La mañana del jueves 7 de junio fue turbulenta en las oficinas de Santiago de Radio Bío Bío, la red informativa nacida en 1966 que hoy por hoy es una de las más grandes y prestigiosas emisoras del país.

Durante esa jornada, y sin previo aviso, fueron despedidos dos trabajadores de la Unidad de Investigación del medio: el editor Sergio Jara y el reportero Juan Pablo Figueroa. Ambos fueron notificados de desvinculación efectiva bajo la razón de "necesidades de la empresa", motivada por los malos resultados que vendría experimentando hace varios meses el medio y como parte de los ajustes que se están implementando para adaptarse a este escenario.

Dicha decisión fue informada por el Sindicato Radio Bío Bío, el cual sacó un comunicado durante el transcurso de esa misma jornada rechazando la medida. "Esta situación nos hace dudar de cuál es el respeto que realmente tiene la empresa hacia el sindicato y, por ende, hacia los derechos de los trabajadores de organizarse", dice el texto publicado en la cuenta de Twitter de la organización.

La salida de Jara y Figueroa no sólo deja en vilo la continuidad del área de reportajes, que estaba integrada también por los periodistas Jorge Molina y Gabriel Álvarez, sino que genera un clima de incertidumbre laboral al interior del medio. Sobre todo, según plantea el presidente del sindicato Narayán Vila, por la forma en que se llevaron a cabo los despidos.

"Los trabajadores entienden la crisis que viven los medios en Chile, que hay factores que escapan incluso a la Radio Bío Bío y que otros medios también pasan por momentos complejos que incluyen despidos. Pero también creemos que antes de ejecutar los despidos, las empresas pueden y tienen la opción de conversar con sus sindicatos de trabajadores para juntos elaborar caminos alternativos a esos despidos, porque evidentemente que esa es la última opción", explica Vila a El Desconcierto.

La tensión entre empleadores y empleados se expande también porque los dos periodistas estaban afiliados al sindicato, completando con ellos cinco despidos de trabajadores sindicalizados desde que se creó esta organización a finales de marzo de este año. Un hecho que ha creado desconfianza del gremio hacia los Mosciatti, el clan de hermanos que dirigen Radio Bío Bío.

[caption id="attachment_109882" align="alignnone" width="1920"] / Tomás Mosciatti, director de Radio Bío Bío[/caption]

Servicios máximos

A mediados de abril, el gerente general Mauro Mosciatti, intentando acogerse a los artículos 359 y siguientes del Código del Trabajo, solicitó al Sindicato de Radio Bío Bío un plan de servicios mínimos en caso de huelga. Esto aduciendo que el medio presta un permanente servicio de utilidad pública en varias ciudades del país.

Incorporados en la Reforma Laboral promulgada bajo el último gobierno de Michelle Bachelet, los llamados servicios mínimos fueron definidos en la legislación como “aquellas funciones, tareas, procesos o áreas de gestión o servicio de una empresa que, sin menoscabar en su esencia el derecho a huelga, conforme al tamaño y características de la empresa, establecimiento o faena, deben ser atendidas durante el desarrollo de una huelga”.

La petición de Mosciatti llegó apenas tres semanas de creado el sindicato, e incluían no sólo la operatividad de las sedes de Santiago y Concepción -las más grandes de la red-, sino también de Valparaíso, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt.

Entre los requisitos, se consideraba imprescindible tres editores (mañana, tarde y noche), un periodista de ejecutivo, legislativo y judicial, dos productores, cinco reporteros, dos móviles matinales y uno vespertino, tres choferes para la unidad móvil, conductores para los programas radiales, radiocontroladores durante todas las horas de transmisión (excepto entre las 0:00 y las 6:00) e incluso una secretaria de recepción y dos personas para labores de aseo.

Narayán Vila asegura que esa petición de servicios mínimos no tiene nada: "al menos en Santiago, esa dotación es el funcionamiento absolutamente normal de un día cualquiera, inclusive considerando programas de magazine".

Ante esta solicitud, el sindicato respondió desestimando que la radiodifusión constituyese un servicio esencial de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o que esté dentro de las hipótesis legales que obligan a proporcionar servicios mínimos en caso de huelga. Del mismo modo, acusaron que en el fondo el objetivo de la propuesta es mantener la continuidad operacional del medio.

"El derecho a la información no es un servicio esencial que ponga en riesgo la vida ni la seguridad de las personas. En Chile la oferta de medios es lo suficientemente extensa como para que si una radio deja de funcionar por alguno de sus trabajadores, la ciudadanía perfectamente se puede informar por otros canales", plantea Vila, quien además revela que a fines de abril el sindicato rechazó su propuesta de servicios mínimos.

Tras ello, la Dirección del Trabajo (DT) se hizo cargo del tema y ambas partes están a la espera del fallo, el cual, si se toman los casos de medios como Mega o El Mercurio, y bajo los argumentos de la organización, debiera ser favorable para los trabajadores. Mientras esperan que se resuelva, el sindicato analiza una negociación colectiva no reglada.

—¿Qué esperan del fallo de la DT?
—Estamos plenamente confiados en que la Dirección del Trabajo nos va a dar la razón. Mientras eso ocurre, nosotros iniciamos un proceso de diálogo con la empresa donde se ha manifestado buena disposición a solucionar varios temas. Sin embargo, nosotros también planteamos una especie de agenda corta con la que estamos allanando el camino para una negociación colectiva. Y aunque el diálogo ha funcionado de manera positiva, es evidente que la incertidumbre está instalada en los trabajadores de Radio Bío Bío.

[caption id="attachment_202731" align="alignnone" width="990"] Foto: RBB[/caption]

El factor Rayén Araya

En febrero de este año, la periodista Rayén Araya, uno de los rostros anclas de la emisora, demandó a Radio Bío Bío por $100 millones luego de denunciar un despido injustificado y hostigamiento laboral tras regresar de su periodo de post natal en diciembre del año pasado.

Una condena por tutela laboral -una de las razones que Rayén Araya esgrime en la demanda- podría significar para la empresa que entre 3 a 5 años Bío Bío no pueda ser contratado como prestadores de servicios para el Estado. Algo que podría afectar considerablemente los ingresos de la radio, puesto que gran parte de estos proviene de avisajes de instituciones públicas.

En efecto, y de acuerdo al estudio Gobiernos Locales y Medios, desarrollado por el Programa de Investigación de Medios de la Universidad Alberto Hurtado, en 2015 Bío Bío Comunicaciones S.A. fue el tercer grupo con mayor parte de la torta publicitaria que se reparte en los municipios a nivel nacional, sólo superada por los holdings Copesa y El Mercurio S.A.P.

La posibilidad de un fallo adverso para los Mosciatti podría explicar de cierta forma la reestructuración interna y la reducción de la Unidad de Investigación. Sin embargo, la audiencia está fijada recién para el 5 de julio y no tendrá resolución hasta varios meses más, por lo que tampoco podría ser atribuible como una razón inmediata.

La misma Rayén Araya cree que su caso no es factor en la reducción del área de reportajes del medio, sino más bien una decisión editorial donde -en el marco de la crisis de los medios- se le resta importancia al periodismo de calidad. En eso concuerda con el sindicato: deberían haber fórmulas para que no sean los trabajadores o los proyectos periodísticos del medio los que asuman los costos de los vaivenes del mercado.

La Unidad de Investigación, creada en agosto de 2016, ha traído prestigio y galardones para la radio. Y tanto Sergio Jara como Juan Pablo Figueroa se destacaron durante su paso por la empresa con reportajes que tuvieron impacto a nivel nacional.

"No tengo claridad si la salida de Sergio y Juan Pablo implica el término del área. Me parece que siempre es lamentable que colegas y amigos estén fuera, sobre todo para un medio de comunicación que está relacionado muy de cerca con la importancia de la información. Si es que esto implica el cierre de su área de investigación, me parece que esto da cuenta de una señal sumamente grave", dice Araya.

—¿Grave en qué sentido?
—La Unidad de Investigación implica una inversión de tiempo y dinero, sí, pero también da cuenta de certezas editoriales. Un reportaje no sale en dos semanas, a veces son tres meses de investigación. Eso requiere que haya detrás una dirección que esté convencida, más allá de los clicks o el rating, de que aquello es editorialmente relevante. Cuando se reduce un área como esta, lo que tenemos al frente es falta de convicción editorial. No es sólo un tema financiero, por lo que tratar de reducir el cierre de un área o un medio sólo a eso en realidad es tratar de ocultar que no hay convencimiento editorial de la importancia que este exista.