Todas las riberas de las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Renca, Cerro Navia, Pudahuel y Maipú forman la cuenca del río Mapocho, definido como Parque Metropolitano, área verde de uso público, según el artículo 5.2.2 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), instrumento normativo de 1994 que vino a reemplazar al Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRIS) de 1960. Afirmamos con certeza que, a través del tiempo, muchos agentes del Estado, coludidos con actores privados, han considerado que estas herramientas de planificación son simplemente indicativas para así vulnerar sus normas urbanísticas.

Hay infinidad de ejemplos y uno de ellos fue la grosera desaparición del Estadio Santa Rosa de Las Condes, ribera sur del torrente, área verde que el gobierno de Eduardo Frei Montalva en el año 1970, días antes de la elección presidencial que ganó Salvador Allende, le había donado a la Universidad Católica de Chile, con una exigente cláusula modal fijada en una escritura pública que impedía su comercialización, institución de enseñanza superior que en plena dictadura se lo transfirió al Club Deportivo de la Universidad Católica, entidad que recuperada la democracia, obtuvo un millonario lucro (US$ 35 millones) con su venta a un tercero inmobiliario.

Ahora bien, en el medio de investigación periodística Ciperchile el empresario Hernán Larraín, nada que ver con el ministro de Justicia del mismo nombre, publicó lo siguiente “Desde hace más de mil años el pueblo holandés ha avanzado sobre el mar con empalizadas, muros de piedra y rellenos, fruto del esfuerzo de toda una nación. Todas las superficies recuperadas pasan a ser de dominio público. El plan regulador vigente para Santiago indica que en los bordes del río Mapocho deben aparecer parques públicos. Años después de las inundaciones de 1982 se inició la construcción de gaviones y espigones, con los impuestos pagados por todos los chilenos, para evitar nuevos daños a las comunas de Vitacura y Lo Barnechea.

 Con ello, al costado sur poniente del puente Tabancura  apareció, entre otros, un sitio de unos 400 metros de largo por unos 80 de ancho. El Fisco no inscribió a su nombre todas las superficies creadas gracias a nuestros recursos. Hoy estos flamantes terrenos están listos para convertirse en parques públicos, a menos que la misma magia negra que dio cuenta del Parque Lo Gallo, los convierta en torres de edificios de departamentos”.

Nos consta, porque conocemos a Larraín, por el cual tenemos una óptima opinión, quien desde hace años está en una meritoria cruzada para recuperar a favor del Estado una serie de terrenos localizados en el sector oriente de la ciudad de Santiago, específicamente las riberas aguas arriba del río Mapocho. Le ha ido mal porque las autoridades de una u otra forma, han privilegiado los intereses de inversionistas que se han  tomado, sí estimado lector, se han apropiado indebidamente de unas cuantas centenas de hectáreas de esos terrenos, con la complicidad inicial  -año 1944- de las autoridades municipales de Las Condes.

Este correcto empresario, quien tiene documentado, a través de los años, todas las trampas que él ha detectado, lo que se aprecia en link tuvo que recurrir recientemente al Consejo para la Transparencia para que se le entregaran ciertos actos públicos asociados a las pérdidas de las áreas verdes que él está interesado en recuperar para la ciudad de Santiago y así fue como el Consejo Directivo de ese servicio del Estado, en susesión ordinaria N° 931, celebrada el 2 de octubre de 2018, emitió una resolución sobre la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública, rol C 3607-18, del anterior.

 Larraín había deducido el amparo en contra de la Municipalidad de Vitacura porque había recibido una respuesta incompleta de Vitacura a su pregunta“por qué pasan las décadas y no se inscribe a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales todos los bordes del Río Mapocho, reclamando también porque no se recupera el parque Agua del Palo”.

 El Consejo para la Transparencia le respondió que, después de haber analizado la situación a la luz de la posición esgrimida por Vitacura, municipalidad que decía que no le correspondía inscribir los terrenos, desestimó la alegación pues el caso no tenía relación con el derecho que tenemos los ciudadanos de a pie para disponer de información pública que nos interesa. Ante este traspié estamos seguros que Larraín continuará bregando para evitar, al menos, que se sigan perdiendo las riberas áreas verdes públicas de otras comunas localizadas más al poniente, que, como está dicho, conforman la cuenca del río Mapocho.

Por último instamos a los arquitectos, ingenieros agrónomos, geógrafos, profesores universitarios y todos aquellos que se relacionan con el urbanismo que lean con detenimiento el link que se aprecia más arriba. La idea de esta columna es sensibilizar, aunque ello es muy difícil, a los que toman las decisiones políticas en el ámbito de las ciudades en orden a que empiecen a ponerse serios antes que sea demasiado tarde. Sería muy necesario que el ministro de Vivienda y Urbanismo y las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados y el Senado inviten al empresario Hernán Larraín Chaux para que les diga todo lo que él sabe y así no se vuelvan a repetir las prácticas impropias reseñadas.