No cabe duda que hay un anhelo en este país de hacer esfuerzos para que nuestros niños, niñas y adolescentes (NNA) sean felices, libres y gocen de sus plenos derechos. Este compromiso moral y ético nos interpela en tomar decisiones políticas consistentes en respeto a sus derechos humanos.

Dos nuevos servicios anunciados en el gobierno anterior durante año 2017 el Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia, para hacerse cargo de los Niños y Adolescentes vulnerables. Y el Servicio de Responsabilidad Adolescente, para hacerse cargo de los adolescentes infractores de la ley, son parte de la nueva institucionalidad, a partir de los cuales el actual gobierno coloca dentro de las diez medidas de un acuerdo nacional por la infancia. Cabe señalar, que en esta nueva estructura estatal será necesario considerar la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran también los adolescentes infractores de Ley, para que contemplen medidas de acción inclusivas, que garanticen oportunidades de desarrollo y una educación que transforme sus vidas.

En medida de “auditar y crear un sistema de información y evaluación de calidad de atención que reciben NNA”, esta atención debe ser la más adecuada para cautelar con ello el buen uso de los recursos destinados para la atención oportuna y de calidad para cada niño, niña y joven vulnerados en sus derechos, para ello y no caer en tiempos prolongados y de reiterados diagnósticos, contar con información que ya ha sido recabada por otros organismos y actores que han sido partícipes de acciones psicosocioeducativa en diversos centros.

De igual modo el anuncio de un “sistema de Defensoría de los niños y adolescentes que pretende asegurar calidad en su cuidado y protección”, debería establecer prolijos canales de colaboración y establecer potenciales redes con instituciones de salud, educación, organismos sociales y comunitarios, con los actuales organismos de colaboración del servicio de protección y resguardo, de modo de establecer acciones articuladas de mejoramiento en diversos ámbitos de acción.

Respecto de la medida de “Incrementar la subvención y profesionalizar la selección, capacitación y evaluación de su personal”, esto referido a los servicios de atención a NNA en situación de resguardo, resulta un imperativo que ya se estaba intencionando en la administración anterior, en el sentido de convocar a profesionales calificados. Al respecto, el ámbito de la educación en los centros de protección debe ser analizada en detalle, no debemos caer en homogeneizar sus objetivos, sino relevar y saber potenciar los atributos y condiciones individuales de cada niño, niña y joven.

Este abordaje debe ser relevado porque no basta que reciban educación, sino además velar para que ésta sea respetuosa de su condición humana, de sus trayectorias de vida como bien lo señaló el informe del INDH que NNA en situación de protección “debiesen recibir una atención aún más preferente por parte del sistema educacional.

El sistema de protección debiese tomar medidas adecuadas para favorecer no solo la continuidad del acceso a la educación por parte de estos niños y niñas, sino compensar las violaciones de derechos a las que ya han sido expuestos en relación a sus oportunidades de aprendizaje”. En tal sentido, la actual medida de un plan referido a la educación debiese ser una línea de acción prioritaria y coordinada intersectorialmente que promueva trabajo conjunto con escuelas a las que asisten muchos de los niños y niñas en situación de protección, porque el foco en lo educacional aparece en su mayoría situado en prioridad de acceso y asistencia, no así en el desarrollo y calidad de su trayectoria educacional.

En esta línea, políticas educativas como el propósito de la ley SEP y la creación de servicios locales de educación pública debiesen ser un actor activo y potencial en una red de apoyo y coordinación en esta materia. Este énfasis educacional debe ser amplio, intencionando acciones educativas con las familias que para todos los niños y niñas y jóvenes cuenten con condiciones favorables de vida y así evitar situaciones de institucionalización.

Al respecto, la medida planteada por el actual gobierno de un nuevo Ministerio de la Familia y Desarrollo Social, busca como se señala, “fortalecer la red de familias de acogida y el derecho de los niños de vivir en familia”. Al respecto, resulta fundamental potenciar en las familias el desarrollo de vínculos de modo de evitar situaciones de quiebre afectivo y de respeto a la condición de vida de sus integrantes; si bien se busca acelerar y simplificar los pasos de la ley de adopciones, dicho proceso desde una vereda resulta doloroso.

Otra medida de crear un sistema de “Alerta Temprana denominado-Alerta Infancia-“  para, de manera oportuna, identificar situaciones de riesgo en sus derechos. Dicha alerta debe ser ampliada hacia la familia, estar en alerta hacia las familias en situación más vulnerable, ya que son por lo general sus condiciones de vida material, educacional, de salud y otros, las que determinan la precarización y vulnerabilidad en sus vidas.

Muchos niños y niñas carecen de un entorno familiar y comunitarios favorable, y donde algunos trabajan y se autoexcluyen también de la educación, de sus juegos y, de sus derechos. Por ende, estar en alerta a las familias nos da la oportunidad de identificar y promover oportunidades, fortalecer sus potencialidades para mejorar las condiciones de vida, promover hogares protectores y atender, a al mismo tiempo, sus necesidades en temas de crianza y apego seguro para consolidar vínculos afectivos importantes entre sus integrantes. En esto es preciso la colaboración de todos los sectores para dar apoyo integral a las familias en salud mental, de modo impedir la transmisión de traumas y violencias.

La medida de cuidar y proteger a los niños y niñas garantizando la calidad de la educación parvularia, es un ámbito de acción que requiere una discusión amplia. Esto implica un nivel que es parte de un sistema educativo que ha estado en el debate tanto por su equidad como por la calidad, demandas que explicitan una visión amplia por una educación transformadora e inclusiva que identifique y elimine barreras de contextos, que enriquezca  formas de enseñar y aprender con el refuerzo de elementos pedagógicos con apertura al  aprendizaje familiar y comunitarios.

Pensar en una educación parvularia no es pensar en los tecnicismos de un nivel educativo, sino que es pensar en cómo vamos internalizando el desarrollo respetuoso e inclusivo de todos y todas. Partamos, por tanto, por una educación en primera infancia con pertinencia y compromiso familiar y comunitario, en armonía con una respetuosa condición humana; en sinergia y conexión con la salud pública para velar por una real protección y potenciación integral del desarrollo biológico y social de niños y niñas.

La acción comprometida  será  trabajar por los derechos humanos de los niños, niñas  y jóvenes, lo que requerirá ampliar la atención; esto implica a sus familias, es decir su entorno social primario que debe ser fortalecido desde el ámbito de la salud, la educación y otras áreas de trabajo intersectorial para evitar triste cifra del total de ingresos al año 2016 en el área de protección SENAME de 100.000 niños, niñas y jóvenes (según sus informes estadísticos); siendo unos de los más altos en el tramo de edad en primera infancia con un total de 43.145  niños y niñas  que abarca los 0 a 8 años de edad.

Cabe ampliar nuestro foco de prioridades para evitar ingresos, y a su vez realizar un prolijo trabajo de atención de salud, educativa integral a quienes son parte de la red Sename que enfatice en lo psicosocioeducativo, con paradigmas de potenciación de las capacidades de niños, niñas y jóvenes para no caer en la atención asistencial proteccionista y, con ello, generar situaciones de dependencia; a su vez no caer en criminalizar y victimizar, lo que implica revisar y socializar buenas prácticas de intervención.

Será preciso que las medidas anunciadas por el actual gobierno extiendan la mirada hacia el actual estado de la atención en salud y educación de los niños, niñas y jóvenes institucionalizados de la red Sename; a su vez, los que viven en pobreza, en indigencia, y en abandono en hospitales para que, de esta forma, se observen y atiendan los problemas estructurales de nuestra sociedad.

De igual modo impulsar la alianza cooperativa entre instituciones del Estado, organismos públicos y privados, la sociedad civil y la academia, que pueden contribuir en abrir debates, puentes de colaboración y propuestas basadas en el análisis, investigación y experiencia en post de mejoramiento y solución.