"Es totalmente increíble e inaudito que un tribunal de la República no pueda conocer antecedentes que le permitan encontrar un detenido desaparecido o un ejecutado político", afirma el diputado Hugo Gutiérrez (PC).

Su impotencia es notoria. El 1 de septiembre de 2016, hace más de un año, presentó junto a otros diputados el proyecto de ley que permite a los tribunales de justicia acceder a los testimonios de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida popularmente como “Valech I”. Y un año después, la iniciativa sufre, como tantas otras, las trabas de la burocracia legislativa.

La ley 19.992 estableció un secreto de 50 años para los documentos de la comisión, que dan cuenta de más de 30 mil casos de torturas y violaciones a los derechos humanos en dictadura. Para muchos se trata de una herencia más de una transición pactada, pues el silencio de medio siglo impide que dicha información sea utilizada en causas judiciales actuales que no han sido cerradas.

Y esto pese a que el secreto sea una normativa inconsistente. Desde el retorno a la democracia, y con el fin de llegar finalmente de la obtención de verdad y justicia para las víctimas de la dictadura militar, se han instalado las comisiones Rettig (1991), Valech I (2003) y Valech II (2009). Ninguna tuvo funciones jurisdiccionales ni obligación legal para informar a tribunales hechos constitutivos de delitos dentro de los 2.095 casos de ejecuciones políticas, 1.102 detenidos desaparecidos y 34.690 víctimas de torturas y prisión política.

Pero es solo Valech I la que establece el secreto por 50 años e impide derechamente que la información llegue a la justicia. Las otras dos (Rettig y Valech II), aunque no son abiertas, sí están a disposición del poder judicial.

Los archivos duermen hoy en las dependencias del Museo de la Memoria. El encargado de resguardarlos es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Según el director del organismo Branislav Marelic, se han visto en la obligación de, por ley, negarle a los tribunales que han requerido documentos relativos a Valech I.

“Hay una clara inconsistencia. Cuando Rettig termina de sesionar, agarra todos los archivos y los pone a disposición del poder judicial. Con Valech II no ocurre eso, pero puede solicitarlos caso por caso. Y en Valech I simplemente no se puede. Esto puede tener muchas explicaciones, quizás tenga que ver con que en materia de prisión política y tortura implica a un gran número de personas”, dice Marelic a El Desconcierto.

Durante la tramitación en el año 2004, las entonces diputadas Isabel Allende, Adriana Muñoz y Laura Soto presentaron una indicación para permitir que los tribunales accedieran a la información. Fue rechazada. Pese a algunas voces críticas en la Concertación, terminó primando la promesa del entonces presidente, Ricardo Lagos, de mantener en secreto los testimonios y que no se desencadenara una persecusión judicial masiva, pues se trata de más de 35 mil testimonios de tortura. Una de las personas que tuvo gran influencia en la época fue el entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, hoy acusado por el juez Mario Carroza como cómplice en una serie de homicidios de la "Caravana de la Muerte".

El objetivo del actual proyecto en trámite es simple. Tiene un único artículo que, estrictamente, no rompe el secreto ni hace los documentos públicos. Solo agrega la frase “a excepción de los tribunales de justicia” cuando habla del secreto que durará hasta 2054. Además, agrega lo siguiente: “El órgano encargado de la custodia de la información hará llegar a requerimiento de los tribunales de justicia todos aquellos antecedentes de los cuales emane algún hecho constitutivo de delito ".

[caption id="attachment_163305" align="alignnone" width="400"] Monseñor Valech le entrega a Ricardo Lagos los resultados de la comisión[/caption]

El lapidario informe de la Corte Suprema

La iniciativa, simple como es, tuvo rápido trámite en la Cámara. La tomó la Comisión de Derechos Humanos en octubre de 2016. La única oposición en ese minuto fue el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), que insistió en que la modificación de la ley requería quórum calificado y no simple. Nadie más estuvo de acuerdo y fue aprobado por la comisión.

En la Sala, el también UDI Jorge Ulloa levantó la voz para reclamar por la “búsqueda de justicia a través de la persecución criminal de los tribunales”. Además, dijo que terminando con el secreto, “se estaría transgrediendo el derecho humano de las víctimas a disponer de su historia personal como estimen conveniente”.

La Sala de la Cámara aprobó el proyecto con amplia mayoría, salvo de las bancadas de la UDI y RN.

Durante la tramitación, se solicitó un pronunciamiento a la Corte Suprema, que llegó tres semanas después, el 25 de octubre. En dicho informe, se cita que los objetivos básicos de las comisiones de verdad después de dictaduras militares es la colaboración con los tribunales de justicia.

Se argumenta como “infundado” el hecho de que solo Valech I sea secreto y no las otras dos comisiones y que la temporalidad del secreto fue establecida durante la discusión legislativa de la ley 19.992. Es decir, después de que haya funcionado y recibiera los testimonios de las víctimas, las que nunca se comprometieron ni llegaron a dar sus versiones sabiendo que estarían guardados por medio siglo.

Además, se cita al comité de tortura de las Naciones Unidas y dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han instado al Estado de Chile de que derogue la disposición del silencio de medio siglo.

Finalmente, argumenta que la disposición “transgrede” los estándares internacionales de derechos humanos y que es una obligación del Estado tomar los casos de delitos de lesa humanidad como tales y no dependiente de la iniciativa particular de las víctimas.

Pese a lo contundente del informe, la opinión de la Corte Suprema terminó siendo una de las principales razones para el retraso de la iniciativa. Esto porque en el Senado se le demandó que se pronunciara, de nuevo.

[caption id="attachment_163306" align="alignnone" width="700"] ONU y CIDH han solicitado al Estado de Chile que derogue el secreto de Valech I / Agencia Uno[/caption]

El rol de JVR

Enviada a la Comisión de Derechos Humanos del Senado el 2 de noviembre de 2016, el proyecto durmió más de seis meses en el Congreso.

La reevaluación del secreto de Valech I es una promesa de campaña de Michelle Bachelet, según establece su programa de gobierno. Además, fue uno de los compromisos que adquirió la mandataria con Carmen Gloria Quintana, en el mismo encuentro en que le dijo que iba a cerrar el penal de Punta Peuco, donde hoy más de 100 condenados por violaciones a los derechos humanos gozan de un estándar de vida superior al resto de los presos en Chile.

[Lee también en El Desconcierto: Informe del INDH revela atención de salud VIP para violadores de derechos humanos en Punta Peuco]

Por ley, es el presidente o presidenta de cada comisión quien convoca a las sesiones y establece la prioridad de los temas a discutir. En este caso, todo apunta a la senadora Jacqueline van Rysseberghe (UDI). Con el proyecto acumulando polvo en el Congreso, el gobierno decidió ponerle suma urgencia, para agilizar su tramitación. Lo ha hecho en ocho oportunidades distintas hasta ahora.

Los senadores Navarro (País) y Letelier (PS) han acusado directamente a Rysselberghe de querer dilatar la iniciativa. Incluso anunciaron llevarla a la comisión de ética.

En lo que lleva de año legislativo como presidenta de la comisión, la también cabeza de la UDI ha citado a sesionar en nueve oportunidades, un registro que la hace ser la tercera comisión con menor actividad parlamentaria este año, solo superada por las de Régimen Interior y Obras Públicas.

De las nueve sesiones, solo en las últimas cuatro se ha tocado el proyecto que termina con el secreto del Valech I. En la última, del 23 de agosto Navarro y Letelier presionaron para que se de por cerrado el debate y se proceda a la votación. Así, el proyecto sería despachado a la Sala y, si se aprueba, de vuelta a la Cámara para el tercer y último trámite legislativo.

Pero ese día, Van Rysselberghe, junto con Manuel Antonio Matta (DC) y Manuel José Ossandón (RN) quisieron retrasar la discusión una vez más para poder analizar el documento de la Corte Suprema sobre el proyecto, porque la presidenta de la comisión le había pedido su opinión sobre la tramitación.

El pleno de la Corte remitió un nuevo informe a la comisión de Senado, alertando y citando en varios pasajes el enviado a los diputados, disponible desde hace un año. En este, eso sí, la presidenta de la UDI solicitaba un pronunciamiento sobre mecanismos y posibles resguardos de protección a las víctimas, en caso de que la iniciativa se apruebe.

Los magistrados aseguran que la única protección que se brinda en términos judiciales es a las investigaciones por delitos sexuales y que esa disposición no se puede aplicar en aquellos que son calificados como atentados contra la humanidad.

“Un intento de anonimizar la identidad de quienes sufrieron prisión política y tortura y otros delitos durante el gobierno de facto, más que constituirse en una protección a dichas víctimas, podría erigirse en un nuevo atentado estatal en su contra y la memoria de lo efectivamente ocurrido”, finaliza el segundo oficio de la Corte por el proyecto.

Hoy se debía votar el proyecto en la comisión, pero la iniciativa fue pospuesta, una vez más. La sesión quedó para el 13 de septiembre.

[caption id="attachment_119529" align="alignnone" width="900"] Jacqueline van Rysselberghe / Agencia Uno[/caption]