A finales de los años sesenta, dos proyectos de desarrollo que disputaban las presidenciales se preocuparon de incidir en la esfera de lo productivo. Por un lado, estaba el proyecto de la Democracia Cristiana, con Radomiro Tomic como su principal exponente, en donde se planteaba formar un área de empresas de trabajadores, posiblemente influido por el proyecto de desarrollo Yugoslavo, el cual se basaba en cooperativas de trabajo. También crearía empresas estatales mediante fondos que se utilizarían para la independencia económica y el desarrollo nacional.

Por el otro lado, el proyecto de la Unidad Popular, el cual proponía el área de propiedad social, el cual se compondría de empresas estratégicas compradas por el Estado a los privados a través de la Corfo, y de expropiación de empresas por medio del Decreto de ley N°520, mecanismo creado en 1932. En estas empresas, los trabajadores jugarían un rol importante en la toma de decisiones productivas, vale decir, qué producir, cómo producirlo y a quién producirle.

Ambos proyectos, 2/3 de los programas propuestos al país, consideraban al trabajador como un actor social importante que debía tomar sus decisiones productivas. El otro tercio, el programa de la derecha encabezada por Jorge Alessandri, proponía las políticas económicas del Ladrillo, de los Chicago boys, que años más tarde serían impuestas en dictadura. Vale decir, sólo una minoría consideraba al trabajador sólo como un factor productivo supeditado al factor capital, y en donde quien es dueño de este último, toma las decisiones productivas.

Con las votaciones presidenciales de 1970, el programa de la Unidad Popular se concretaría, creándose el área de propiedad social, comprando empresas estratégicas a través de un mayor porcentaje estatal en su propiedad y expropiando aquellas que estaban con alteración injustificada de sus ritmos de producción. Los trabajadores comenzaron a incidir en las decisiones productivas, sintiéndose parte del proyecto transformador, contribuyendo a la creación de una sociedad distinta desde su trabajo. Inclusive, en 1972 se concretarían los cordones industriales, órganos colectivos de democracia obrera que se organizaban a través de asambleas de fábricas para la toma de decisiones tanto productivas y distributivas como de articulación política y social.

Sin embargo, con la llegada de la dictadura, el proyecto minoritario de los Chicago boys se puso en funcionamiento, posicionándose monopólicamente las empresas capitalistas en la arena productiva. El área de propiedad social se eliminaría, devolviendo las empresas expropiadas. Los cordones industriales se erradicaron. Las cooperativas de trabajo también fueron desincentivadas. Las empresas controladas por sus trabajadores dejarían de ser una opción real para la producción.

Tras cuatro décadas, las empresas capitalistas siguen siendo monopolistas en la arena de lo productivo. Se han posicionado en el sentido común, haciendo que “lo normal” sea considerar que las empresas deben ser controladas por quien es el dueño del capital, y las decisiones productivas deban ser tomadas de forma jerarquizada. Como consecuencia de esta hegemonía en lo productivo es que las universidades que imparten carreras de negocios como ingeniería comercial, por ejemplo, no se enseñe alguna gestión empresarial distinta a la capitalista. No existen siquiera ramos donde se imparta la gestión de las cooperativas de trabajo.

Estas últimas son un excelente ejemplo de una vía distinta de producir. En ellas, las decisiones de qué, cómo y a quién producir son tomadas por sus trabajadores. Esto porque las decisiones son tomadas democráticamente (un trabajador un voto), en oposición una empresa capitalista. Esto implica que el factor capital deja de tener control sobre los trabajadores, sino que ahora es al revés: los trabajadores son propietarios de la empresa.

Así también, en las cooperativas de trabajo su función objetivo deja de ser puramente la maximización de las utilidades, sino que ahora pueden decidir maximizar el bienestar de sus trabajadores. Por ejemplo, en tiempos de crisis, existe evidencia empírica que sustenta que éstas son menos propicias a reducir el empleo, en contraposición a las empresas convencionales capitalistas (Burdín, 2009). Esto porque prefieren reducir sus salarios en tiempos de crisis para cuidad el empleo. Básicamente la evidencia pone en relieve el principio que pregona en estas unidades productivas: la solidaridad.

Estas empresas controladas por sus trabajadores también tienen la característica de que abordan, al menos teóricamente, la situación de explotación de sus trabajadores. Esto porque el valor creado por ellos, aunque supere el salario establecido en sus contratos, ese excedente es apropiado por los mismos trabajadores. No así en una empresa capitalista, donde el valor excedente creado por los trabajadores es apropiado en forma de utilidad por el dueño del capital.

Las empresas controladas por sus trabajadores resultan ser una alternativa productiva sumamente atractiva para un proyecto transformador que busque posicionar a los trabajadores y sus familias en el centro de cada política. En tiempos donde se están realizando esfuerzos importantes por constituir un frente amplio que genere un proyecto que supere el neoliberalismo, urge considerar y hacerse parte de la arena productiva.

En tiempos donde la creación y desarrollo de empresas controladas por sus trabajadores es sumamente dificultoso, como lo demuestra el esfuerzo hecho por los mineros de la mina Santa Ana en Curanilahue, quienes debieron estar más de treinta días en toma de su unidad productiva poniendo en riesgo la salud de sus trabajadores, sólo por querer ser reconocidos como una empresa controlada por ellos, se requiere constituir una fuerza que dispute la forma de gestión de las empresas en la esfera productiva.