Esta mañana, a través de las redes sociales, el presidente electo Sebastián Piñera anunció quiénes estarán a cargo de las intendencias regionales durante su gobierno -antes de que estos pasen a ser cargos de elección popular-.

Entre los nombres estuvo el del militante de Renovación Nacional, Harry Jürgensen Caesar, quien fue diputado entre los años 1994 y 1998, y ha sido director de la Asociación Gremial de Ferias Ganaderas de Chile (AFECH) y de la Fundación Mi Casa -organismo colaborador del Sename, además de haber sido presidente del Holding Feria de Osorno S.A. y gerente general de Feria Ganaderos Osorno S.A. (FEGOSA).

El anunciado intendente de Los Lagos es el cuarto de los cinco hijos de Franziska Caesar -inmigrante suiza- y de Thomas Jürgensen -inmigrante alemán-. En tanto, el quinto hijo de ese matrimonio, Manfred, ha hecho noticia por otros hechos.

Fue en febrero de 2016 que Manfred Jürgensen Caesar y Luis Losada Valenzuela se convirtieron en los primeros doctores civiles condenados por colaborar con la CNI en crímenes de la dictadura, el primero como cómplice y el segundo como encubridor en el caso que terminó con la vida del mirista y profesor de Química Federico Álvarez Santibañez en agosto de 1979.

La sentencia del ministro Mario Carroza también condenó al coronel (r) Carlos Durán Low; al teniente coronel (r) Jorge Andrade Gómez; y al oficial de Ejército Jorge Vargas Bories a diez años y un día por el homicidio calificado de Álvarez.

Según relata un reportaje de The Clinic, un informe pericial del 29 de enero de 1982 había detectado en Álvarez una anemia, una deshidratación con encefalopatía urémica, una bronconeumonía, además de las causas de la muerte que habrían sido un traumatismo torácico con contusión pulmonar y una grave insuficiencia respiratoria. Todos antecedentes que no fueron detectados por los dos médicos que vieron a la víctima antes de su muerte.

Uno de ellos fue Manfred Jürgensen Caesar, quien interactuó con la víctima tres días antes de su muerte, el 18 de agosto de 1979. A pesar de que Raúl López, otro prisionero, y dos profesoras declararon como testigos de las torturas de las que Álvarez había sido víctima, Jürgensen aseguró tras su análisis que él solo tenía un "dolor de guata".

Jürgensen se excusó después argumentando que la muerte de Álvarez fue por una insuficiencia renal, pero el fallo señala que esto "no es suficiente para disfrazar su conducta de cooperación ilícita. Le estaba dando luz verde para que siguieran interrogando con misma intensidad, lo que él mismo señala diciendo que probablemente sus lesiones se originan con las torturas posteriores a su visita".

Finalmente, el hermano del futuro intendente se le atribuyó la responsabilidad de "colaborar con actos simultáneos con sus interrogadores, aporte que a los agentes les fue útil en relación a la ejecución el ilícito".