Parece que nadie detiene la corrupción en Chile, menos el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, Sus dichos y acciones lo han colocado del lado de los malos. En su cuenta pública, con sorprendente desenfado, ha propuesto una nueva doctrina jurídica. Según su entender, los fiscales deben cuidar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional. Sus decisiones no deben modificar los quorum de votaciones. O sea, Abbott se siente llamado a proteger a los senadores y diputados, más allá de los delitos que cometan.

El Fiscal Regional, Manuel Guerra, siguiendo esta curiosa doctrina jurídica ofreció a Iván Moreira una salida alternativa para evitar una eventual condena, por los delitos tributarios y emisión de boletas falsas cometidos, para financiar su campaña senatorial. A cambio de una multa por $35 millones, el senador de la UDI retorna en gloria y majestad al senado para tranquilidad de los equilibrios de Jorge Abbott.

Como consecuencia de esa decisión, y también por la similar suspensión del procedimiento contra Soquimich, los fiscales Gajardo y Norambuena renunciaron a sus cargos. Destacaron que esas decisiones avalan la impunidad de los delitos de corrupción con un grave daño a la democracia y a la confianza ciudadana. Valientes juristas.

 Con esos antecedentes, y sobre todo cuestionando el lobby que hiciera Abbott antes parlamentarios (entre otros con el senador Larraín), mientras se postulaba al cargo de Fiscal Nacional, el Frente Amplio ha solicitado su destitución del alto cargo que ostenta ante la Corte Suprema.

 Para mayor gravedad, recientemente surgieron antecedentes sobre una nueva reunión de Abbott con Larraín, inmediatamente después del triunfo electoral de Piñera. Se ha reconocido que, en esta oportunidad, se conversó sobre la situación penal del senador Moreira.  Un mes después, el fiscal Guerra le ofrece una salida alternativa. No hay por donde perderse.

Muchos críticos han hablado de desigualdad ante la ley. Políticos y empresarios valen más que los ciudadanos comunes. Existe razón para esa afirmación. Pero hay algo más grave. La generalización de la corrupción , la que se ha convertido en fundamento del sistema económico y del régimen político.

En efecto, en nuestro país, las grandes empresas, articuladas en torno a grupos económicos, no sólo están utilizando los mercados para ampliar sus capitales. A partir de los años noventa, los grupos económicos han establecido vínculos estrechos con la clase política, lo que les permite un mecanismo adicional para aumentar ganancias. De esa manera, han logrado decisiones gubernamentales y leyes en el congreso para potenciar sus negocios. Buenos ejemplos han sido la generosa ley de pesca favorable a siete familias ricas a perpetuidad, así como la concesión del Salar de Atacama al empresario Ponce Lerou.

Los primeros vínculos entre los negocios y la política se hicieron evidentes después del gobierno de Aylwin, cuando se naturaliza la contratación de ex ministros y superintendentes, de instituciones reguladoras, en los directorios de las grandes empresas. Ahora, desde el 2014, se conoció la nueva forma de vinculación: el financiamiento ilegal de parlamentarios, candidatos presidenciales, “fundaciones”, ligadas a organizaciones políticas, partidos políticos e incluso el pago de funcionarios públicos en actividad. Los casos de Penta, Soquimich y las pesqueras son los más emblemáticos.

La exigencia de boletas falsas en el financiamiento de políticos corruptos por parte de las empresas les permite a éstas adicionalmente reducir el pago de impuestos. Los empresarios en Chile no son muy generosos. No usan el maletín; pero, con otros mecanismos, al igual que en el resto de América Latina, la corrupción se ha instalado.

El comportamiento de la Fiscalía ha significado el desprestigio de una nueva institución de la República. Es lamentable. Hace pocos meses, y a propósito de las boletas falsas, el Sistema de Impuestos Internos (SII), inició el camino: también ha sido complaciente con los políticos y empresarios corruptos.

Las boletas falsas, el no pago de impuestos, le habían otorgado al SII un rol determinante en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, el director del SII, Fernando Barraza, decidió no querellarse penalmente contra políticos y empresarios que han falseado boletas. Se olvidó de la ética argumentando que sólo le interesa recaudar. Curioso ya que, en casos de pequeñas empresas, el SII no ha vacilado en presentar querellas. El asunto es otro. Barraza cuida su puesto y le teme los políticos y empresarios poderosos que los financian.

El desprestigio de Impuestos Internos y de la Fiscalía Nacional acompañarán a partir de ahora a la Iglesia, el empresariado y al parlamento. Lamentable.

¡Hay que dejar que las instituciones funcionen!, solía decir el Presidente Lagos. Creo que esa afirmación era un error, que hoy día se ha hecho día evidente. Porque las instituciones funcionan en Chile. Claro que funcionan, pero para favorecer a una minoría. Y, lo más grave, es que ahora se han corrompido. Lo que corresponde es transformar las instituciones para que presten servicio de toda la ciudadanía y simultáneamente iniciar una lucha ciudadana implacable contra los corruptos.