En marzo de 2017 el Mineduc dividió el proyecto de educación superior, prometiendo un Proyecto de Ley de Universidades Estatales que fortalecería estas instituciones. Desde el movimiento estudiantil lo denunciamos como una maniobra electoralista para facilitar la tramitación legislativa, con el objetivo de sacar el proyecto a toda costa. Tras meses de espera, la promesa del Mineduc se desarma ante un propuesta que atenta contra la autonomía universitaria, propone un régimen de personal que profundiza la inestabilidad laboral y entrega recursos totalmente insuficientes, que en ningún caso permiten ampliar la matrícula estatal.

Frente a esta amenaza, que se vota este 5 de septiembre en la Comisión de Educación de la Cámara, emerge la movilización de las comunidades universitarias decididas a disputar el proyecto. Allí se confrontan un modelo de universidad gerencial y autoritaria, que mercantiliza aún más las instituciones estatales haciéndolas instituciones competitivas en el mercado educacional; y por otra parte, un modelo de universidad pública democrática y autónoma, de gobierno triestamental, con condiciones laborales dignas y recursos para ampliar sustantivamente su matrícula.

Hacemos énfasis en que las comunidades queremos que se legisle, pero no estamos dispuestas a aprobar el proyecto en su estado actual. Nuestro rechazo no es antojadizo, ni meramente estudiantil, sino que fue una decisión colectiva tomada el 3 de agosto, en el primer Encuentro Nacional por la Defensa de la Educación pública que reunió a más de 300 dirigentes estudiantiles, académicos y funcionarios. Allí decidimos superar la resistencia al proyecto y disputar nuestra propia propuesta de Ley de Estatales elaborada por sus comunidades.

Desde entonces los foros, asambleas, debates triestamentales, convocatorias a paros e intervenciones públicas han sido numerosas, emergiendo una comunidad universitaria empoderada. De hecho, la novedad y fortaleza de esta movilización, es la unidad política alcanzada por las comunidades.

Sin embargo, los grandes ausentes de esta articulación han sido los rectores del Cuech, quienes llamaron a aprobar la idea de legislar el proyecto, en base a un acuerdo con el Mineduc que no contempla todos los puntos mínimos levantados de manera triestamental.

El lugar de los rectores estaba con sus comunidades. Nuestra unidad hubiese sido determinante para forzar al Mineduc a llegar a un acuerdo que marcara el comienzo del fin al abandono y precarización de las Universidades Estatales. Por eso, su declaración llamando a aprobar el proyecto de ley, cierra la puerta a nuestras demandas y da señas de una ingenuidad mayúscula o de una perversidad sin igual.

¿Por qué aprobar algo que no nos favorece? A nuestro juicio, el Cuech ha hecho una mala negociación: olvidaron que sus aliados son las comunidades y su tarea central es la defensa de la educación pública. No pelearon recursos para ampliar la matrícula pública y se conformaron con la excepción a pocas universidades que modificaron sus estatutos post '90 y que aun así distan del ideal democrático de universidad pública

Los rectores deben aceptar que si se nos han concedido demandas en gobernanza y condiciones laborales, ha sido porque las comunidades sí comprendimos dónde estaba nuestra fuerza: en la unidad por el fortalecimiento de la educación pública como proyecto a reconstruir y no como feudo a defender de la rapiña. En estos momentos claves, el Cuech debe rectificar su posición y asumir las posturas de sus comunidades. Los rectores aún están a tiempo de anunciar el rechazo al proyecto si no se integran nuestras demandas. De lo contrario, no podrán atribuirse más la representación de las comunidades si están atrapados en intereses particulares y presiones desde el ejecutivo.

Por su parte, el Mineduc ha tenido la oportunidad para introducir modificaciones cuando cambiaron el proyecto hacia la Cámara, pero la desaprovecharon. Hoy, el gobierno tiene una última chance para lograr un acuerdo y cumplir las expectativas que ha levantado. Una opción de coherencia, en las postrimerías de un mandato que oscila su reputación entre los efectos nefastos de los casos de corrupción y reformas a medias, como la tributaria, laboral o el aborto en tres causales.

El movimiento estudiantil debe mantenerse unido para dinamizar la movilización. Las presiones que reciben funcionarios y académicos desde los rectores, los y las estudiantes no las tenemos. Nuestra presión es la convicción en la justicia de nuestras demandas y el apremio de un país que requiere que la educación pública resurja. Esta nueva generación debe tener hambre de victoria, necesidad de ganar. Es un deber moral defender lo poco que queda de universidad pública, ampliarla y disponerla a la batalla para construir un Chile nuevo. No vamos a ganar por la razón, hace mucho tiempo la tenemos. Vamos a ganar por la fuerza de la movilización.