Este 11 de Septiembre se cumplieron 45 años del Golpe Militar, y a casi medio siglo de este hecho, el Estado de Chile mantiene una deuda en materia de Verdad, Justicia, Memoria y Reparación hacia las víctimas y familiares de crímenes de lesa humanidad y de violaciones a los Derechos Humanos. El reciente otorgamiento del beneficio de la libertad condicional por parte de la Corte Suprema a ex uniformados acrecienta la herida que representa la impunidad para nuestra frágil democracia. Superar los vacíos que sostienen dicha impunidad y articular una voluntad política y social para ponerle fin, son un imperativo para avanzar como sociedad.

Reivindicamos el derecho del Congreso a hacer uso de una facultad legítima y reconocemos el apoyo que la Acusación Constitucional contra los Ministros de la Corte Suprema ha concitado en las organizaciones de defensa de los derechos humanos para intentar, tras décadas de abandono, detener la impunidad.

No obstante esta Acusación no representa una solución definitiva contra la impunidad y resulta difícil sostener que será un precedente para evitar que futuras sentencias apliquen el mismo estrecho marco legal vigente. Tampoco hay garantía de que los jueces que los reemplacen, en caso de que la acusación curse, hagan algo diferente. Lo que verdaderamente contribuirá a detener la impunidad son leyes que se hagan cargo del vacío dejado por décadas de negligencia política de los gobiernos de la Concertación y la derecha. Para ello no debemos inventar el hilo negro, pues las propias organizaciones de sobrevivientes y familiares han hecho un tremendo esfuerzo por impulsar propuestas que avancen por este propósito frente a gobiernos sordos e indolentes.

Como Izquierda Autónoma manifestamos nuestro irrestricto compromiso con buscar Verdad, Justicia, Reparación, Memoria y no Repetición. En ese sentido, impulsaremos un acuerdo amplio de la oposición en torno a las siguientes acciones:

1. 1.- Legislar para concretar las 5 medidas urgentes que como Frente Amplio hemos definido para enfrentar la deuda en Chile con los DDHH:

                    a) Cierre de Punta Peuco, garantizando que las penas fijadas por la justicia a ex uniformados sean cumplidas en cárceles comunes.

                   b) Impedir beneficios a criminales de lesa humanidad, actualizando la ley que refiere a los requisitos para optar a beneficios. Para ello es imperativo apoyar en ambas salas del Congreso las modificaciones aprobadas por la Comisión Mixta sobre libertades condicionales.

                  c)Proteger la memoria histórica, promoviendo una Ley contra el Negacionismo y empujando políticas de conservación y recuperación de sitios de memoria, lugares que fueron recintos de reclusión, tortura y desaparición de personas y otros que cumplan la función memorial y de educación a la población en las violaciones a los Derechos Humanos del periodo dictatorial.

                d) Fin al secreto de 50 años impuesto a los antecedentes recogidos por la Comisión de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech), así como a toda otra traba al acceso a información del periodo dictatorial, acompañado de la creación de un organismo de sistematización, centralización y archivo de la información sobre las violaciones a los DD.HH

              e) Derogar la Ley de Amnistía, que decrete la nulidad de derecho público del Decreto N°2191 de 1978.

2.- Hacer avanzar proyectos ya presentados y que hoy duermen en el Congreso tales como:

1. 1. a) Proyecto que interpreta los artículos 93 y 103 del código penal y que excluye de beneficios a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

b) Proyectos que adecúan la legislación penal chilena a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y que ratifican la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

1. 3.- Articular a las fuerzas democráticas y exigir al Ejecutivo la presentación de las siguientes iniciativas:

                 a) Ley que amplíe las facultades y financiamiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, actual encargado de seguir los procesos judiciales de búsqueda de detenidos desaparecidos e investigación de ejecuciones políticas. Esta ampliación debe incluir las facultades de querellarse y dar curso a las investigaciones por tortura y prisión política.

              b) Ley que tipifique el delito de violencia política sexual, la cual se ejerció durante la dictadura, y en el presente también, de forma preferente y sistemática hacia mujeres activistas.

           c) Crear por Ley una Comisión Calificadora permanente de víctimas de prisión política y tortura, que revise los miles de casos que fueron excluidos de los procesos previos, de igual forma una Comisión que reciba e investigue en forma permanente denuncias por violaciones a Derechos Humanos en el periodo dictatorial.

Estos son reclamos históricos de las organizaciones de sobrevivientes y familiares de las víctimas de los crímenes del periodo dictatorial. Serán en adelante, independiente del resultado de la acusación, nuestra prioridad para poder combatir la impunidad y llamamos a todas las fuerzas democráticas a sumarse.