Este miércoles el caso Luchsinger- Mackay verá su último episodio en la Corte Suprema. Después de casi un mes de postergación, que estuvo cruzada por la acusación constitucional que pesó sobre sus ministros, la Segunda Sala Penal dará a conocer el fallo sobre el recurso de nulidad que presentó la defensa de los tres condenados: Luis Tralcal Quidel, José Tralcal Coche y José Peralino Huinca.

Pero a pesar de los esfuerzos de los abogados por presentar la mayor cantidad de antecedentes que pudiesen probar las irregularidades del segundo juicio oral de este caso,la instancia presidida por el ministro Hugo Dolmestch no tuvo a mano toda la información del caso durante los alegatos de las partes, iniciados el pasado 21 de agosto.

El sábado 13 de octubre, tres días después de que se conozca el resultado del fallo del máximo tribunal, se liberará la notificación hecha al Estado de Chile por la Organización de Naciones Unidas (ONU) respecto de la imparcialidad denunciada por la jueza Ximena Saldivia, en el marco del segundo juicio oral del caso.

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De acuerdo a información conocida por El Desconcierto, tanto la relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas como la de Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, enviaron una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores, el 13 de agosto pasado, manifestando su preocupación por la situación de acoso laboral y presiones indebidas denunciada por la jueza. A la vez, hicieron un llamado a revisar la posible transgresión de los derechos fundamentales tanto de la magistrada como de los comuneros involucrados en el proceso judicial.

A diferencia de las sugerencias que emitió el Comité contra la Tortura de la ONU en cuanto a la violencia policial y los testimonios entregados bajo tortura, donde los abogados situaron el caso del delator compensado José Peralino Huinca, la información recopilada por ambas relatorías del mismo organismo no estuvo disponible para ser presentada durante los alegatos.

Que esta información se conozca recién en esa fecha significa que quedó fuera de la competencia de la justicia nacional y que solo podría ser utilizada de recurrir ante tribunales internacionales, una vez conocido el fallo de este miércoles. Por asuntos diplomáticos, estos antecedentes son reservados y se hacen públicos sólo 60 días después de notificado al estado comprometido.

Las presiones por parte de los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que denunció José Peralino, que lo habría llevado a declarar en contra de los comuneros hoy condenados y también de quienes resultaron absueltos, se convirtieron en uno de los argumentos fundamentales del recurso de nulidad, al igual que el caso de la jueza Ximena Saldivia.

La denuncia que Saldivia hizo ante la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) poco después de salir del tribunal, reveló las presiones indebidas que recibió por parte del juez presidente de la instancia, Germán Varas Cicarelli. Tiempo después se conoció que, al mismo tiempo en que presidía el juicio Luchsinger Mackay, Varas se encontraba postulando a dos cargos para ascender en el escalafón del Poder Judicial, para pasar de ser juez en una tribunal pequeño como Angol a uno de mayor connotación, como Temuco.

Participantes del juicio aseguran que la postura de Varas fue notoria en permitir licencias a favor de las partes querellantes y ser duro con los defensores. Uno de los querellantes era el gobierno -a través del abogado Luis Hermosilla-, el mismo que decide, a través del Ministerio de Justicia, el ascenso de jueces.

En estas decisiones es donde intervino Saldivia con una postura que reprochaba el actuar de policías y fiscales, quitando de paso la unanimidad que entregaban Varas y la jueza Rocío Pinilla. Con ella fuera de la imagen -por licencia médica apenas días antes de terminado el juicio- la decisión de condenar a los tres comuneros fue unánime, con José y Luis Tralcal, ambos dirigentes de sus comunidades mapuche, sentenciados a cadena perpetua. En la decisión, eso sí, Varas quiso ir más allá, extendiendo la condena a seis de los once acusados.

La información que hasta ahora no ha sido conocida por los abogados defensores de los condenados fue enviada a Cancillería y remitida a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Ad portas del fallo de la Suprema, solo podría ser presentada en una demanda en la justicia internacional contra el Estado por vulneración de derechos fundamentales.

Respecto de la denuncia de la jueza Saldivia por acoso laboral de Germán Varas, la Corte de Apelaciones de Temuco informó a este medio que la investigación interna que iniciaron a raíz de la denuncia continúa abierta.

[caption id="attachment_219823" align="alignnone" width="634"] José Tralcal Coche, José Peralino Huinca y Luis Tralcal Quidel, los tres condenados del caso Luchsinger Mackay / Agencia Uno[/caption]

El futuro del caso

El caso Luchsinger- Mackay se ha reconocido como uno de los más complejos en materia penal desde que ocurrieron los hechos, en 2013.

Hasta la sentencia del TOP de Temuco, de junio pasado, el único condenado era el machi Celestino Córdova, aunque no por delito terrorista sino que por delito incendiario con resultado de muerte.

El testimonio desmentido de José Peralino Huinca dio pie para iniciar una investigación a los comuneros que luego enfrentaron dos juicios orales; el primero fue absolutorio y cuestionó duramente las pruebas presentadas; mientras que el segundo condenó a los tres comuneros antes nombrados.

Hace una semana, El Mercurio publicó que la Segunda Sala de la Suprema decidió confirmar la condena, pero eliminar el delito terrorista. La filtración del supuesto fallo llegó con sorpresa al Poder Judicial, sobretodo faltando más de una semana para conocida la decisión final.

Para los intervinientes del caso, cualquiera sea el resultado no puede no considerarse el contexto de la acusación constitucional contra los mismos jueces que debín deliberar respecto a la nulidad.

De confirmarse el fallo filtrado, las defensas llevarán el caso, incluida la notificación de la ONU, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, proceso que puede terminar con una nueva condena para el Estado de Chile, que ya tuvo una por casos judiciales a comuneros mapuche en 2014. Este camino, eso sí, implica un largo recorrido que puede durar hasta una década. Y con la reducción del delito terrorista, los condenados podrán optar a la libertad condicional en siete años.

Otro elemento a considerar es el extremo agotamiento que ha conllevado el caso Luchsinger, con dos juicios muy largos y extenuantes. Según comenta un juez de Temuco, más allá de que muchos en el Poder Judicial saben que corresponde anular y así evitar una nueva condena para Chile en las tribunales internacionales, en términos personales nadie quiere que el juicio se repita en La Araucanía, como pasaría si se anula.

Además del agotamiento que han significado los dos juicios orales, el empobrecimiento es otro de los factores que aqueja a los comuneros mapuche que ven mermada la posibilidad de estar en sus comunidades. A estas alturas, señalan los abogados, las evidentes presiones políticas han hecho casi imposible evitar una condena pese a todas las irregularidades que se han denunciado, incluso por una misma jueza que integró el tribunal de Temuco.