Una vez más, y a pesar de un pronunciamiento de Contraloría sobre la materia, el pasado miércoles 23 de mayo la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga decidió volver a celebrar el cumpleaños de su hijo menor, Romeo, en las dependencias del municipio.

Ello consta en las historias de Instagram que ella misma publicó en su cuenta y que la muestran en el edificio municipal junto al niño de 2 años. En los registros se ve a Barriga junto a otros funcionarios, quienes pusieron una corona a Romeo, cantaron cumpleaños feliz junto a una colorida torta y le entregaron una serie de regalos.

https://www.youtube.com/watch?v=7dJLPOvmvyo

https://www.instagram.com/p/BjJZ9R8hl8Z/?taken-by=cathy_barriga

Lo anterior podría pasar como una simple anécdota, pero de acuerdo a la normativa, la alcaldesa de Maipú incurrió en una falta a la probidad, que es lo que establece el artículo 62 de la Ley 18.575 –que regula las bases generales de la administración del Estado– y que prohíbe “emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros” o “ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales”.

No es la primera vez que Barriga pasa a llevar dicha norma, ya que también el año pasado decidió celebrar el primer cumpleaños de su hijo en la sala de reuniones del gabinete del municipio. En esa ocasión contrató a la productora "En La Batidora" -la misma que había hecho su babyshower- para realizar toda una puesta en escena basada en el concepto “granja de animales” y celebrar junto a los más cercanos.

En este caso ningún organismo público se ha pronunciado aún al respecto, pero el hecho es similar al episodio que protagonizó en 2013 la entonces alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, quien permitió que uno de sus sobrinos realizará una recepción por su matrimonio civil en las dependencias del Palacio Falabella. Lo anterior desató polémica entre los concejales -sobre todo UDI y RN- quienes pidieron a la Contraloría que se pronunciara, y el dictamen afirmó que “no ha resultado procedente que aquella autoridad comunal haya facilitado las citadas dependencias para tales efectos”.