En su cuenta pública como jefe del Ministerio Público Jorge Abbott hizo polémicas declaraciones que se contradicen con la misma ideología liberal que tiene como principio preservar la igualdad de las personas ante la ley. Para esto sirve la “división de poderes del Estado” (al menos en teoría), que por lo mismo, da razón y es la base de la legitimidad de la justicia en las democracias liberales y representativas como la chilena.

Como es sabido, aunque la Constitución del 80 no sea de origen democrático sino dictatorial, las intervenciones de los poderes del Estado buscan — sobre todo los que aplican la justicia — salvar las apariencias respecto a las formas.

No así el fiscal nacional Jorge Abbot que se salió del libreto de la doctrina liberal al declarar:  “los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones, tomadas en sede administrativa, pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórum de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen”.

Y en entrevista radial al día siguiente, Abbott perseveró en su visión al declarar: “Hay parlamentarios que tienen una representación importante de personas, que durante el periodo en que estuvieron desaforados no tienen representación en el Congreso, y eso nos parece, a mí en lo personal, que altera el funcionamiento de la democracia, y si eso depende de un funcionario administrativo, me parece que su obligación es tratar de minimizar el tiempo en el que esa persona no tenga representación”.

En otras palabras, el fiscal nacional jefe Abbott nos está diciendo que a  los parlamentarios en particular y a los políticos en general hay que tratarlos con privilegios del cargo; que no pueden ser desaforados por la justicia porque cambian los quórums (“se altera la democracia”); es decir los diputados y senadores serían intocables o impunes por función en nombre de la gobernabilidad.

Según la doctrina Abbott, un presidente de la república por muy corrupto que sea en el ejercicio de su mandato no podría ser destituido por el solo hecho de haber sido electo y dejar a un país sin presidente.

Una aberración jurídica y política desde el punto de vista democrático. Un corrupto como Nixon tendría que haber terminado su mandato.

Lo peor es que Abbott desconoce los fundamentos de la democracia puesto que esta funciona con la división de poderes (Montesquieu), pero que este esquema que garantiza el control entre ellos, no sólo sirve para evitar la concentración del poder (fundamento político-filosófico del liberalismo desde sus inicios) sino que establece una balanza entre los poderes del Estado, que se chequean y controlan. Y generalmente es el poder de la Justicia o poder judicial con el manejo de la ley (en el cual se incluye el Ministerio Público) el que lo ejerce. Lo que significa necesariamente tensión entre estos aparatos del Estado.

Lo que hace el fiscal nacional Abbott es poner a los parlamentarios (a los corruptos) por encima de la ley. Al tomar partido por la elite política y los mecanismos de representación que la protegen y le da privilegios con respecto a la ciudadanía que los eligió (una especie de nobleza de toga monárquica). Más lejanos aún del control de los ciudadanos comunes y corrientes.

En otras palabras, si hay parlamentarios corruptos, según Abbott, éstos deben representar de todas maneras a los ciudadanos que los eligieron, aunque hayan sido comprados por las empresas (Corpesca-Ley de pesca,  SQM cohecho, financiamiento ilegal de campañas por ej.) y promuevan y voten leyes sin que los ciudadanos sepan cuáles son las verdaderas motivaciones.

Según el razonamiento de Abbott, es normal entonces que los congresistas y políticos engañen y manipulen a sus electores.

En definitiva, si los casos de prácticas políticas corruptas son recurrentes en Chile es, como Abott lo verbaliza, porque la justicia chilena tiene este sesgo de clase y de protección de la elite política que la hace preferir la estabilidad política a la justicia como garante del proceso democrático.

Fue lo que expresó el ex fiscal Gajardo: que los antecedentes para investigar a Bachelet y al actual presidente Sebastián Piñera eran “claros”. Y si esto no se hizo fue porque “las personas decididas a presentar querellas, Michel Jorrat y Cristián Vargas del SII, fueron removidos de sus cargos”.

Dos preguntas ciudadanas se imponen: ¿cuándo se termina el período de Abbott a la cabeza de Ministerio Público? ¿Y cómo se elegirá al nuevo fiscal?