El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) se firmará en Santiago de Chile el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, para el que se ha convocado una huelga internacional de mujeres. La fecha también coincide con los últimos días del mandato de la presidenta, Michelle Bachelet, antes de que entregue su cargo a Sebastián Piñera el día 11 de marzo.

La agenda para firmar el tratado se acordó el pasado 23 de enero en Tokio, durante el encuentro entre los jefes negociadores y asesores legales de los 11 países firmantes del Tratado, que ya no cuenta con la participación de Estados Unidos.

El TPP original pretendía abarcar el 40% del PIB global y fue firmado originalmente en febrero de 2016 por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Estados Unidos. El acuerdo, que fue negociado durante más de seis años, debía ser ratificado en un plazo de dos por, al menos, seis países miembros cuyo PIB combinado representará el 85 % del total, por lo que tras la salida de EEUU, que por sí solo aglutina el 60 % del PIB de los 12 estados firmantes, invalidó su formato actual.

Según ha señalado la Cancillería chilena, el TPP11, tal y como se conoce al nuevo acuerdo sin la participación de EEUU, preserva el contenido original del primer tratado, incluidos todos los elementos de acceso a mercados y sus disciplinas relacionadas y el único ajuste acordado es la lista de disposiciones suspendidas o de no aplicación entre los 11 países.

El acuerdo ha sido muy rechazado por varias organizaciones de la sociedad civil por considerar que profundizará la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Según la Plataforma Ciudadana Chile Mejor SIN TPP, el acuerdo "impondrá nuevas normas y regulaciones que restringirán la posibilidad de decidir soberanamente las políticas que se implementen en el país".

La organización denuncia que el texto se negoció en secreto y que su contenido sólo se ha conocido a través de filtraciones. Entre sus principales argumentos en contra del acuerdo están el establecimiento de reglas más estrictas en la propiedad industrial farmacéutica que amenazan con subir los precios de los medicamentos; la regulación de la competencia entre las empresas privadas y estatales, llevando a que las compañías del estado compitan con las privadas en condiciones desfavorables o la posibilidad de que las corporaciones transnacionales puedan llevar a juicio a los gobiernos ante tribunales internacionales.

Para que el TPP11 entre en vigor, debe ser ratificado por la mitad más uno de los países miembros, es decir seis.