Un incidente que nuevamente pone en entre dicho la gestión y probidad al interior de Carabineros salió a la luz este martes, que se conoció del tráfico de armas al interior de la comisaría de Talagante de un grupo de funcionarios, que ha desviado 118 armas al mercado informal entre revólveres, pistolas y escopetas que eran vendidas por cerca de $2 millones cada una.

Según publica La Segunda, el hecho fue detectado por el Ministerio Público, y el fiscal jefe de Talagante, Heriberto Reyes, señaló que “Carabineros eran los líderes de este aparataje”. Hasta el momento hay un total de 30 personas detenidas que este martes estaban en la audiencia de formalización.

"Tenían montada una verdadera asociación ilícita para obtener armas de fuego, registrarlas con todo el procedimiento y luego venderlas en el mercado negro a delincuentes. Identificamos armas que fueron usadas en homicidios y asaltos. Solo ellos podían hacerlo, porque concentraban todas las facultades para fiscalizar. En manos de los delincuentes quedaban armas nuevas, de última generación", agregó.

Las facultades para fiscalizar a las que alude Reyes son aquellas que en 2005 fueron traspasadas desde el Ejército a Carabineros en la Ley de Control de Armas, que además establece que las unidades fiscalizadoras de los uniformados dependen de la comisaría que les queda más cercana.

Entre ellas se encuentra la unidad 035, sujeta a la Comisaría de Talagante, y en la que trabajaba Fernando Alvial Soto (51). La publicación del vespertino detalla que ante él se presentaban distintos lugareños a los que les pagaban $80 mil por figurar inscribiendo armas de fuego que nunca vieron, pero que una vez que se cumplían las formalidades, ellos denunciaban como extraviadas.

Para pasar el examen psiquiátrico que exige la inscripción, Alvial y sus socios tenían a mano a un especialista, el psiquiatra Alberto Martínez Amurrio, que tiene su consulta en el centro de Santiago y que entregaba el certificado médico a quien acompañaba a los supuestos del arma. Esa persona era Marcelo Catalán (45), quien tiene inscritas dos armas Glock de 9 milímetros, que luego habría entregado a dos presuntos delincuentes.

Según detalló el jefe de la Prefectura Occidente de la PDI, Alejandro Mena, dijo que "detectamos algunas armas de calibre 40. Una fue usada en un homicidio en 2016 en Rancagua".