La barbarie es el neoliberalismo, no el pueblo

El 11 de septiembre de 1541 el cacique Michimalongo encabezó la azotada sobre la recién fundada ciudad de Santiago, provocando su destrucción. El paso de los años consolidó el relato hegemónico que hasta hoy predomina en la subjetividad colectiva: la violencia del pueblo mapuche que expresa la barbarie de quienes no están preparados para mirar el futuro y el progreso del país. Hoy, cuatro siglos después, asistimos a una ola de malestar que ha culminado con una ciudad azotada por la violencia, cuyo origen es institucional y producto de 4 décadas de neoliberalismo extremo impuesto por la dictadura. Es necesario poner el foco en las causas y no en las respuestas ni en las consecuencias que se han expresado con crudeza en estos últimos días.

A la distancia, hoy el relato hegemónico de las elites se reproduce a partir de la lectura de los hechos históricos. Es este relato el principal dispositivo que ya vemos realiza la derecha y el gobierno, el cual está en pleno despliegue comunicacional. No existe ninguna autocrítica respecto a las explicaciones que están a la base y que han generado esta tremenda explosión social, que refleja el profundo malestar popular y la ruptura de fondo entre la ciudadanía y la institucionalidad, grieta forjada en paralelo a la imposición y posterior consolidación pactada del modelo económico vigente.

Necesario es señalar también la colusión de los medios en esta tarea, así como de una parte importante de los periodistas que terminan asemejándose a relatores de algún evento deportivo o gala de moda, haciendo gárgaras con la violencia y la destrucción de las líneas de Metro, supermercados y la infraestructura pública y privada.

Asistimos así a una creciente ola de descripciones sobre la condena a la violencia, que en definitiva intentan legitimar el Estado militarizado en que se encuentra buena parte del país, para ir construyendo el relato histórico del “Caracazo” chileno. El gobierno está golpeado, y junto a ello no es capaz de asumir la seguidilla de errores que culminan con la explosión social vivida estos días. Culpar a los violentistas y a los sectores políticos (particularmente al FA y el PC) que supuestamente intentan “justificar los actos de violencia” es el libreto para poder mantener cierto control del Estado.

La derecha está en la tarea de asegurar gobernabilidad y en ese desafío se ha mantenido fiel a su estrategia del último ciclo político: entender los problemas sociales desde el enfoque de la seguridad ciudadana, heredero de la doctrina de seguridad nacional de la dictadura, y; culpar a la izquierda de avalar y promover la violencia política que en definitiva lo que hace es llevar al país al caos. Para ellos la denominada “horda de delincuentes” con probabilidad incluye a quienes desde su punto de vista avalan y promueven estos hechos, lo que genera un punto muerto para promover un genuino diálogo.

Desconocen en ello que lo caótico de la situación actual está dado por la incapacidad política mayúscula del gobierno por llevar adelante una agenda de contrarreformas que agudiza la sensación de indignación de la mayoría de los chilenos y chilenas. La punta del iceberg fue el Metro, pero lo de fondo es el alza del costo de la vida y la desprotección social de la mayoría del país. Lo central es cómo enfrentar la desigualdad del modelo que ha terminado por desafectar a una parte importante del país de una institucionalidad fundada en un pacto social pos dictatorial que hoy no da cuenta de lo que el pueblo demanda.

Sebastián Piñera abdicó al entregar el país al control de los militares, situación que debería haber evitado acogiendo a tiempo la demanda social que emergía. Se intentará retomar el control, pero nada indica que lo hará a costa de una autocrítica por el descontrol de la situación política y social del país, ni que promoverá un diálogo real con los actores sociales y políticos ante una agenda gubernamental puesta en cuestión a partir de lo vivido.

Hoy el sistema político carece de la legitimidad y confianza de la mayoría ciudadana y el gobierno de derecha no ha escuchado las demandas de una sociedad que desde las movilizaciones de 2011 puja por mayores derechos sociales. La oposición, en tanto, ha carecido de unidad para hacer frente a las contrarreformas del gobierno de SP. En este contexto, no existe un proyecto político que represente una alternativa real a la derecha. Este desafío no puede esperar y requiere de mayor capacidad y voluntad de los actores políticos para abrir espacios de diálogo social donde se construya un proyecto con mayor justicia y derechos sociales.

En este escenario se debe poner al centro también una mirada de largo plazo, pues la barbarie neoliberal que vive la región de Bolívar y de la que nos creíamos ajenos, ha anclado de manera firme, socava nuestra institucionalidad democrática y nuestras instituciones y, probablemente se siga manifestando con la misma fuerza si no se enmienda el rumbo y somos capaces de proponer un nuevo proyecto de desarrollo para el país. Un nuevo relato y pacto social que permita que los jóvenes sientan que son parte activa del país, y no meros engranajes de un modelo que los excluye y por el cual no sienten ninguna pertenencia. La barbarie es el neoliberalismo, no los jóvenes y el pueblo que hoy se manifiesta con fuerza. La erradicación de la violencia debe ir de la mano con la construcción de un Chile distinto.