En junio de 2017 Facundo Jones Huala manejaba por la Ruta 40 a 50 kilómetros de la salida sur de Bariloche. “Sabés quién soy”, le dijo al oficial que detuvo su auto. Lo trasladaron directo al penal de Esquel. Al otro lado de la cordillera también caía preso Héctor Llaitul, para después ser liberado por el escándalo del montaje de la Operación Huracán, una operación de inteligencia que incluyó chat y comunicaciones falsas.

Un año y dos meses más tarde Jones Huala vuelve a Chile. Ayer se cumplían los diez días hábiles que tenía el gobierno argentino para pronunciarse sobre su extradición. Mauricio Macri guardó silencio y con ello avaló el pedido de la justicia chilena. El Comité de Derechos Humanos de la ONU le había pedido a la Argentina frenar el traslado hasta analizar el caso. El gobierno argentino desconoció esa resolución y lo sacó del penal de Esquel sin notificar a nadie. Sus abogadas se enteraron cuando Jones Huala viajaba en el helicóptero rumbo a Mendoza, desde donde los subieron a un avión para ir a Chile.

A sus 32 años Jones Huala no es un desconocido. Es la máxima autoridad del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, la comunidad que ha luchado para recuperar su territorio ancestral en manos de la multinacional Benetton.

El lonko cayó detenido solo unas horas después de una reunión privada entre los presidentes de Chile y Argentina, Michelle Bachelet y Mauricio Macri. Jones Huala es requerido por la justicia chilena desde el año 2013 en la investigación por el atentado incendiario en el fundo Pisu Pisué.

La vida de Jones Huala cambió desde que se lo vinculó al atentado. Primero en Chile y después en Argentina él y su círculo cercano fueron objeto de seguimiento, le interceptaron el teléfono y trataron de monitorear sus movimientos. En Chile lo hizo la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). En Argentina, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El Ministerio Público recopiló 9 tomos de investigación sobre la causa Pisu Pisué. Cientos de pruebas, especies periciadas y más de medio centenar de testigos fueron parte del juicio que se desarrolló en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia. La sentencia, de más de 240 páginas, terminó sin ninguno de los imputados en la cárcel.

El juicio oral se desarrolló en 2014. El Ministerio Público, junto al entonces gobierno de Piñera como parte querellante, acusó a Francisco Facundo Jones Huala, Fennix Delgado Ahumada y Cristián García Quintul del delito de incendio por un ataque incendiario que afectó el fundo Pisu Pisué, en la comuna de Río Bueno. A la machi Millaray Huichalaf Pradines, Tito Cañulef Neipan y Alex Bahamondes Garrido los acusaron de encubrimiento de los primeros tres.

En el transcurso del juicio no se logró demostrar la participación de ninguno de los imputados en el incendio de enero de 2013. Solo se condenó a la machi Millaray Huichalaf bajo la cuestionada figura del encubrimiento de un delito que, hasta ahora, no tiene autores.

La carpeta judicial del juicio refleja varias situaciones llamativas. La inclusión de una multiplicidad de pruebas proveniente de otras investigaciones con distintos RUC (Rol Único de Causa, el número con el que se identifica una causa en el Poder Judicial) que no tenían que ver con el incendio en Pisu Pisué, y el particular interés que tenían la Agencia Nacional de Inteligencia y la Policía de Investigaciones respecto de Facundo Jones Huala y de la machi Millaray Huichalaf.

Varios policías reconocieron en el juicio que el grupo de los 6 acusados, más otras personas ligadas a ellos, fueron objeto de interceptaciones telefónicas y seguimiento fotográfico por agentes de la ANI.

El primer objetivo fue la machi Millaray Huichalaf, quien apareció en el radar de la policía cuando se mudó a la zona a fines de la década pasada. La autoridad mapuche se volvió, además, la cara visible de un movimiento local que se opuso a la instalación de una central hidroeléctrica de propiedad de la empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. En ese entonces estaba ligada al ex senador de la UDI Jovino Novoa y el ex ministro de Pinochet Hernán Buchi. Hoy, pertenece a capitales noruegos. Pilmaiquén está desarrollando tres proyectos hidroeléctricos en la zona.

Parte de las pruebas de otras investigaciones que fueron incluidas en la acusación tienen que ver con otros atentados en la zona, que respondían al mismo modus operandi que Pisu Pisué y en los que “podría estar vinculada la machi Huichalaf”, como dijo Francisco Ruz, subinspector de la PDI.

La ANI intervino el teléfono de la machi y la siguió a través de fotografías, según reconocieron los oficiales de la PDI que declararon en el juicio. A través de ella comenzaron a investigar a una amiga suya, quien, según dijeron los policías, le pasó su celular a un ciudadano argentino. Al tiempo lo identificaron como “el Facu”.

Alejandro Pino Medina, funcionario de la PDI, declaró que se tenía información de un ciudadano argentino que estaba en Temuco desde por lo menos 2008. A través de la interceptación telefónica dieron con Facundo Jones Huala y comenzaron a seguir sus movimientos. En junio de 2012 la policía sabía que entraría al país a visitar a un hijo, a dónde llegaría y quién lo recibiría en la capital de la novena región.

Según declaró el subinspector Jaime Salzar Valeria, quisieron “descartar o confirmar una organización criminal”, razón por la que monitorearon la actividad del grupo y las redes de apoyo que tenían Jones Huala y la machi Millaray. Para hacerlo se ampararon en la Ley de Inteligencia Nacional (N°19.974).

El oficial Pino Medina dijo textualmente que a Jones Huala lo investigó la ANI y que puede realizar diligencias sin orden judicial cuando enfrenta “grupos subversivos”. “Era de carácter violento y ocultaba su identidad con capuchas y siempre actuaba de noche”, dijo el PDI, quien también aseguró que pusieron los ojos sobre Jones después de “googlear” la frase “PU Hueichafe Resistencia Ancestral Mapuche”, utilizada, según ellos, para reivindicar atentados incendiarios en Villa La Angostura, Argentina. La policía argentina contribuyó con información respecto al lonko.

Testigo protegido

La ANI la aseguró que recibió información “de parte de un testigo protegido” de que en la casa de la machi se estaban “quemando evidencias”. El 30 de enero de 2013 la PDI hizo un allanamiento. En el lugar estaban Millaray Huichalaf, Facundo Jones Huala, Tito Cañulef, Fennix Delgado, Alex Bahamondes y Cristián García, los seis acusados en el caso Pisu Pisué. Todos fueron detenidos.

La policía incautó computadores, celulares, ropas, mascarillas, pistolas de fogueo, escopetas artesanales y cajas con cartuchos de bala, además de mapas, “cuadernos con dibujos del Che Guevara” y “hojas blancas con escrituras sobre temas mapuche”, según se lee en la acusación. También se incautaron lienzos con la consigna “resistencia Puelwillimapu”, los que la ANI comparó con los presentes en “marchas pro mapuches”.

Las armas encontradas no tenían relación con los disparos que he habían hecho en el sitio del suceso, según quedó probado en los peritajes que se acompañaron el juicio. Esto, sumado al hecho de que no había ninguna prueba directa que vinculara a Cañulef, Delgado, Bahamondes y García al atentado y que las víctimas fueron incapaces de identificarlos como los atacantes. El tribunal decretó la absolución de los imputados.

La situación de Millaray Huachilaf fue más compleja. Alberto Riquelme, la víctima que cuidaba el fundo esa noche de enero de 2013, identificó ciertas prendas encontradas en la casa de la machi Millaray como las utilizadas por los atacantes en el juicio. Mencionó guantes cortados en los dedos, un bolso rojo y un trozo de tela, entre otras cosas.

Esta declaración, argumentaron los jueces, terminó siendo clave para la condena a la machi. Riquelme, además, declaró que la machi había estado merodeando su casa una semana antes del atentado, haciéndose pasar por “mormona”. Si bien esto no tendría vinculación directa al atentado, el tribunal lo avaló como prueba y señaló que Huichalaf “no podía no conocer” que se realizaría el ataque.

Millaray Huichalaf fue condenada a 61 días de presidio efectiva, pena que para ese momento había cumplido tres veces: había pasado un total de 230 días en prisión preventiva esperando el veredicto.

La abogada Karina Riquelme, defensora en la causa Pisu Pisué, recuerda que las pruebas ingresadas por la ANI eran “similares a lo que entregaron ahora en Huracán”. “Mostraban que la machi Millaray dirigía la oposición a la hidroeléctrica. Es una prueba que criminaliza su posición como defensora del territorio, porque no existe prueba directa de que ella haya encubierto a alguien”, asegura.

Jones Huala se fue a Argentina en medio de todo el proceso, cuando fue liberado de prisión preventiva. El tribunal lo declaró “en rebeldía” por lo que los jueces no se pudieron pronunciar respecto a su inocencia. Pero Fennix Delgado, también acusado de ser atacante del fundo, fue absuelto por la inexistencia de pruebas.

La única diferencia es que al lonko se le imputó también el delito de porte de armas. Específicamente, una escopeta hechiza y municiones. Cualquier eventual condena debería considerar los tiempos de detención que ha pasado Jones en Chile y en Argentina.

Según consta el dictamen del primer proceso judicial, la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina -AFI, el símil de la ANI- incurrió en una serie de irregularidades en el proceso. El procedimiento entero terminó viciado “producto de manifestaciones extrajudiciales ralizadas por G. F. C., bajo coacción física y psíquica (…) El juez federal consideró que se hallaba impedido de evaluar la validez de lo actuado por la justicia de Chile como consecuencia de la ilegalidad del proceder de las autoridades policiales provinciales”, dice el documento.

Según se acreditó ese funcionario golpeó y torturó de otro comunero mapuche con el fin de obtener información de Facundo Jones Huala. “Fue durante 2014 y 2015 que la AFI hizo seguimientos ilegales contra Facundo y su familia. Esto quedó acreditado y ya hay un procesamiento contra el funcionario de inteligencia”, comenta a El Desconcierto Elizabeth Gómez, una de sus abogadas.

Después del encuentro entre Macri y Bachelet, Jones Huala volvió a ser detenido. El juez federal Gustavo Villanueva estimó que nadie se había pronunciado en el proceso anterior, respecto del fondo de la petición de extradición, por lo que se inició todo de nuevo.

Ayer Jones Huala viajó primero en helicóptero y luego en avión. En cada uno de los tramos fue eposado, con casco y chaleco antibales. En cada uno de los tramos, la policía se encargó de filmar y distribuir el material a los medios de comunicación.

* Este texto fue publicado en el marco de la Beca Cosecha Roja.