Ya lo decía Foucault hace muchos años: el neoliberalismo no es una doctrina económica, tampoco una ideología. Es un tipo de racionalidad de gobierno. ¿Qué quiere decir aquello? El gobierno es el lugar de encuentro de las técnicas de gobierno sobre los otros, pero, también, hay que recalcarlo, del gobierno sobre sí mismo, del autogobierno. La razón neoliberal busca, en definitiva, que seamos nosotros mismos quienes conduzcámonos nuestra conducta según su lógica, que es esencialmente, la lógica de la competencia. ¿Qué tiene que ver esto con el proyecto de Ley de Universidades del Estado? Pues bien, déjenme contarles.

Una de las principales herramientas de la racionalidad neoliberal ha sido la privatización. En nuestro país esta historia es ya más que conocida, está encarnada en nuestros cuerpos, en nuestra subjetividad. Ya sabemos también las funestas consecuencias que significó, en el resguardo de nuestros derechos sociales, el traspaso de los servicios sociales al sector privado en búsqueda de una pretendida mayor eficiencia, derechos sociales sacrificados por el derecho individual de la propiedad privada. Esta situación, por lo demás insostenible, no ha pasado inadvertida a los “nuevos” personeros del Estado. No por motu propio, sino por la presión de miles en las calles.

La crisis de la educación ha intentado ser subsanada por los gobiernos de la transición democrática mediante diversas estrategias que reclamaban “la vuelta” del Estado, desmarcándose así de la historia neoliberal que la nueva izquierda homologaba a las medidas del dictador y sus secuaces civiles. Este retorno, sin embargo, ha significado la expansión de la lógica neoliberal, propiciada ahora desde el mismo Estado hacia el sector público. Es lo que varios estudiosos han llamado “privatización endógena”. Mediante ésta, se buscar introducir la lógica empresarial dentro de las instituciones públicas. Pues, bien, la Ley de Universidades del Estado es un claro ejemplo de este tipo de privatización encubierta. Enmarcado en una agenda de fortalecimiento de la educación pública, este proyecto no hace más que aniquilarla, mediante medidas de precarización laboral que afectan a funcionarios académicos y no académicos; por medio de un atentado hacia la autonomía universitaria, es decir a las formas de gobierno propias de cada institución; y por el mantenimiento y profundización de un financiamiento sometido a lógicas mercantiles.

Esta crónica de una muerte anunciada ha sido rematada esta semana en nombre de la educación pública. Porque hoy el Estado es capaz de hablar de lo público por medio de un concepto vacío. Estamos en la era de lo público neoliberal. Esto es, lo público vaciado de su componente democrático. Y esto es lo que cuesta entender, y esto es con lo que cuesta empatizar. Pues de alguna forma, esta reforma ya fue, ya sucedió. Tenemos ya una educación pública totalmente mercantilizada. Mientras la academia está preocupada de producir papers publicables en revistas indexadas -quizás incluso sobre el concepto de alienación en Marx o de ideología en Gramsci- nos están privatizando nuestras universidades, nuestro último espacio de resistencia, ya famélico, sin duda, pero aún vivo. Porque la comunidad universitaria (si bien parte aún de una elite) aún cree en los valores democráticos de la universidad estatal. Aun cree en la democracia.

Sin embargo, la producción de conocimiento ha dejado ya de tener “como norte Chile y las necesidades de su pueblo” para estar puesta ahora al servicio de las necesidades del mercado. No porque sean malos, no porque sean defensores del modelo, sino porque ellos también son explotados y están viviendo las presiones del mercado laboral, porque ellos también tienen que competir, tal como los estudiantes tienen que competir entre sí para tener las mejores notas. Las becas son pocas, los puestos de trabajos, menos. Por eso nadie quiere perder clases, nadie quiere perder días de trabajo. El mundo académico se ha transformado profundamente a causa de estos procesos, que tienen también como una de sus características principales el secuestro del tiempo de reflexión acerca de la propia praxis, por el tiempo de la producción. Y el sistema de educación, en todos sus niveles, es una gran máquina de producción de valor.

Si le creemos a Fukuyama, y creemos que, en esta época de liberalismo económico y político, nuestros conflictos se reducen a problemas técnicos y económicos, pues bien, adelante la reforma, pues la competencia hará que todos produzcamos más, académicos, estudiantes y funcionarios presionados a rendir de forma más eficiente para un sistema cuya falta crónica de recursos parece un hecho natural y, por lo tanto, necesario e incuestionable. Dejemos eso del gobierno universitario autónomo y su lucha por la democratización, en manos de un Consejo con miembros externos a la institución para que administren la Universidad y decidan sus lineamientos generales. Seguramente ellos sabrán mejor qué hacer que la propia comunidad, dedicada a defender sus propios intereses. Dejemos que los funcionarios se peleen para ocupar los escasos puestos fijos de trabajo, así harán mejor su trabajo. Dejemos que las universidades estatales se peleen entre ellas las migajas de lo que sobra del financiamiento estatal dirigido a las privadas, o sino, como podríamos aún defender que en Chile existe un sistema mixto de educación superior, y que no es un monopolio estatal. Eso ya está pasado de moda.

Pero si, como espero, no le creemos, es tiempo de que frente a esta amenaza nos tomemos el tiempo de reflexionar qué universidad tenemos y qué universidad queremos, qué país tenemos y qué país queremos, qué democracia tenemos y qué democracia queremos. De pensar cómo hacer política en un tiempo de simulacro, donde se nos quiere hacer creer que esto es por la educación pública. Y donde se nos quiere hacer creer que son ellos quienes definen el límite de lo posible y que no nos toca a nosotros, a todos y todas las interesadas, participar y decidir sobre asuntos fundamentales de la educación del país.