El gobierno de la Nueva Mayoría, a pesar de encontrarse deslegitimado, desprestigiado, y en el suelo en las encuestas, ha logrado anotarse un importante triunfo político en el terreno educativo: luego de años de movilizaciones, donde el movimiento estudiantil logró posicionarse como el principal opositor a la derecha y a la Nueva Mayoría en las calles, el centro del debate pasó al Parlamento, a los paneles de expertos y a los rectores de universidades estatales y privadas.

Si en un primer momento Bachelet hablaba de educación gratuita y del derecho a educarse, hoy vemos que su discurso se tradujo a reformas que no hacen más que fortalecer el mercado educativo, las lógicas de competencia y de becas, y de conjunto, a fortalecer las bases de un sistema educativo donde prima la matrícula privada: un 84% de los estudiantes de educación superior son parte de instituciones privadas, frente a un exiguo 16% de matrícula estatal.

Así, con la reforma a la educación superior el Estado seguirá financiando a universidades privadas, que tienen miles de formas de lucrar con los dineros públicos y con los altísimos aranceles que seguirán pagando decenas de miles de familias. A su vez transforma la gratuidad en una beca sujeta a los vaivenes de la economía.

Con la ley de desmunicipalización, traspasa la administración de los liceos a “servicios locales”, sin responder a la demanda histórica del traspaso de estas instituciones al Estado y al Ministerio.

Por otro lado, la Ley de Carrera Docente fomenta la competencia entre profesores, instalando la categoría de profesores de primera y de segunda, proyecto e idea ampliamente rechazada por los docentes.

Y finalmente, con la Ley de Universidades Estatales precariza todavía más las condiciones laborales de los funcionarios, busca instalar gobiernos universitarios antidemocráticos con alta injerencia de los gobiernos de turno.

De conjunto, estos proyectos debilitan la educación pública a nivel escolar y en la educación superior, y de fondo, niegan la educación gratuita universal, mediante aportes basales a las instituciones estatales, para que todo quien quiera estudiar pueda hacerlo gratuitamente. Es decir, niega la educación como un derecho, y como una necesidad social básica para el pueblo trabajador.

Es que la gratuidad, entendida de esa forma, afecta directamente al negocio de los empresarios de la educación. Un negocio instalado por la dictadura militar y que les ha entregado enormes réditos a sus dueños: por poner un ejemplo, sólo el año 2009 ganaron alrededor de 5 mil millones de dólares, más del doble que las empresas salmoneras y casi el triple que las farmacéuticas.

Por eso el gobierno de la Nueva Mayoría, de políticos corruptos pro empresariales, se negará, porque no quiere afectar las ganancias de sus financistas: los empresarios que se llenan los bolsillos con el mercado en la educación.

Por su parte, las direcciones del movimiento estudiantil, las Juventudes Comunistas y el Frente Amplio, han llevado adelante una estrategia titubeante, primero de “ganadas concretas”, que poco y nada entregaron, luego de “incidencia parlamentaria”, que nos llevó una y otra vez a chocar con la muralla del Parlamento, confiando más en la buena voluntad de los diputados y senadores envueltos en casos de corrupción que en la fuerza de movilización de los estudiantes.

Y este año, primero se centraron en el fin al CAE y aprobaron en general la reforma a la educación superior, aceptando una promesa en el aire de la Ministra Delpiano respecto al fin del CAE, y luego, cambiaron sus aliados, pasando de “los movimientos sociales” a los rectores y autoridades, diluyendo la demanda de la gratuidad en una idea genérica de “mayores recursos para las estatales”.

Una estrategia de incidencia, por pisos mínimos, “ganadas concretas” y que nos haga caminar detrás de la política de los rectores, no le servirá al movimiento estudiantil.

Debemos exigir que toda reforma a las Universidades Estatales debe integrar la educación gratuita universal basada en aportes basales directos que cubran el conjunto de la matrícula en dichas instituciones, y que integren recursos para un plan de infraestructura que permita la ampliación de la matrícula permanentemente. Nuestro objetivo, en ese sentido, debe ser el acceso irrestricto a las estatales, para que todo quien quiera estudiar pueda hacerlo gratuitamente.

Sobre el gobierno universitario planteamos que no basta el rechazo de la reforma para mantener lo que ya existe, que es lo que buscan los rectores y a lo cual se subordina el Frente Amplio y las Juventudes Comunistas. El consejo universitario presente en la Universidad de Chile es autoritario, ha mantenido por años el mercado en la educación, hacinamiento y altos aranceles y trabajo precario; y el senado universitario es insuficiente no sólo por el bajo porcentaje de estudiantes y de funcionarios, sino también porque la última palabra la continúa teniendo el rector. Nuestra lucha tiene que ser por la elección universal de las autoridades unipersonales y por el cogobierno triestamental proporcional al número de cada estamento.

Y para lograr avanzar en ese camino, es necesaria la más amplia unidad desde la base de los “actores educativos”: estudiantes universitarios de privadas y estatales, secundarios, funcionarios, académicos y profesores de liceos y colegios.

Hoy todos y todas luchamos contra las reformas de la Nueva Mayoría. La clave en ese sentido es lograr la unidad en base a un pliego único de demandas que contemple la gratuidad universal en todos los niveles educativos, el traspaso de los liceos al Estado, el pago a la deuda del Estado con los docentes, entre otras demandas históricas.

Y para preparar ese camino unitario, es necesario que, desde la Confech desde las asambleas de base, del Colegio de Profesores, las Asociaciones de Funcionarios y nuestros espacios de organización estudiantil, se prepare un gran paro educativo nacional contra las reformas de la Nueva Mayoría.

Frente a un gobierno y a la derecha que, separando las reformas, en defensa del mercado educativo y de los empresarios, lograron dividir nuestras luchas, apostamos por un camino de unidad de la base de todos los actores educativos, para que logremos retomar la iniciativa política y volvamos a imponer nuestra propia agenda.

Esta es la batalla que nos proponemos dar también desde la candidatura por el distrito diez: levantar una juventud anticapitalista y de los trabajadores que luche por nuestros derechos en todos los terrenos, en la calle, pero también en el parlamento.