El miércoles 15 de agosto fue un día caluroso. Edwin Caicedo salió a comprar en la mañana y en la tarde estaba citado en las oficinas de Extranjería de la PDI, a presentarse para regularizar su situación migratoria.

Colombiano, de nueve años en Chile y con toda su familia acá, pensó que era un trámite más. Pero dos oficiales de la PDI llegaron hasta su casa a las 1 y media de la tarde. Le pidieron que los acompañara. No quería hacer problema, así que fue, sin más que su pantalón de buzo y una polera manga corta que se puso para el primaveral día de invierno. Desiree, su pareja, atinó a buscar su pasaporte y pasárselo. Esa fue la última vez que lo vio.

Con sus manos esposadas en su espalda, Edwin Caicedo Asprilla fue uno de los 51 ciudadanos colombianos que fueron expulsados del país la madrugada del jueves desde el Grupo 10 de la Fach.

Orgulloso frente a las cámaras, Andrés Chadwick Piñera, el ministro de Interior, anunció que estaban "ordenando la casa", en las primeras deportaciones masivas después del proceso de regularización migratoria que el mismo gobierno lanzó hace unos meses. El ministro anunció que esperaban llegar a la cifra de 2 mil migrantes expulsados en el año.

Edwin viajó esposado las ocho horas del vuelo Santiago-Bogotá. Vio cómo a otro colombiano lo golpearon en el estómago por reclamar para que le dieran un poco de agua. Salió del aeropuerto tal como entró al vehículo de la PDI, buzo y polera manga corta. Nadie lo esperaba en Colombia. Sin dinero en los bolsillos y sin familia directa -su madre, hermana, hijo y sobrinos viven en Chile- escarbó en contactos lejanos, que no veía desde hace 9 años, para conseguir dinero para los pasajes a Calí, donde vive la otra parte de su familia.

El año 2006, Edwin Caicedo Asprilla fue condenado por el Juzgado Décimo Penal Municipal de Colombia por el delito de hurto agravado. Por no tener antecedentes y por las características del delito, cumplió su pena en libertad condicional. El 15 de mayo de 2009, se decretó su libertad definitiva. 

Ese mismo año llegó a Chile, pidiendo ser refugiado por amenazas de las FARC. En nueve años armó su vida acá, hasta la madrugada del jueves cuando, con orden de expulsión el mano, la PDI se lo llevó de vuelta a Colombia por un delito por el que ya pagó.

[caption id="attachment_234953" align="alignnone" width="640"] Ministro Chadwick anunció ayer la meta de 2 mil migrantes expulsados en el año / Agencia Uno[/caption]

"El Trump de América Latina"

- Lo sacaron como delincuente, entre violadores, asesinos. Quiero que me lo regresen- cuenta Desiree Flores, su pareja desde hace dos años.

Tiene rabia e impotencia. Desde que lo dejó en el auto de la PDI, no supo más. Agarró ropa y comida y partió al cuartel de Extranjería, en la calle Eleuterio Ramírez. Le dijeron que lo podría ver a las 5 de la tarde. Después a las 8. Le aseguraron que estaba "bien cuidado".

A las 9 llegaron los abogados de la Clínica Jurídica de atención a migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, que tomaron su caso hace unos meses. No encontraron a Edwin ni en las sedes de Eleuterio ni en Seminario.

"Hay que distinguir", explica Macarena Rodríguez, directora de la Clínica jurídica de la UAH. Por un lado, está el grupo de colombianos que cometieron delitos graves en Chile, como narcotráfico, violación o homicidio. La expulsión de ellos, dictada en sentencia judicial como pena sustitutiva, está en regla con la ley. "Eso no tiene ningún reproche", dice la abogada.

- El caso particular de Edwin -continúa- es que hay que hacer una ponderación de razonabilidad antes de ejecutar una medida así, porque la expulsión de alguien con arraigo en el país es muy grave, es cortar vínculos su familia, es que pierda todo. Él cumplió su pena en Colombia íntegramente y después vino a Chile.

Edwin, por la expulsión, tiene prohibición absoluta de entrar a Chile, donde vive su familia.

Abogados expertos en derecho migratorio aseguran que en los últimos meses los tribunales de justicia le han dado un verdadero "tirón de orejas" al gobierno con sus órdenes de expulsión. Fallos de la Corte Suprema dan cuenta que no puede fundarse la expulsión de un ciudadano extranjero exclusivamente en la comisión de un delito.

En el caso de Angelo Badaracco Moscoso, quien presentó un recurso de amparo ante su expulsión del país, la Corte de Apelaciones sentenció que "el ordenamiento punitivo chileno es categórico en cuanto a que ningún delito puede castigarse con otra pena que la que señala la ley (...) no corresponde sancionarlo dos veces por una misma conducta, como lo sería la expulsión del país".

El Decreto N°143, firmado por el Ministerio del Interior, dispone la expulsión de Edwin, basado en su condena a 32 meses de prisión el año 2006. La noche del miércoles, sus abogados presentaron un recurso de amparo a su favor apuntando a estos hechos, a que él no ha cometido ningún delito estando en Chile y que su expulsión correspondería a una "grave violación del mandato constitucional del Estado para la protección de la familia".

Durante los nueve años que estuvo en Chile, tuvo problemas con obtener su visa. Hace unos meses, en el proceso extraordinario que inició el gobierno de Sebastián Piñera, asistió y presentó todos sus papeles. Esperaba, con el tiempo que lleva acá, no tener problemas.

[caption id="attachment_234956" align="alignnone" width="576"] Edwin Caicedo[/caption]

"Esto lo hicieron un día feriado para que la gente no pudiera defenderse", insiste Desiree. Acaba de hablar por teléfono con Edwin, quien llegó ayer en la noche a Calí. Esta indignada por el trato que recibió su pareja.

"Lo que está haciendo el presidente es quedar como el Trump de América Latina. Lo dejaron allá botado como un animal, no respetaron sus derechos. Está dolido", dice, anunciando que "llegará hasta las últimas" para que Edwin pueda regresar al país.