Durante este jueves se cumplen diez años desde la desaparición del joven mapuche José Huenante Huenante, quien fue detenido por un radiopatrullas de Carabineros de Chile en Puerto Montt. Desde entonces, se desconoce su paradero y hasta hoy no se han sancionado a los responsables. 

El estudiante de 16 años tuvo una discusión con la policía en plena Avenida Vicuña Mackenna, siendo más tarde subido al radio patrulla (RP) Nº1357, perteneciente a la 5ta Comisaría de Puerto Montt. Más tarde, el fiscal Sergio Coronado ordenó detener a los tres uniformados que iban dentro del carro: el sargento Juan Ricardo Altamirano, y los cabos Patricio Alejandro Mena Hernández y César Antonio Vidal Cárdenas, apuntados como responsables del secuestro y la desaparición del menor.

Sin embargo, la justicia militar hizo su trabajo y los principales sospechosos, que inicialmente fueron dados de baja, siguen en libertad y fueron reincorporados a la institución recientemente, lo que provocó la molestia de la familia. Por ello, decidieron asistir a la Quinta Comisaría para entregar una carta donde piden justicia.

"Yo pienso que ahí está metido Carabineros porque una persona no se puede desaparecer diez años", señaló la tía del menor, María Huenante, a Radio Biobío. "Hay responsables y ojalá que digan la verdad", acotó.

Mientras, en la población Mirasol, donde Huenante vivía, siguen esperando noticias sobre el estudiante, en un caso que sigue estando a cargo de la justicia militar y en donde aún no se encuentran nuevas pistas, pese a las denuncias de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, que han señalado que existen declaraciones contradictorias, además de adulteración del libro de detenciones, ya que esa noche se consignaron dos personas detenidas, pero luego la información fue cambiada para establecer que sólo hubo uno.

Aunque un informe de la Universidad Diego Portales consignó la desaparición de Huenante como el primer caso de desaparición forzosa en democracia, los gobiernos han desestimado estas calificaciones. Por ahora, es el Instituto Nacional de Derechos Humanos la institución que ha decidido buscar fin a la impunidad para su familia, anunciando que en los próximos días presentarán una querella criminal por el caso.