejos del proyecto inmobiliario promedio que se llueve en invierno y queda a las afueras de la ciudad.

- Todos creen que el subsidio es normal, como pagar por la educación. Nosotros luchamos por el reconocimiento constitucional de la vivienda como un derecho en vez de un bien de consumo. Un derecho que debe ser asegurado por una ley, para que sea una política de Estado y no de Gobierno-, explica Aland, que es coordinador nacional del movimiento, desde la sede de Ukamau.

“Luchar, crear, poder popular”, se lee en la fachada de la sede ubicada en uno de los estrechos pasajes del barrio Los Nogales, a algunas cuadras de la que fue la casa de Víctor Jara. La sede del movimiento fue construida por la primera generación de la organización, motivados por tener un centro de reuniones. Por esa época los vecinos que trabajaban de maestros de construcción hicieron la primera corrida de ladrillos para enseñarles al resto a construir. De ahí para arriba, los muros están llenos de imperfecciones. Doris y Aland se ríen: es evidente que no fue construido por gente experta.

Esos mismos muros hoy están plagados de afiches. Fotos de Allende, de Fidel, del Che. Banderas rojinegras y banderas mapuche. Entre todos los adornos hay dos tesoros. El primero es una colorida wiphala (bandera en aimara) firmada por la hija de Evo Morales, que estuvo en esa misma habitación compartiendo con ellos. El segundo es una bandera de Ukamau que fue bendecida por el papa cuando Doris viajó a Bolivia como representante de Chile por el encuentro de Movimientos Sociales durante la gira del pontífice en julio. La vocera muestra orgullosa la reliquia enmarcada en vidrio.

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En esas dependencias los vecinos organizan bingos, clases, talleres de política, asambleas e invitan a expertos en distintas materias para que les expliquen en qué consiste la reforma laboral o la ley de pesca. Lo que pasa es que Ukamau no busca casa, busca un cambio social transformador.

- Tenemos una diferencia con muchos comités. Eso de “me salió casa”, como si fuera una cosa instantánea… ahí no hay una visión de vida comunitaria, de sociedad. Nosotros queremos terminar con esa lógica de expulsión de los pobres hacia la periferia de la ciudad. Buscamos la construcción de espacios participativos donde la gente decida cómo quiere vivir, las necesidades que tiene para poder construir la vida buena, como le decimos. Pero no ha sido fácil porque el Estado lo único que quiere es que la gente se ponga a la fila y espere-, dice Doris.

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LUCHAR POR LA VIDA BUENA 

Investigando, los miembros de Ukamau averiguaron que EFE pretendía deshacerse de la maestranza San Eugenio. El sitio estaba en la comuna en la que vivían, donde tenían sus colegios, sus amigos, sus trabajos. Y lo cruzaban los mismos rieles que trajeron a sus abuelos desde el campo en plena revolución industrial. Este era el lugar indicado.

Comenzaron las negociaciones con la empresa y exigieron al Serviu que se involucrara en los acuerdos, pero tener la atención del servicio no fue fácil. Participaron en mesas de trabajo, han marchado, cortado calles, incluso se tomaron las dependencias del municipio de Estación Central y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En medio de esa lucha, Emilio Becerra tomó contacto con ellos para desarrollar el proyecto junto a Pamela González, ambos alumnos de los Castillo en la Arcis. Los profesores, asombrados de la resistencia de Ukamau y la fórmula con la que pretendían obtener sus viviendas, se involucraron activamente en el proyecto.

Comenzaron a asistir a las asambleas de Estación Central en el centro de la organización, de las cuales Fernando Castillo Velasco alcanzó a asistir a un par antes de fallecer en 2013. Los tres arquitectos que siguen adelante con el plan, en conjunto con los vecinos, revisaron los planos y los afinaron hasta llegar a puerto: 424 departamentos de 62 metros cuadrados -en vez del promedio de 55- que dan a una gran plaza central y están equipados con tres habitaciones, una cocina, un baño y un living comedor.

Con plano en mano se presentaron al Serviu y, luego de años, acaban de llegar a un acuerdo inédito que permitirá a los pobladores la construcción de sus futuras viviendas en un paño de tres hectáreas. Cristián Castillo dice que ayudó la voluntad del actual director del Serviu, Alberto Pizarro. Hace unos meses, el funcionario destacó el proyecto de Ukamau en diario La Tercera por la cercanía que tendrá al transporte público y a servicios básicos. “Estamos desarrollando un proyecto habitacional de manera colaborativa con la comunidad, gestionando espacios de otras reparticiones del Estado”, dijo.

Según lo acordado, Cristián, Pamela y Emilio trabajarán a honorarios como profesionales independientes para el Estado con el único fin de desarrollar este proyecto. Por su parte, Ukamau hará de “constructora solidaria”, un grupo organizado constituido por las familias que habitarán el proyecto que será garante del Estado y contratará los servicios de construcción. La paga funcionará igual que con el modelo inmobiliario: la constructora irá mostrando metas de trabajo y el Estado entregando adelantos en dinero.

- Es muy inédito lo que está ocurriendo con este proyecto, es un caso bastante único en el país. Lo bueno es que se asegura responsabilidad porque los constructores son quienes van a habitar las viviendas; van a firmar y no se van a arrancar como una empresa, si son los propios habitantes. Además esta constructora no tiene afanes de lucro; las utilidades se revierten en el proyecto, entonces tenemos como un 25% más de presupuesto- explica Cristián Castillo desde su oficina en La Reina.

A su lado cuelga el plano del conjunto habitacional de la maestranza. Está cambiando los últimos detalles. En esto estaba cuando se acercó al Serviu para proponer que las viviendas tuvieran acceso al gas por cañería en vez de balón, como suele ser en estos conjuntos. La respuesta del funcionario lo dejó perplejo: “No se puede hacer eso. La gente no paga”.

Por esos mismos días, Ukamau convocó una asamblea para que las familias tomaran una decisión importante. Según la ley, las viviendas que están a más de 30 metros de una calle deben pagar contribuciones luego de 25 años, que era el caso si el proyecto se hacía con una gran plaza al interior. La otra opción era hacer hileras de edificios cruzados por calles. La votación fue unánime: todos los pobladores optaron por pagar contribuciones.

- Eso es aceptar que tú tienes que aportarle a la sociedad con recursos para que pueda, por ejemplo, hacer más viviendas sociales. ¡Fue por unanimidad! Mientras un funcionario se atreve a decir que no pueden innovar porque no pagan. ¿Te das cuenta de la diferencia? El Estado tiene un gravísimo problema: le tiene terror a las organizaciones populares. No puede ser que tenga esa mirada, queremos una nueva modalidad donde los protagonistas del proyecto de vivienda sean quienes las van a habitar. La cosa va a cambiar cuando este proyecto termine. Nadie va a ser el mismo-, afirma convencido Cristián, que espera comenzar la construcción de la obra el próximo año.

Felices con la noticia, las familias que vivirán en esas casas se están integrando a su nuevo barrio. Todos los jueves asisten a las mesa barrial de San Eugenio y ya armaron un equipo de fútbol infantil que agrupa a 120 niños. Se llama Gallo Rojo, en memoria de los movimientos españoles antifranquistas.

Por su parte, Doris y Aland cuentan que no vivirán en el barrio que tanto han anhelado. “Queremos hacer otros barrios, nosotros vamos a seguir construyendo desde acá. Esta es nuestra trinchera”, concluye la vocera de Ukamau dentro de los muros que sus antepasados levantaron a puro esfuerzo.

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