El Ejército detectó irregularidades por 4,1 millones de dólares en los procesos de compra de repuestos militares entregados a su Brigada de Aviación (BAVE) por la empresa C&M World Enterprises Corporation, propiedad de Virgilio Cartoni, el más poderoso mercader de armas que opera en Chile, según revelaron documentos secretos a los que accedió El Desconcierto.

«(Los equipos) se adquirieron sin mediar orden de compra alguna (…) durante el año 2015», concluyó el propio comandante de la BAVE, el general de brigada Gustavo Núñez, en una resolución reservada que firmó en diciembre, tras meses de pesquisas.

El oficial precisó en el documento que, no obstante estas fallas administrativas, los repuestos fueron efectivamente entregados a la institución. «Se encontraban instalados en material aéreo o en bodega», suscribió.

El general Núñez, sin embargo, ordenó iniciar una Investigación Sumaria Administrativa, para aclarar «las causas y circunstancias por las cuales los procedimientos de adquisiciones del año 2015, eventualmente no se ajustarían» a las normas de la de la Ley Reservada del Cobre sobre compra de material bélico.

Es decir, para dilucidar por qué los equipos y repuestos fueron adquiridos sin licitaciones ni órdenes de compra.

Una decisión polémica

No obstante la opacidad sobre estos puntos, el general Núñez autorizó el 7 de diciembre el pago de los 4,1 millones de dólares reclamados por la empresa proveedora, para «evitar un enriquecimiento injustificado por parte del fisco».

«En razón de lo anteriormente expuesto, y en virtud del Principio Retributivo, la Administración del Estado, y en caso concreto el Ejército de Chile, no pueden beneficiarse de las adquisiciones de estos repuestos y/o servicios prestados», argumentó el uniformado en su resolución secreta.

Consultado por este medio, el Ejército declinó referirse al tema, debido a que aún existe un proceso sumario en curso, según su Departamento Comunicacional.

«El secreto del proceso sumarial tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, el resguardo del debido proceso y la honra y respeto de la vida pública de los funcionarios», agregó por escrito el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Ricardo Martínez Menanteau, ante la solicitud de El Desconcierto de acceder a estos documentos, a través de la Ley de Transparencia.

Al cierre de esta nota, el Ministerio de Defensa, comandado por el radical José Antonio Gómez, carecía de una opinión pública sobre la materia, según recabó nuestro medio.

Un mercader con lazos

Las polémicas operaciones, cuyo pago aún debe ser autorizado por el Comando de Apoyo a la Fuerza, que depende directamente de la Comandancia en Jefe, fueron realizadas por la empresa de Virgilio Cartoni, cuando éste tenía como asesora jurídica a Clara Szczaranski, miembro del Consejo de Defensa del Estado, CDE.

Cartoni, a quien la Corte Suprema ordenó en enero cerrar sus cuentas en el Banco Itaú porque «podría estar vinculado a ciertos hechos ilícitos que se imputan actualmente al ex comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba», pudo contratar los servicios de esta jurista debido a que los consejeros del CDE están autorizados por ley para ejercer la abogacía de manera privada.

La propia Szczaranski, en declaraciones a La Tercera a inicios de año, admitió su lazo con el principal mercader de armas de Chlile. «Lo he asesorado en la presentación de un par de informes en derecho a la Contraloría General de la República, defendiendo la corrección y legalidad de dos procesos licitatorios efectuados por el Ejército», sostuvo la jurista.

Al cierre de este reportaje, el Consejo de Defensa del Estado declinó comentar estos hechos.  «Lamentablemente no podemos ayudar (con el reportaje) en esta oportunidad», dijo por escrito el equipo de comunicaciones del CDE.

Cartoni, según reportes allegados por el Ejército a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el «Milicogate», es el principal proveedor de armas de esta rama de la Defensa.

En cifras, las sociedades de este empresario, con sedes en Chile, Miami y el paraíso fiscal de Panamá, llegaron a vender unos cincuenta millones de dólares anuales al Ejército, en la última década.

Exoficial de esta rama de la Defensa, Cartoni tiene lazos privilegiados con el mundo empresarial y castrense. Su única hermana, Magali, está casada desde 1985 con Eugenio Ponce Lerou, hermano del exyerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, el histórico controlador de SQM, compañía investigada por pagos a políticos.

Con la representación por años de más de medio centenar de empresas de armas y pertrechos militares, Cartoni suele incorporar a altos oficiales del Ejército como sus vendedores.

Entre estos figuran el coronel (r) y exagente de la CNI Pedro Pablo Bustos Valderrama, el oficial en retiro Eduardo Tello Jerez y el coronel (r) Hugo Barría Rogers, ligado a compras de helicópteros justamente en la BAVE a inicios del milenio.

Entre las empresas históricamente representadas por Cartoni figuraron por años, entre otras, la alemana Krauss Maffei Wegmann (KMW), que comercializa tanques Leopard, la alemana-suiza RUAG Defence, que vendió al Ejército 24 obuses autopropulsados M109 de segunda mano y la isarelí Rafael Advanced Defense Systems, proveedora de misiles antitanque Spike.

Milicogate 2.0

Los procesos irregulares de compra a favor de la empresa de Virgilio Cartoni ocurrieron en la BAVE cuando ya era público el caso «Milicogate», nombre que recibió el pago durante años de cientos de facturas ideológica y materialmente falsas en el Ejército.

Tras este fraude, que la VI Fiscalía Militar estimó hasta ahora en unos 5.500 millones de pesos, el Ejército aseguró a los poderes Ejecutivo y Legislativo que había adoptado las medidas necesarias para evitar desfalcos o situaciones similares.

Generales y coroneles de las áreas de logística, finanzas y tesorería recalcaron aquello ante la Comisión Investigadora ad hoc de la Cámara Baja, presidida por el diputado demócrata cristiano, Jaime Pilowsky.

Sin embargo, nada impidió el nuevo traspié administrativo con las empresas de Virgilio Cartoni en la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE), una de las unidades más mencionadas en casos de supuesta corrupción castrense en los últimos veinte años.

La polémica BAVE

No es la primera vez que la BAVE está en el centro de acusaciones de corrupción o al menos de irregularidades. Desde el año 2005 es escenario de «enfrentamientos» entre oficiales que denuncian actos dudosos que otros militares defienden.

En 2007, en una de estas tantas alertas previas al «Milicogate», el mayor Carlos Díaz Kastowsky intentó frenar otra serie de irregularidades en la BAVE, bajo el mando del general Jorge Gualda.

El oficial Díaz, con ayuda de otros militares, llegó incluso a enviar dos informes escritos al propio comandante en jefe de la época, el general Óscar Izurieta, con quien mantuvo además una reunión privada de una hora en su oficina.

«Lo curioso fue que el comandante en jefe no me preguntó nada del informe, pese a que yo estaba denunciando a un general (Gualda)», ironizó el oficial en una entrevista para el libro «Traición a la Patria».

La operación, una de las mayores adquisiciones de helicópteros militares en la historia de Chile, comenzó a urdirse el año 2002, cuando las autoridades de Defensa decidieron impulsar una compra unificada de helicópteros para las fuerzas armadas.

El MI-17 ruso, el Blackhawk de la empresa estadounidense Sikorsky Aircraft y el Puma de la multinacional Eurocopter fueron las opciones que al final sobrevivieron los análisis preliminares.

Tras probar los equipos en distintos puntos de Chile, desde las alturas altiplánicas hasta los llanos patagónicos, los oficiales Hugo Barría Rogers e Iván Figueroa Canobra subrayaron sin ambages las ventajas técnicas de la aeronave rusa, incorporada a las fuerzas militares de países como Colombia, Polonia, Kenia, México o Afganistán. «Tiene el doble de las capacidades», afirmaron en un reporte reservado.

Sin embargo, pronto sus opiniones cambiaron a favor del helicóptero Puma, cuya venta era gestionada por el intermediario Virgilio Cartoni.

El entonces capitán Díaz Kastowsky, quien también integró los equipos evaluadores, advirtió que los nuevos informes emitidos por Barría y Figueroa «falsificaban los datos» e inducían la compra del helicóptero Puma, mucho más oneroso que el MI-17 o el Blackhawk.

Sin embargo, al poco andar la situación tuvo un cambio dramático. El Ejército adquirió en 170 millones de dólares unos ocho poderosos helicópteros Cougar, también ofrecidos por Cartoni. Además, la institución sancionó al entonces teniente coronel Díaz Kastowsky.

Coincidencia o no, el oficial a cargo de sumariar y sancionar a Díaz Kastowsky fue el general Jorge Salas Kurte, quien en 2012 ejerció como uno de los más polémicos jefes del CAF, la unidad a cargo de procesar desde 2006 todos los pagos con la Ley Reservada del Cobre.

En ese marco, todo estuvo dispuesto para que otro escándalo azotara la poderosa BAVE, ahora en la voz del mayor en retiro Fabián Mecklenburg.

«En febrero de 2008, el comandante de la Brigada de Aviación del Ejército, general Antonio Yakcich Fürche, me designó como nuevo jefe del Departamento de Adquisiciones en el Exterior», escribió Mecklenburg en una carta denuncia enviada a la abogada María Teresa Muñoz del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El oficial, con veintiún años de servicios en el Ejército, detalló en ese escrito que solo en 2007 habían sido ejecutadas cinco operaciones irregulares de compra de repuestos para helicópteros por unos ochocientos mil dólares, pagados a la empresa Dekoven, filial estadounidense de la firma nacional El Alba.

«No hay documentación que acredite que tal o cual elemento (de las aeronaves) haya sido reparado. Se usaron fondos de la Ley Reservada del Cobre para pagar por trabajos que nunca se hicieron», recalcó Mecklenburg.

El oficial, quien participó como piloto militar en las operaciones de paz en Timor Oriental, añadió que incluso los pagos fueron hechos sin un respaldo legal. «El contrato físicamente no existe», subrayó.

Increíblemente, ocho años después, las compras volvieron a efectuarse en la BAVE sin la documentación requerida.