Nadie quedó indiferente a los anuncios del día lunes. Michelle Bachelet comprometió apertura de los testimonios de la Comisión nacional sobre Prisión Política y Tortura en la dictadura -los que, por ley, debían ser resguardados por 50 años- en pleno homenaje y conmemoración a Salvador Allende en el aniversario número 44 del Golpe de Estado en Chile.

Y lo hizo recordando que la dictadura asesinó al ex presidente Eduardo Frei Montalva y en medio del ya anunciado cierre del penal de Punta Peuco, donde 128 reos condenados por asesinatos, secuestros y violaciones gozan de una atención de envidia para el resto del sistema penitenciario nacional.

[caption id="attachment_164527" align="alignnone" width="640"] Bachelet en la ceremonia en homenaje a Allende Y Agencia Uno[/caption]

El tema provocó la reapertura de un debate que, especialmente cada 11 de septiembre, vuelve a aparecer. Desde el comandante en Jefe del Ejército negando tener información sobre violaciones a los derechos humanos hasta todos los candidatos presidenciales, nadie se quiso quedar sin dar su opinión.

La decisión fue darle el carácter de discusión inmediata a un proyecto de ley que lleva un año en el Congreso, que permite que los tribunales de justicia accedan al contenido de los 28.450 testimonios que acreditados de Prisión Política y Tortura, que hoy duermen en las dependencias del Museo de Memoria, bajo una prohibición legal de acceder a ellos por medio siglo.

El silencio de Valech I -como se conoció a la comisión en el año 2003- ha sido una demanda histórica de los movimientos de derechos humanos en el país. Las víctimas dieron su testimonio, pero la justicia no puede actuar.

El proyecto no hace que la documentación sea abierta al público, sino que quita la prohibición para que los tribunales accedan a ellas. Hoy, más de mil causas -sin cerrar- por violaciones a los derechos humanos se tramitan en la justicia. De prosperar la iniciativa, quedaría en la misma situación que las comisiones Rettig (1990) y Valech II (2010), a las que los tribunales sí pueden acceder.

El camino, eso sí, no ha sido fácil. Y viene de mucho antes que el anuncio del lunes. Hasta ahora, el gobierno le había puesto urgencia en siete ocasiones a la iniciativa de ley, sin éxito. Los dardos apuntaron a Jacqueline van Rysselberghe (UDI), presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, acusada de entorpecer la votación durante todo el año.

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Hoy a las 12 del día se espera que se vote en la comisión y se programe para la discusión en Sala, la que debería quedar fijada para la próxima semana.

El silencio de medio siglo

Ricardo Lagos, presidente que encomendó y recibió la comisión Valech I, no pudo ausentarse del debate y sobre todo ante quienes lo acusan de mantener un pacto de silencio.

"El silencio es para proteger a la víctima, para ayudar a quien ya fue torturado, pero que no quiere compartir las humillaciones con el resto. Si usted no le garantiza silencio a una mujer que ha sido violada ¿ella se iba a atrever a contar?", dijo en Ahora Noticias.

El ex mandatario concordó con que se abran los testimonios, pero con el permiso de quien lo dio. Misma postura tomaron los candidatos presidenciales Sebastián Piñera (Chile Vamos) y Carolina Goic (DC).

El tema, para expertos, no pasa por ahí.

[caption id="attachment_163305" align="alignnone" width="400"] Monseñor valech le entrega a Ricardo Lagos los resultados de la comisión, año 2004. Hoy, el ex presidente justificó el secreto de 50 años[/caption]

La organización Desclasificación Popular ha trabajado junto a víctimas de la dictadura para acceder a los contenidos de las comisiones de reparación. Hasta hoy, han logrado la publicación -abierta- de 63 testimonios de tortura de Valech I, gracias a que las mismas personas han presentado requerimientos a la justicia por lo mismo.

A ninguna de ellas, según cuenta la abogada Javiera Campos, se les notificó -al momento de dar su declaración- que el testimonio sería guardado por 50 años. "Prueba tangible, en los documentos de la comisión, no hay", asegura Campos.

Estrictamente, el secreto de medio siglo se instauró durante la tramitación legislativa de la ley 19.992, que establecía mecanismos de reparación para las víctimas de la dictadura y que fue un año después de terminada la comisión Valech I.

De esto mismo dio cuenta la Corte Suprema cuando la Cámara de Diputados le pidió que se pronuncie respecto al tema del secreto, que calificó como "infundada", la diferencia existente entre las comisiones Valech I con Valech II y Rettig. Además, recordó que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la ONU han recomendado a Chile que termine con dicha prohibición.

En un segundo oficio enviado en agosto de este año, esta vez al Senado, el máximo tribunal del país respondió al tema si algunos casos debiesen permanecer en el anonimato. "Más que constituirse en una protección a dichas víctimas, podría erigirse en un nuevo atentado estatal en su contra y la memora de lo efectivamente ocurrido", dice el informe, además de recordar que el Código Procesal Penal ya establece mecanismos de protección en casos de delitos sexuales.

[caption id="attachment_163306" align="alignnone" width="700"] ONU y CIDH han solicitado al Estado de Chile que derogue el secreto de Valech I / Agencia Uno[/caption]

El INDH a la espera de que se apruebe

Los 2.095 casos de ejecuciones políticas, 1.102 detenidos desaparecidos y 34.690 víctimas de torturas y prisión política acreditados en comisiones Rettig y Valech I y II están en poder del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Los tribunales de justicia le han solicitado al organismo solo 917 casos de la comisión Valech II, sobre la que no pesa ningún secreto. De estos, 327 corresponde a los calificados como tortura y 590 a los más de 20 mil testimonios que quedaron fuera y que, tras los anuncios de Bachelet, podrán ser recalificados.

"Nos ha pasado que los tribunales nos piden información de Valech I y hemos tenido que declinar. Lo que hace este proyecto de ley es equiparar la posibilidad del poder judicial de pedir antecedentes, tal como lo hace en Valech II, comenta el director del organismo, Branislav Marelic.

Y en equiparar las cosas, el abogado hace énfasis en que hoy no se le pide el consentimiento a la víctima para acceder a su caso. "Otro debate sería el acceso público, que cualquier persona pueda verlos. Pero este proyecto no lo aborda", agrega Marelic.

[caption id="attachment_154456" align="alignnone" width="640"] Branislav Marelic, director del INDH / Agencia Uno[/caption]

El INDH sistematizó toda la información de Valech I y la digitalizó. Esto permite no solo resguardar los testimonios, sino que cruzar la información y ponerla disposición de la justicia. Nombres y apodos de torturadores, centros de detención, años, lugar, órgano represor, género y edad de las víctimas.

Todo tiene un potencial relevante para los más de mil casos de violación a derechos humanos en dictadura que la justicia aún tiene abiertos, pero la información se mantiene secreta. Todavía.