Desde su inicio, las Becas CONICYT para Doctorado Nacional han incluido por convenio la posibilidad de acceder a beneficios para gastos operacionales asociados a la ejecución de los proyectos doctorales, la realización de pasantías o cotutelas, extensión de beca para finalización de tesis. Por distintas generaciones, estos beneficios han resultado fundamentales para complementar la formación integral y la correcta ejecución de cada proceso de investigación. Sin embargo, sin presentar análisis que justifiquen y consideren el impacto de la medida, de manera unilateral, CONICYT ha tomado la decisión de cambiar la lógica de asignación y hacer un recorte presupuestario.

A fines de 2017, debido a la modificación del procedimiento de asignación de Beneficios Complementarios de becas CONICYT para Doctorado Nacional, casi 200 becarias y becarios de distintas universidades del país nos organizamos para expresar nuestro profundo rechazo y preocupación ante el escenario de inminente precarización de nuestras condiciones de trabajo como investigadora/es en formación. Esta medida unilateral fue notificada solo tres días antes de su puesta en marcha. En ella se señalaba que, debido a la falta de recursos, los beneficios complementarios de las becas (pasantías, gastos operacionales, extensión de beca, cotutela) serían sometidos a una lógica de concurso con fechas fijas de postulación y no por ventanilla abierta, como venía efectuándose hasta esa fecha. Esto no solo significaba un cambio de las reglas bajo las cuales firmamos nuestros contratos con CONICYT, sobre todo, afectaba seriamente los proyectos doctorales en curso. Frente a esto, elaboramos una carta dirigida a CONICYT e iniciamos una campaña de denuncia en redes sociales, logrando con ello que se pospusiera su abrupta implementación para 2019.

Ante este escenario, en enero del presente año, se llevó a cabo a una reunión en CONICYT en la que participaron compañeras en representación nuestra, junto con representantes de la Asociación Nacional de Investigadores en Postgrado (ANIP) y de Redes Chilenas de Investigación (ReCh), organizaciones que se han sumado a nuestro reclamo. En dicha instancia, CONICYT ratificó la entrada en vigor de la medida para el 2019.

No obstante lo anterior, desde el mes de abril CONICYT dejó de tramitar las solicitudes de estos beneficios argumentando restricciones presupuestarias. Esto se ha concretado en dos modalidades de respuesta por parte de CONICYT:

a) la tardanza en la emisión de las resoluciones, que en algunos casos exceden el período estipulado, dejando en vilo muchos proyectos y compromisos económicos e institucionales establecidos
b) el rechazo expreso de CONICYT a muchas solicitudes de beneficios complementarios por “ausencia de presupuesto” y dejando sujeta su tramitación a una vaga e incierta “espera de la aprobación de recursos adicionales”. Si bien este escenario es más crítico para becarias y becarios cuyas investigaciones se encuentran en las fases finales, en rigor afecta a todos los proyectos en ejecución. Debido a esto, ya existen personas en la inaceptable situación de tener que conseguir fondos para investigación mediante créditos bancarios. Esto no solo redunda en una muy severa interferencia en los procesos de formación y en la calidad de sus eventuales resultados, sino también en que muchos compromisos con equipos académicos y con instituciones extranjeras están siendo obstruidos por una gestión descuidada y vergonzante por parte de CONICYT.

Todo lo anterior da cuenta no sólo de la precariedad institucional y vital en la que nos encontramos becarias y becarios sino, sobre todo, de la errática política del Estado chileno respecto de la formación de Capital Humano Avanzado y de fomento del desarrollo científico. Cuestión que parece aún más aberrante y contradictoria si se considera que el pasado 31 de mayo se aprobó en el Congreso Nacional la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento.

El giro dado por CONICYT afecta a todos los proyectos en ejecución que fueron diseñados sobre la base de una razonable consideración de los recursos estipulados en el convenio de becas. Cabe subrayar que es primera vez en la historia de este programa que se somete a becarias y becarios a una situación de privación generalizada de beneficios consignados por convenio. Resulta indignante la inoperancia, la falta de  transparencia y de criterio por parte de CONICYT; institución que ha sido incapaz de administrar los recursos del Estado chileno comprometidos para asegurar la buena gestión de las becas de cada una/o de las/os becarias/os seleccionados, vale decir, para que logremos formarnos como científicas/os de manera exitosa y en tiempo razonable. El clima de frustración, incertidumbre y perplejidad es transversal a becarias y becarios. Hemos sido seleccionadas y seleccionados por un programa nacional de formación de “capital humano avanzado” por el mérito de nuestra trayectoria académica y científica, por la calidad de nuestras investigaciones y, sobre todo, por las  contribuciones que podamos hacer al desarrollo del país. Un programa de Estado con estas pretensiones debiese, al menos, asegurar planificadamente el financiamiento de las condiciones de trabajo adjudicadas por concurso público. Se trata de dar garantías al ejercicio del derecho establecido potencialmente en el convenio firmado. No estamos hablando de cifras descomunales, como el desproporcionado flujo de recursos que CONICYT sí destina y traspasa directamente a instituciones privadas extranjeras, por ejemplo, de Estados Unidos e Inglaterra, vía otros programas paralelos de formación. Acá solo se trata de ítems necesarios para complementar nuestra formación integral como investigadores y que están establecidos expresamente como posibilidad en los convenios suscritos. Creemos que si se concretan los tan mentados ajustes presupuestarios en esta línea, estos deberían tener correlato en las próximas bases concursables, pero en ningún caso llevarse a cabo mediante un recorte arbitrario que precarice las condiciones materiales de los proyectos ya en desarrollo.  

Ya sumamos una red de más de 600 becarias y becarios organizadas/os con el respaldo de nuestras autoridades académicas correspondientes. Manifestamos nuestro más rotundo rechazo ante el actual proceder de CONICYT y su gestión respecto de las Becas de Doctorado Nacional, que solo mantiene y acrecienta el paupérrimo estado de la generación de conocimiento en Chile. Nuestra actual situación es una evidencia más de la primacía del criterio economicista a-valórico, de la falta de sentido común y de la extraviada política pública respecto de la relevancia de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de nuestro país.