Esta semana apareció en varios diarios de circulación nacional un inserto de la SOFOFA titulado “Gremios agrupados en la SOFOFA demandan con urgencia paz social para la Araucanía y el sur de Chile”. En esta declaración afirmaban que en “esa zona ya no impera el Estado de Derecho” y hacen un llamado al Estado para que tome todas las “medidas inmediatas y excepcionales”.

Los empresarios hablan de “grupos” responsables de la violencia, y no se atreven en ninguna parte a reconocer el conflicto entre el pueblo mapuche y los empresarios y latifundistas que los han despojado de sus territorios. Pero no se es menos racista por no nombrar a quien se discrimina. La declaración sostiene una interpelación al Gobierno a “evitar toda ambigüedad en el compromiso con la paz social, especialmente el otorgamiento de beneficios a los responsables de la violencia. Esto implica también la revisión en profundidad de la política de tierras y sus errados incentivos”. Curiosamente, la única “política de tierras” es la establecida en la Ley Indígena, que específicamente reconoce al indígena como sujeto activo de dicha política. A pesar de la cobardía de la SOFOFA por no mencionar con todas sus letras al pueblo mapuche, es a ellos a quienes culpan como “grupos violentos” que gozarían de la impunidad.

Y no se trata de que en el Wallmapu “ya no impera el Estado de Derecho”. Este Estado de Derecho nunca ha existido para el Pueblo Mapuche, pues la historia de ocupación y despojo de sus tierras se extiende desde cientos de años. Sin profundizar en la extensa y documentada historia del despojo (existiendo diversas obras por consultar), sólo una remisión a los hechos de las últimas semanas nos permite aseverar la existencia de un Estado de Excepción en la zona.

A la Machi Linconao y a sus compañeros en el caso llamado Lucksinger-Mackay, se les ha vulnerado completamente un derecho al debido proceso. Sólo por tratarse de weichafes y autoridades ancestrales mapuche se les ha aplicado una Ley Antiterrorista que es propia de un Estado de Excepción, pues con diversas disposiciones como los testigos sin rostro, no responde ni a los estándares de debido proceso fijados en la Constitución de Pinochet. Gracias a las fuertes movilizaciones y redes de solidaridad con la Machi, el Estado decide cambiar la medida cautelar, manteniéndola privada de libertad, pero en su hogar.

En este mismo caso, se ha legitimado la tortura contra mapuches para obtener testimonios que pudieran involucrar a más personas. Y en estos casos ha quedado en evidencia la inexistencia de división de poderes y de organizaciones autónomas, pues son acciones orquestadas entre las Agencias de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública que responden al Poder Ejecutivo (supuestamente), el Ministerio Público y el Poder Judicial – sin contar el apoyo que han encontrado en gran parte de los parlamentarios de la zona –. Estos no son casos aislados, y la encarcelación de weichafes se enmarca como uno de las tácticas utilizadas en la guerra de baja intensidad del Estado de Chile en contra de los procesos autonómicos del Pueblo Mapuche.

Sumado a la criminalización y encarcelamiento de mapuches, las comunidades mapuche del Wallmapu se encuentran militarizadas. Los allanamientos y violencia contra los comuneros y comuneras mapuche es cuestión de cada día. Sólo en la última semana realizaron violentos allanamientos como el registrado en la comunidad Gillun Mapu en Ercilla, donde Fuerzas Especiales golpearon a mujeres embarazadas y niños.

Otra herramienta de acoso y hostigamiento aprobado por los parlamentarios de la derecha y de la Nueva Mayoría ha sido el “control de identidad preventivo”. La inofensiva medida que casi le cuesta la vida a Brandon Hernández, ha sido utilizada como mecanismo de amedrentamiento contra comuneros mapuche, incluyendo menores de edad. En estos controles de identidad se ha baleado a niños y golpeado a mujeres, como sucedió este miércoles 11 de enero a metros de la comunidad mapuche Trapilwe Mawidache (zona de Makewe), donde tres mujeres – incluyendo una menor de edad de 15 años – fueron golpeadas por las fuerzas policiales.

Lamentablemente, la represión y la criminalización del pueblo mapuche ha traspasado fronteras, registrándose las mismas actitudes en Argentina. Esta semana, comuneros del Lof de Resistencia Cushamen fueron violentamente reprimidos por la Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia de Chubut, cuando realizaban acciones de resistencia en el marco de recuperación de territorios despojados por el empresario Benetton.

Como contrapartida, si la represión es transnacional, también lo es la resistencia. La solidaridad entre el pueblo mapuche a los dos lados de la Cordillera se ha hecho sentir y genera aún más alerta en los sectores reaccionarios de ambos países, incluyendo sus Fuerzas Policiales y Gobiernos.

La inexistencia del Estado de Derecho en el Wallmapu afecta al pueblo mapuche. Se les niega garantías mínimas en los procesos penales, como el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia. Sumado al racismo y clasismo existente en gran parte del Ministerio Público y en los Tribunales de Justicia, existe una decena de presos políticos mapuche. La división de poderes en la zona también es inexistente: los Tribunales son un engranaje más en la criminalización impulsada por el Poder Ejecutivo.

En el Wallmapu existe impunidad: de las Fuerzas Policiales, del Gobierno y de los empresarios de la zona, quienes han realizado ejecuciones sumarias como en los casos de Alex Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío y José Quintruiqueo; allanan comunidades, golpeando mujeres, ancianos y niños/as como ha sucedido decenas de veces en los últimos años; portan armas como si estuvieran en el Far West, las cuales no dudan en descargar en los cuerpos de los mapuches. Lo que busca la SOFOFA no es el restablecimiento de un Estado de Derecho – que no ha existido para los mapuches – sino que buscan declarar “formalmente” el Estado de Excepción, para así justificar “legalmente” las barbaridades que siguen cometiendo contra el pueblo Mapuche.