La muerte de Camilo Catrillanca en un incidente confuso, empieza a disipar dudas frente a las informaciones que han venido apareciendo y que desdicen las versiones oficiales entregadas inicialmente por Carabineros y por el Intendente de La Araucanía. Una de las medidas más anunciadas del gobierno, la creación del Comando Jungla para enfrentar la violencia en la zona no hizo más que prender la mecha de la indignación y exigir que la muerte del lagmien se aclare a la brevedad.

Lamentablemente y a pesar del trato excepcional que siempre se quiere dar a los casos de abuso policial, la muerte de Camilo Catrillanca es ya la expresión de un patrón de actuación por parte de Carabineros que no se puede tolerar en una sociedad democrática y en la que una y otra vez se repite que las instituciones funcionan. Pues no, Carabineros no funciona, o al menos no funciona como debiera, esto es, para proteger a los ciudadanos y ciudadanas en un marco de pleno respeto a los derechos humanos.

El INDH y organismos internacionales, entre ellos el Relator de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Terrorismo y el Relator sobre Libertad de Asociación y Manifestación Pacífica, hace ya casi 6 años que vienen documentando casos de abuso policial y representándoselo al Estado en cada examen de derechos humanos al que se somete. En el caso de Rodrigo Avilés, en la Operación Huracán, en la desaparición del joven José Vergara en el norte del país, y ahora con el operativo policial en Temucuicui, por nombrar algunos casos, Carabineros le ha mentido al país y también al gobierno de cuya autoridad política depende. Esto es grave y es peligroso.

Ya en 2013, Carabineros había anunciado que contaría con cámaras de video en los buses, espacios en los que, en los contextos de manifestación, se denunciaban abusos. Pero claro, ocurría los mismo que ocurrió en Temucuicui, que estas se prenden y se apagan a discreción o incluso que desaparecen. Rápidos para dar respuestas, frente a cada caso y antes siquiera de iniciar una investigación ofrecen versiones que se deshacen en el camino, y cuando efectivamente se llevan a cabo los respectivos sumarios, en pocos casos comparado con el número de denuncias, se llega a sanciones. Con la Operación Huracán nos enteramos que arman y desarman grupos de inteligencia “truchos” y que los métodos que emplean son, por decir lo menos, poco eficientes. El llamado “pacogate” nos confirmó que la plata que ponemos todas y todos los chilenos para que nos protejan, se iba a las arcas personales de la jerarquía y que, a pesar de los cambios en el mando, la conducta de Carabineros en La Araucanía no ha variado y sigue cobrando vidas. La última, la de Camilo Catrillanca.

Carabineros de Chile requiere cirugía de fondo, esto es, avanzar con una reforma legal que por una parte establezca controles externos a Carabineros, los obligue a mayor transparencia, y que aumente las facultades del Ministerio del Interior para que efectivamente se pueda hablar de subordinación al poder civil. Se requiere además una fuerte formación en derechos humanos, ojalá de manos de organismos públicos como el INDH y la Subsecretaría de Derechos Humanos, de manera de recuperar lo que en los últimos años han ido perdiendo a pasos agigantados, su legitimidad ante la sociedad chilena.