“Nuestro compromiso siempre, con el cuidado y protección del Medio Ambiente, en cada uno de nuestros procesos”.  Mayo, 2015.

Como una dramática paradoja el calendario de la multinacional belga Nyrstar, propietaria de la mina El Toqui, cuelga de una de las paredes de la sede vecinal de Alto Mañihuales.  En un rincón, un pendón de la compañía da cuenta de su apoyo constante a las familias de campesinos que han vivido a su alrededor y que incluso han formado parte de sus operaciones.  Trabajando principalmente en el proceso de producción de zinc (y en menor medida de plomo, plata y oro), pero siendo afectados también por el de descarte.  Los pasivos de los cuales la minería en Chile nunca se ha hecho cargo en propiedad y que se desperdigan por todo el país. Contaminando tierra, aire y agua.  Contaminando la vida de miles de chilenos y chilenas.  E intentando también, aunque suene irracional, intoxicar el mar.

Es lo que ese día nos reúne en ese lugar.  Los relaves.  Por la ventana de la sala de reunión es posible ver a menos de 500 metros uno más de los varios que desde 1983 se han levantado en el sector.

Durante más de dos horas de ese 12 de mayo se entrevista un grupo de pobladores con autoridades de Salud, Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Buscan las respuestas que pasados ocho meses aún no llegan.  Y exigen soluciones.  Porque su problema es de vida o muerte.  Literal.

 

EL LARGO Y LENTO CAMINO DEL PLOMO

Fue la muerte de dos vacunos el 14 de agosto de 2014 en Alto Mañihuales lo que encendió las alertas.  Este sector rural se ubica a 50 kilómetros del poblado más cercano (Villa Mañihuales) y este a 90 de la capital regional, Coyhaique.  En esta ciudad viven más de 50 mil habitantes alejados –espacial y emocionalmente- de la incertidumbre de sus coterráneos, familias completas que por más de tres décadas han debido aceptar como vecina a una empresa que al parecer los ha ido matando lentamente.  Partió a principios de los 80 y en estos 30 años ha ido cambiando sistemáticamente de controladores, hasta llegar en 2011 a manos de Nyrstar luego de que esta absorbiera a su anterior propietaria, la canadiense Breakwater Resources.  En 2013 produjo 23.100 toneladas de concentrado de zinc, 1.200 de plomo, 41.900 onzas de oro y 142.200 onzas de plata.

Junto a los dos vacunos que finalmente pasaron a mejor vida, el comportamiento anormal y la diarrea de otros cuatro generaron alarma en la zona, haciendo sospechar de intoxicación por contaminantes.  Al ser un sector que deslumbra por sus bosques y ríos prístinos, libre de alta densidad poblacional, las miradas lógicamente se posaron sobre la minera.

A fines de septiembre, el SAG hizo públicos los resultados de sus primeros análisis: la presencia de plomo y arsénico habría originado la muerte de los animales.

Las autoridades se escandalizaron.  Y anunciaron drásticas medidas para proteger la salud de las personas. “Existe preocupación por el impacto que esto pueda tener en la ciudadanía” dijo en la ocasión el gobernador de Coyhaique Cristián López. Y aseguró operativos desde Salud, Medio Ambiente, Minería y Agricultura.

De parte de Salud confirmaron las medidas. A fines de septiembre la seremi Ana María Navarrete afirmó que “nosotros estamos haciendo gestiones con la subsecretaría de Salud Pública para iniciar una toma de muestras, dentro de los pobladores que están más cercanos a este relave, para buscar algún síntoma de contaminación sanguínea”.   El compromiso era tener los resultados a mediados de octubre. En paralelo, continuaban las investigaciones de Medio Ambiente y Minería.

En el intertanto la SMA sancionaba a El Toqui por incumplimientos ambientales constatados también por Sernageomin, Conaf y la Dirección General de Aguas “por vertido de relaves contaminantes”… ¡durante los años 2013 y 2014!  Fueron dos autodenuncias producto de la muerte de peces y contaminación de los cursos hídricos del área.

En todo este lapso la comunidad siguió viviendo expuesta a la contaminación que el Estado no pudo (o no quiso) detener.  Autoridades que no dudaron en aclarar que no se podía culpar a nadie aún: “Es un proceso muy complejo en donde no es posible establecer responsabilidades a priori", señaló a principios de este año la seremi de Medio Ambiente Susana Figueroa.

Una vez que el Colegio Médico anunciara a mediados de enero que llevaría adelante estudios paralelos a los que impulsaba el gobierno, desde este se apuraron en señalar que “se está trabajando de manera oportuna, estamos trabajando con una mirada global que nos permita hacer luego una evaluación de la población aledaña, siempre y cuando esto esté autorizado”.  Las palabras de la seremi de Minería Ana Valdés sonaron un poco extemporáneas, ya a cinco meses de conocido el caso de muerte intoxicación de los vacunos.

Y así, fueron pasando los meses.  Y la preocupación entre las familias continuó.

Hasta que el toxicólogo del Colegio Médico y presidente del Departamento de Medio Ambiente de la orden, Andrei Tchernitchin, entregó a mediados de abril los resultados de los análisis. “Las concentraciones de dichos elementos son más elevadas que lo esperado para dicha zona geográfica, lo que supone un origen antropogénico” fue la conclusión.  En algunas muestras impensablemente más altos que los niveles aceptados a nivel internacional. “En el caso del arsénico su concentración sobre pasa en más de 100 veces los niveles aceptados en Canadá para suelos urbanos, agrícola comercial o industrial. En el caso del plomo los niveles encontrados son casi el doble de lo permitido en suelo agrícola, y más del doble de lo permitido en Suiza” consignó la prensa local.

Los antecedentes no cayeron bien en el ministerio de Salud.  La titular regional de la cartera salió a responder a los pocos días: “Hemos hecho distintos estudios y preferentemente lo que se refiere a estudios de agua, del consumo que toma allí la población y muy importante recalcar de que el consumo es apto para la población y no trae riesgos a la salud, está dentro de la norma”.

Y siguieron pasando los días.  Las semanas.  Los meses.

A principios de junio de este año, casi diez meses después de que se constatara la muerte de los animales y que las familias golpearan múltiples puertas, la autoridad sanitaria regional solicitó iniciar el protocolo para la toma de muestras de sangre y orina a las familias afectadas.  Contemplando la aprobación del procedimiento, la toma de muestras y los análisis, el resultado podría estar en unos tres meses más.  En octubre de este año.

Lo último que se supo fue el reportaje de la revista El Sábado de este fin de semana que, bajo el título “Campo minado en Alto Mañihuales”, dio cuenta, a todo un país, de la realidad que viven cuatro familias de las lejanas tierras de una aún más lejana Patagonia.  Gladis Vera y Gladis Huenchumir no solo comparten el nombre y la edad, 31 años.  También el haberse convertido en voceras de la injusticia ambiental que se vive en aquellos recónditos parajes.

Ellas, junto a sus familias, hoy luchan solas.  Con el sentimiento de haber sido despojadas de sus derechos, como aquel que asegura a todo ciudadano la garantía de “vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. Una que, al parecer, el Estado en aquellos lugares no tiene cómo (o no cuenta con la voluntad de) garantizar.  Alto Mañihuales no es Coyhaique.  Tampoco Santiago. Y menos Las Condes.  Al parecer, aquí no vale eso de la igualdad de derechos.

Son familias que todo indica deberán seguir enfrentando por su cuenta los impactos de una gran empresa, a vista y paciencia de sus autoridades.  Baste un ejemplo: solo un par de días previo a la aparición de la primera ya famosa vaca muerta, el gobernador de Coyhaique se reunió con la comunidad y comprometió “exámenes para ver si la nube de polvo del relave genera o no impacto en la comunidad”.

Solas porque no cuentan con el apoyo de la junta de vecinos local.  La propietaria de la sede en cuya pared pende el calendario de Nyrstar.  No es extraño, una parte importante de los casi 400 trabajadores directos y 200 indirectos de El Toqui pertenecen a las comunidades cercanas.  La historia la hemos visto en muchos pueblos.  El enfrentamiento entre vecinos, incluso familiares, que luchan por dos derechos constitucionales: el del trabajo y a vivir en un medioambiente libre de contaminación.

En una sociedad de derechos sociales garantizados (educación, salud, vivienda, previsión, educación) será más difícil que existan quienes deberán sacrificar su vida y salud para acceder a ellos.  Esa sociedad hoy no es la nuestra.  Y mientras ello no cambie, seguirá habiendo Altos Mañihuales, Gladis y tranques de relave que no solo contendrán desechos tóxicos sino también los sueños de hombres y mujeres que creen tener derecho a una vida donde no te mate el aire que respiras, el suelo que pisas o el agua que bebes.

Es hacia ese futuro donde debemos avanzar.