Víctor Ancalaf Llaupe es el primer mapuche condenado por la Ley Antiterrorista en Chile. Corría marzo de 2002 y el entonces gobierno de Ricardo Lagos se querelló por tres atentados incendiarios que afectaron a camiones que transportaban materiales de la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en el sector de Alto Biobío. Ancalaf estaba en la calle cuando diez hombres de civil lo rodearon y lo tiraron al piso. Lo golpearon y lo llevaron a una comisaría, donde lo manguerearon con agua fría para borrarle las marcas de sangre. Quedó con dos costillas rotas. Pasó cinco años de su vida en la cárcel de Alta Seguridad El Manzano, en Concepción.

Recién 12 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Chile a anular la sentencia de Víctor y otros siete dirigentes mapuche que enfrentaron causas por Ley Antiterrorista que replicaron la falta de garantías y la discriminación de la justicia hacia el pueblo mapuche.

Nunca un representante del Estado le pidió disculpas por los años que pasó en prisión, por los años que se perdió de la infancia de sus cinco hijos, de lo que tuvo que pasar su esposa a cargo de la familia. Nunca las buscó tampoco.

Víctor Ancalaf es werken, vocero de más de 30 comunidades agrupadas en el Lof Choiñ Lafkenche, en la comuna de Collipulli. Los últimos meses, ha liderado las conversaciones de su gente con el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, en medio de la polémica instalación del "Comando Jungla" y las constantes denuncias de represión de las comunidades. Alejado hace años de la Coordinadora Arauco Malleco y preocupado por el futuro de su gente, dice que su relación con el gobierno es una nueva forma de lucha y que están cansados de esperar la burocracia de la Conadi por la restitución del territorio ancestral.

[caption id="attachment_231178" align="alignnone" width="1024"] / Foto: Fernando Lavoz[/caption]

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Alfredo Moreno, empresario y ex director de empresas Penta, tuvo un rol preponderante en la salida del machi Celestino Córdova a su rewe, después de una extensa huelga de hambre. El ministro fue comandado por Sebastián Piñera a "hacerse cargo" del problema de la violencia en La Araucanía, razón por la que pasa, según él, una semana al mes en el sur del país. Algo inédito para un secretario de Estado en un país tan centralizado como Chile.

Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Araucao Malleco (CAM), reconoció en entrevista con The Clinic que "Moreno fue más allá de los sectores mapuche institucionales que siempre son convocados a dialogar por los gobiernos". Se refería específicamente a "dirigentes que fueron emblemáticos en la recuperación territorial como Víctor Ancalaf, Juan Pichún y Aniceto Norín, gente con trayectoria de lucha".

El domingo pasado, Moreno volvió a remecer el tablero al anunciar una cumbre para hoy miércoles y jueves, donde participará el gobierno, empresarios y la sociedad civil. Un espacio que será "para conocerse" y "poder entender el problema", según dijo el ministro, que contará con la presencia de más de 100 personas.

En realidad la cumbre "3xi" es organizada por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), el Sistema de Empresas B, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y el Centro de Innovación de la Universidad Católica. El desafío, según anunciaron los organizadores, es juntar a los mapuche con las forestales.

La CAM se desmarcó del encuentro, criticando la asistencia de Ancalaf -ex vocero de la organización- y Norín, dos de los dirigentes más emblemáticos que ha tenido el pueblo mapuche en las últimas décadas.

Desde Collipulli, con una línea telefónica que se cae cada tanto, Víctor Ancalaf confirma su asistencia a la cumbre. Dice directamente que "este gobierno está apuntando a una nueva manera ver el conflicto", precisamente por los encuentros que él mismo viene sosteniendo con el ministro Moreno.

"El trabajo que tenemos con el gobierno es en función de políticas de desarrollo de las comunidades y el pueblo mapuche, tiene que ver con un tema de trabajo para nuestra gente, parques de energía eólica renovables, por ejemplo", comenta.

Explica que en las comunidades que representa han llegado a la conclusión de que la restitución de tierras a través de la Conadi es una estrategia fracasada y excesivamente burocrática. Por eso, busca que el gobierno, a través del ministerio de Desarrollo Social, Corfo y con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, financien proyectos de las propias comunidades mapuche. Se trata de "inversiones dirigidas y controladas por las comunidades, grandes inversiones, no estamos hablando de cabañas ni de kioskos de papas fritas".

El transporte es un ejemplo que presenta Ancalaf como posible emprendimiento para las comunidades mapuche, insistiendo en que no se trata de la mirada asistencialista de siempre y que quieren dejar fuera a las empresas, que suelen tildar a las comunidades de agresivas y terroristas "para desvirtuar la causa de nuestro pueblo".

"La idea es que si nosotros tenemos fondos de grandes inversiones, nosotros a los pequeños parceleros, a los fundos, estaríamos en condiciones de comprarlos y traspasarlos a las comunidades. Hay predios de 10 hectáreas, 30 hectáreas, parcelas de 100, que nosotros con recursos podemos comprar", añade.

Por lo mismo, aceptó la invitación al "3xi". El dinero, dice, no tiene corazón y los empresarios se mueven por dinero. Son las comunidades las que han esperado años la ineficacia del Estado a través de la Conadi, lo que no ha dado resultados. "Es una cuestión comercial, si tengo el dinero, yo me puedo  sentar con Taladriz, con la Multigremial, con Angelini, con cualquier agricultor y le compro las tierras".

El werken insiste en que lo que están haciendo es una estrategia política para que los mapuche puedan recuperar sus tierras. "Como dirigentes tenemos el deber de salvaguardar los derechos de nuestra gente. Nosotros no somos un ejército convencional como para luchar frente al Estado chileno, tenemos que buscar aristas que nos den resultados beneficiosos para nuestra gente".

"Con nuestra gestión queremos acelerar el paso, para que los beneficios para las comunidades se vean. No queremos morir en el intento de la lucha y sin logros concretos", finaliza.