Le reconocemos a los diferentes medios de prensa escrita que, con un cierto recato, aboguen por los intereses de sus avisadores comerciales, pues con esos ingresos monetarios permanentes se pagan los sueldos de sus periodistas y se solventan otros costos de operación, aunque lo deseable sería que sus informaciones fueran lo más verosímiles dentro de lo posible, en el entendido de que la objetividad y libertad de expresión, por lo menos en Chile, no se práctica por parte de la prensa tradicional en papel autodenominada por ella misma como seria.

Los 2 consorcios periodísticos que se pelean la lectoría de los dueños y altos ejecutivos de los aproximadamente 25 grupos económicos son El Mercurio y Copesa (La Tercera), aunque el primero todavía lleva la delantera en influencia y el segundo practica tímidamente el pluralismo. Hay un emergente consorcio que edita el Diario Financiero y la revista Capital que intenta quitarle algo de mercado a los 2 grandes y el otrora diario en papel, ahora digital, Estrategia, especialista en temas financieros, económicos y empresarias mantiene inalterable su conducta editorial a favor de la absoluta libertad de expresión.

En un determinado porcentaje, cuya cifra desconocemos, de los medios de comunicación digitales y en algunas radios se observa con nitidez un tratamiento profesional de las noticias, lo que es valorado en su justa dimensión por la opinión pública culta, preparada y educada que sabe detectar las fake news, como publican aquellos que les gusta hacer alarde de sus conocimientos del inglés, de las verdaderas. Los canales de televisión abierta se orientan más a la farándula, teleseries, concursos de baile y a los casos delictivos de asaltos en las calles, motivo por el cual no se les puede exigir que cumplan con las sanas prácticas del buen periodismo existente en los países desarrollados.

Ahora bien, el viernes 23 de noviembre de 2018, se publicó en El Mercurio, en forma destacada, la crónica “Presidente del gremio constructor critica a Contraloría y la acusa de paralizar inversiones”, con epígrafes “Patricio Donoso, timonel de la CCHC” y “Afirma que la entidad sobrepasa sus atribuciones y contradice decisiones de otros órganos estatales, afectando obras inmobiliarias y de infraestructura”. Suponemos que sus lectores que desconocen el rol fiscalizador que ejerce la Contraloría General de la República tienen que haber creído lo publicado en dicha crónica que, digámoslo francamente, solo buscaba desmerecer la labor que realiza ese organismo público.

El periodista autor de la nota desliza que “en los últimos meses se ha escuchado con frecuencia en actividades públicas y privadas a ministros de Estado y empresarios quejarse de las decisiones de la Contraloría General de la República sobre sus proyectos”, evidenciándose claramente que los insidiosos dardos están dirigidos a la persona de Jorge Bermúdez, titular de la Contraloría, porque ha dejado sin efecto actos administrativos del Minvu y de las Direcciones de Obras Municipales.

Se dio como ejemplo, cita textual, “…….un reciente dictamen afectó el desarrollo de 25 proyectos inmobiliarios en Estación Central por un monto cercano a los US$ 25 millones” (sic), demostrándose la supina ignorancia del entrevistado o de quien lo entrevistó, pues 25 guetos verticales con alturas de 30 y 40 pisos con 800 y 1.000 departamentos por edificio tienen inversiones muy superiores a la cifra indicada.

En un ataque de locura compartida por el gremio empresarial de la construcción y el diario que es su vocero, se divulgó una propuesta para que se dicte una ley que aclare los ámbitos de competencia de la Contraloría y los alcances de sus pronunciamientos sobre materias que competen a organismos técnicos, es decir, olímpicamente ese dúo fantástico intenta un trato de excepción para los negocios inmobiliarios, lo que es hasta risible.

La Contraloría se ha visto en la necesidad de dejar sin efecto varias resoluciones del Minvu, brazo administrativo y ayudista de la CCHC, por ser abiertamente ilegales y lo mismo ha sucedido en relación a permisos de edificación cursados livianamente por una cuantas Direcciones de Obras Municipales. Hasta el cansancio y desde hace mucho tiempo hemos propuesto que la manera más idónea y rápida para que los permisos de edificación tengan certeza jurídica es ceñirse a la Ley respectiva, a su reglamento y a las normas urbanísticas contenidas en los Planes Reguladores Intercomunales como Comunales, lo que es bastante sencillo. Esto mismo lo repetimos en nuestra exposición del 23 de Noviembre reciente en un Seminario ad hoc organizado por la Asociación de Arquitectos Tasadores.

En todo caso, la frívola propuesta empresarial que busca quitarle atribuciones a la Contraloría, a través de una simple modificación legal, es absolutamente impracticable pues la ley Nº 10.336 del autónomo órgano fiscalizador es de rango constitucional y ni los diputados ni senadores con intereses inmobiliarios se van a sentir cómodos aceptando el requerimiento de la asociación gremial empresarial. Por ello, la Contraloría continuará ejerciendo, aunque a los apitutados no les guste, su tarea desbaratando la creciente corrupción existente en el país.

Así las cosas, esperamos que los constructores siempre respeten las leyes sectoriales, asesorándose por profesionales competentes cuando solicitan permisos de edificación en las municipalidades, pues si éstos están bien otorgados nunca se van a denunciar ni en la Contraloría ni en los Tribunales de Justicia. Por último, estamos seguros que El Mercurio seguirá en la senda del acomodo de las noticias porque esa nociva práctica está en su ADN.