"Esto es un paso histórico de reconocimiento de la profesión docente”, fueron las palabras de la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, luego de que el martes 25 se comenzaran a traspasar a los sostenedores de los establecimientos educacionales con financiamiento público los recursos del Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

La ley fue promulgada en marzo de 2016 y su implementación será progresiva hasta 2026, año en el que todos los establecimientos escolares que reciban fondos del Estado deberían estar incorporados al nuevo sistema. La implementación de esta política, según datos del Ministerio de Educación, significaría una inversión de US$ 2.300 millones anuales, y traería como efecto inmediato el aumento de un 30% promedio en las remuneraciones de los docentes.

Desde el gremio de los profesores, más allá del tema salarial, se ha criticado el que se individualicen las evaluaciones, la carencia de instrumentos para evaluar factores de la docencia que van más allá de los contenidos y una lógica economicista del quehacer docente.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, sostuvo en entrevista con La Tercera: "Hay una concepción productivista del quehacer docente, donde se entiende que ser un buen profesor es producir rendimiento de pruebas estandarizadas. Ese concepto nos parece errado. La carrera no estimula ni promueve el perfeccionamiento y la actualización de los docentes. Tenemos reparos más de fondo, que no son únicamente salariales o respecto de mayores o menores dificultades para quedar en un tramo".

Sin embargo, la subsecretaria Quiroga he señalado que la ley va más allá: “No es solamente el tema remuneraciones, sino que es una política integral", dijo, y luego agregó: "Esto era una deuda que tenía el país con los profesores, así que estamos tremendamente felices”.

Entre otros aspectos, más allá del salarial, destacan el aumento progresivo en los requisitos de ingreso para las carreras de Pedagogía, la acreditación obligatoria realizada por la Comisión Nacional de Acreditación -tanto en criterios de calidad como de infraestructura, entre otros- y la implementación de dos evaluaciones diagnósticas para la mejora continua, una de la universidad y otra del Mineduc.

También hay políticas referentes a las condiciones laborales, como son el aumento de las horas no lectivas, el desarrollo de una serie de cursos de formación y el acompañamiento gratuito de los primeros años de ejercicio. Desde el Ministerio aseguran que se están formando a 450 mentores y se espera que a final de año haya 1.200.

En cuanto al sistema de remuneraciones, dependerá del encasillamiento por tramos, que consisten en tres obligatorios -Inicial, Temprano y Avanzado- y dos opcionales -Experto I y Experto II-. Además existe un tramo de Acceso para profesores que no contaban con evaluaciones, desde el que se puede caer en cualquiera de los otros tramos una vez que termine su proceso de reconocimiento. De los 8.401 profesores que contaban con tramo en 2016, fueron 4.834 los que subieron de categoría para 2017.

Así sería el gráfico de trayectoria de un profesor de 30 horas que va subiendo de tramo con el paso de los años:

[caption id="attachment_156099" align="alignnone" width="829"] www.politicanacionaldocente.cl/[/caption]

Por otro lado, este sería el mismo ejemplo con un profesor de 44 horas:

También existirá una Asignación de Reconocimiento por Docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios. Esto consiste en un 20% de la asignación del tramo, además de un monto fijo. Ese monto conlleva un incentivo para que profesores de tramos más altos vayan a enseñar a colegios más vulnerables, ya que para los que estén en el tramo Avanzado o superiores y se desempeñen en un establecimiento con más de un 80% de alumnos prioritarios hay un monto de $103.000 para 44 horas y, en casos de tramos inferiores, hay un monto de $43.000 para establecimientos con un 60% a un 80% de alumnos prioritarios.